La discusión sobre la legalización del aborto llegó a Jalisco. La Asociación Mexicanos por la Vida de Todos presentó una iniciativa para reformar la Constitución política de la entidad a fin de proteger “la vida de todo individuo o persona desde la concepción hasta la muerte natural”.
Sin embargo, para distintas ONG dicha propuesta pretende eliminar el derecho a decidir de las jalicienses para interrumpir su embarazo, incluso cuando esté en peligro su vida o hayan sido violadas.
Las organizaciones sociales consideraron que esa iniciativa anula derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la vida, la salud y la integridad.
Incluso, dijeron, pretende reconocerle titularidad de derechos al concebido no nacido, contra lo que establece la Constitución.
Además, busca asignarle un carácter absoluto a tales derechos desconociendo la protección que la Carta Magna otorga a las mujeres.
Para las organizaciones ningún derecho es absoluto, porque al resolver sobre la acción de inconstitucionalidad 10/2000 respecto de la reforma conocida como “Ley Robles”, la SCJN resolvió que la vida en gestación es un bien jurídicamente protegido por la Constitución, pero que en ningún momento podría interpretarse que esto implique el desconocimiento de los derechos de las mujeres, incluyendo la autonomía reproductiva reconocida en el artículo 4° constitucional.
De aprobarse esta iniciativa se estarían contraviniendo las disposiciones internacionales suscritas por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención de Belem do Pará.
Sin embargo, para distintas ONG dicha propuesta pretende eliminar el derecho a decidir de las jalicienses para interrumpir su embarazo, incluso cuando esté en peligro su vida o hayan sido violadas.
Las organizaciones sociales consideraron que esa iniciativa anula derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la vida, la salud y la integridad.
Incluso, dijeron, pretende reconocerle titularidad de derechos al concebido no nacido, contra lo que establece la Constitución.
Además, busca asignarle un carácter absoluto a tales derechos desconociendo la protección que la Carta Magna otorga a las mujeres.
Para las organizaciones ningún derecho es absoluto, porque al resolver sobre la acción de inconstitucionalidad 10/2000 respecto de la reforma conocida como “Ley Robles”, la SCJN resolvió que la vida en gestación es un bien jurídicamente protegido por la Constitución, pero que en ningún momento podría interpretarse que esto implique el desconocimiento de los derechos de las mujeres, incluyendo la autonomía reproductiva reconocida en el artículo 4° constitucional.
De aprobarse esta iniciativa se estarían contraviniendo las disposiciones internacionales suscritas por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención de Belem do Pará.
Eugenia Jiménez, Milenio, 10 de junio.
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