WASHINGTON.- México está abierto a aceptar mecanismos de evaluación sobre derechos humanos dentro de la Iniciativa Mérida -a discusión actualmente en el Congreso de Estados Unidos- en tanto sean diseñados conjuntamente por los dos países, afirmó ayer el Embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán.
En un artículo publicado en una gaceta electrónica distribuida por la delegación de México en esta capital, Sarukhán destaca que la preocupación expresada por legisladores y organismos estadounidenses sobre los derechos humanos es compartida también por México.
"El Gobierno de México está totalmente comprometido a un uso responsable de los recursos y al respeto de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado", dijo el diplomático en la edición de mayo de la gaceta "Mexico Dispatch".
Actualmente bajo negociación entre equipos de ambas Cámaras del Congreso en lo que se conoce como una Conferencia informal, la propuesta de ayuda promovida por el Presidente George W. Bush está en su última fase de debate.
Luego de que Bush presentará en 2007 una solicitud inicial por 500 millones de dólares, la Cámara Baja aprobó solamente 400 millones, mientras que el Senado redujo el monto a 350 millones.
Preocupado por la situación de los derechos humanos en México, el Senador demócrata Patrick Leahy impuso 6 duros condicionamientos en derechos humanos que han sido rechazados tanto por México como el Presidente Bush por involucrar cambios a leyes mexicanas.
"(La) preocupación que algunos tienen como resultado de la corrupción y los abusos de derechos humanos es una que la Administración Calderón comparte", rebate el artículo titulado "La Iniciativa Mérida: De los señalamientos a la responsabilidad compartida".
"Precisamente por esa razón la Iniciativa Mérida ataca estos asuntos por medio de medidas como entrenamiento riguroso y procesos de revisiones a funcionarios de las fuerzas de la ley y fortaleciendo las capacidades de vigilancia de la sociedad civil", comentó Sarukhán sobre parte del contenido del paquete.
Según el borrador presentado por el Departamento de Estado al Congreso, EU destinaría 1.5 millones para entrenar en derechos humanos a policías y fiscales, un millón para grupos de la sociedad civil y un millón para escuelas de derecho.
En un artículo publicado en una gaceta electrónica distribuida por la delegación de México en esta capital, Sarukhán destaca que la preocupación expresada por legisladores y organismos estadounidenses sobre los derechos humanos es compartida también por México.
"El Gobierno de México está totalmente comprometido a un uso responsable de los recursos y al respeto de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado", dijo el diplomático en la edición de mayo de la gaceta "Mexico Dispatch".
Actualmente bajo negociación entre equipos de ambas Cámaras del Congreso en lo que se conoce como una Conferencia informal, la propuesta de ayuda promovida por el Presidente George W. Bush está en su última fase de debate.
Luego de que Bush presentará en 2007 una solicitud inicial por 500 millones de dólares, la Cámara Baja aprobó solamente 400 millones, mientras que el Senado redujo el monto a 350 millones.
Preocupado por la situación de los derechos humanos en México, el Senador demócrata Patrick Leahy impuso 6 duros condicionamientos en derechos humanos que han sido rechazados tanto por México como el Presidente Bush por involucrar cambios a leyes mexicanas.
"(La) preocupación que algunos tienen como resultado de la corrupción y los abusos de derechos humanos es una que la Administración Calderón comparte", rebate el artículo titulado "La Iniciativa Mérida: De los señalamientos a la responsabilidad compartida".
"Precisamente por esa razón la Iniciativa Mérida ataca estos asuntos por medio de medidas como entrenamiento riguroso y procesos de revisiones a funcionarios de las fuerzas de la ley y fortaleciendo las capacidades de vigilancia de la sociedad civil", comentó Sarukhán sobre parte del contenido del paquete.
Según el borrador presentado por el Departamento de Estado al Congreso, EU destinaría 1.5 millones para entrenar en derechos humanos a policías y fiscales, un millón para grupos de la sociedad civil y un millón para escuelas de derecho.
José Díaz Briseño, corresponsal, Reforma, 7 de junio.
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