Quinientos mil migrantes, cinco mil millones de dólares... Este es el botín anual de mafias nacionales e internacionales dedicadas al tráfico de indocumentados extranjeros hacia Estados Unidos con paso por México, según reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De acuerdo a los datos del organismo, cada año las organizaciones delictivas se disputan el traslado de medio millón de centroamericanos, sudamericanos y caribeños. Cada uno paga entre cuatro mil y 15 mil dólares.
En promedio: cinco mil millones de dólares en ganancias, dos terceras partes del presupuesto anual para seguridad pública y seguridad nacional del país, que es de 7.5 mil millones de dólares.
En este contexto, la CNDH solicitó al gobierno federal y en específico al Poder Legislativo, impulsar reformas para que el tráfico de personas sea perseguido de oficio, sin intervención del INM y para que se tipifique la participación en este delito de organizaciones del crimen organizado.
Se requiere, señaló, que "el Congreso modifique el marco jurídico aplicable, para romper el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad".
Una de las propuestas de la Comisión es liberar la persecución de este delito, para que deje ser un requisito procedimental en los Ministerios Públicos, la presentación de querellas por parte del INM. "Ello contribuirá a la realización de investigaciones imparciales más efectivas para sancionar la corrupción de agentes (migratorios)".
El reporte indica que las ganancias por esta actividad "son sólo comparables con las del tráfico de armas, la trata de personas y el narco".
Otras de las sugerencias son fortalecer la figura de protección de testigos y víctimas de tráfico y homologarla a la Ley Contra la Trata de Personas, así como incorporar al marco jurídico lo establecido en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, ratificado por México en 2003.
Entre los puntos del Protocolo están la necesidad de tipificar como parte del delito la sola tentativa de comisión y la participación o dirección en el negocio de los grupos de delincuencia organizada, además de considerar como agravante el poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados o someterlos a tratos inhumanos o degradantes.
"La proliferación del tráfico de personas y la condición de extrema vulnerabilidad de los migrantes en México son indicativos de fallas en una política migratoria de Estado clara, y subrayan el rezago de nuestro marco jurídico, construido para una realidad que ha sido rebasada por una mucho más compleja", estableció la CNDH.
De acuerdo a los datos del organismo, cada año las organizaciones delictivas se disputan el traslado de medio millón de centroamericanos, sudamericanos y caribeños. Cada uno paga entre cuatro mil y 15 mil dólares.
En promedio: cinco mil millones de dólares en ganancias, dos terceras partes del presupuesto anual para seguridad pública y seguridad nacional del país, que es de 7.5 mil millones de dólares.
En este contexto, la CNDH solicitó al gobierno federal y en específico al Poder Legislativo, impulsar reformas para que el tráfico de personas sea perseguido de oficio, sin intervención del INM y para que se tipifique la participación en este delito de organizaciones del crimen organizado.
Se requiere, señaló, que "el Congreso modifique el marco jurídico aplicable, para romper el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad".
Una de las propuestas de la Comisión es liberar la persecución de este delito, para que deje ser un requisito procedimental en los Ministerios Públicos, la presentación de querellas por parte del INM. "Ello contribuirá a la realización de investigaciones imparciales más efectivas para sancionar la corrupción de agentes (migratorios)".
El reporte indica que las ganancias por esta actividad "son sólo comparables con las del tráfico de armas, la trata de personas y el narco".
Otras de las sugerencias son fortalecer la figura de protección de testigos y víctimas de tráfico y homologarla a la Ley Contra la Trata de Personas, así como incorporar al marco jurídico lo establecido en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, ratificado por México en 2003.
Entre los puntos del Protocolo están la necesidad de tipificar como parte del delito la sola tentativa de comisión y la participación o dirección en el negocio de los grupos de delincuencia organizada, además de considerar como agravante el poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados o someterlos a tratos inhumanos o degradantes.
"La proliferación del tráfico de personas y la condición de extrema vulnerabilidad de los migrantes en México son indicativos de fallas en una política migratoria de Estado clara, y subrayan el rezago de nuestro marco jurídico, construido para una realidad que ha sido rebasada por una mucho más compleja", estableció la CNDH.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 26 de junio.
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