El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, advirtió del riesgo de que el sistema de gobierno convierta a los derechos humanos en un indicador que se apropie del concepto, más no de su ejercicio, “justamente para hacerlo inútil, para vaciarlo de contenido”.
Coincidió con el ex representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, al llamar también a las organizaciones de la sociedad civil a seguir luchando para evitar lo que llamó “la administración de la derrota”, donde se crean instituciones y otras instancias, en un país donde sin embargo persiste la tortura.
“Derechos humanos es algo más que organismos públicos. Cuando se habla de estos se piensa en las comisiones, lo que en mi opinión es un error, porque los primeros responsables de la defensa y promoción de los derechos humanos deben ser los servidores públicos y las comisiones son un mecanismos de control ciudadano de la gestión, no al revés”, advirtió.
El presidente de la CDHDF destacó que ocho de los 33 organismos estatales de defensa de los derechos humanos son organismos descentralizados por mandato constitucional estatal, en vez de autónomos, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene esa calidad desde hace 10 años.
“Todavía hay cuatro casos donde los gobernadores tienen una participación de primer orden. Y si no es con los titulares es con los integrantes de sus consejos o con miembros de primer nivel de su cuerpo directivo”.
Lamentó que “a diferencia de la institucionalidad electoral, la de los derechos humanos, que más o menos viene del mismo momento, tiene un retraso increíble en todas las entidades”.
Coincidió con el ex representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, al llamar también a las organizaciones de la sociedad civil a seguir luchando para evitar lo que llamó “la administración de la derrota”, donde se crean instituciones y otras instancias, en un país donde sin embargo persiste la tortura.
“Derechos humanos es algo más que organismos públicos. Cuando se habla de estos se piensa en las comisiones, lo que en mi opinión es un error, porque los primeros responsables de la defensa y promoción de los derechos humanos deben ser los servidores públicos y las comisiones son un mecanismos de control ciudadano de la gestión, no al revés”, advirtió.
El presidente de la CDHDF destacó que ocho de los 33 organismos estatales de defensa de los derechos humanos son organismos descentralizados por mandato constitucional estatal, en vez de autónomos, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene esa calidad desde hace 10 años.
“Todavía hay cuatro casos donde los gobernadores tienen una participación de primer orden. Y si no es con los titulares es con los integrantes de sus consejos o con miembros de primer nivel de su cuerpo directivo”.
Lamentó que “a diferencia de la institucionalidad electoral, la de los derechos humanos, que más o menos viene del mismo momento, tiene un retraso increíble en todas las entidades”.
Valeria Berumen, Milenio, 2 de junio.
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