La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó ayer a tres años y medio de prisión domiciliaria a la ex congresista Yidis Medina por el delito de cohecho propio, en la votación de una reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Alvaro Uribe. El máximo tribunal de la justicia colombiana ya había dictado sentencia condenatoria contra la ex representante a la Cámara del Congreso, el 5 de junio.
La Corte basó la condena en el argumento de que Medina, “ostentando un cargo de elección popular, decidió traicionar la confianza e interés colectivo a cambio de dádivas, mezquindades envilecedoras de los halagos y las promesas burocráticas”.
La condena máxima para este delito es de ocho años, pero el alto tribunal consideró la colaboración de Yidis Medina en el proceso y el hecho de que es una madre encargada de la manutención de su hogar.
La ex representante oficialista en la Cámara originó una gran controversia hace varios meses al admitir en una entrevista que dádivas ofrecidas por el gobierno la llevaron a apoyar la reforma que el Congreso aprobó en 2004 para permitir la reelección de Uribe, dos años después.
Medina, que milita en el Partido Conservador, no era partidaria de la enmienda, pero con su voto afirmativo el proyecto fue aprobado en una reñida votación en un comité parlamentario al cual pertenecía. Según Medina, en el plan también participó el ex congresista oficialista Teodolindo Avendaño, arrestado hace algunas semanas por este caso, quien se ausentó de la votación para permitir que el apoyo a la reforma constitucional fuera mayoritario de ese día.
La ex legisladora, que está recluida en un pabellón especial de la Cárcel Modelo de Bogotá desde el pasado 28 de abril, asegura que detrás del ofrecimiento de cargos públicos para amigos suyos estuvieron los entonces ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, así como el actual ministro de Protección Social, Diego Palacio.
El partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo impulsa una investigación en contra de Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con el argumento de que si hay culpables por recibir prebendas también deben ser castigados quienes las ofrecen.
Uribe ha asegurado que su gobierno no ofreció dádivas y que los funcionarios comprometidos “persuadieron” a los congresistas para respaldar la enmienda, sin incurrir en la “compra de conciencias”.
Pretelt, actual embajador en Italia, acudió ayer a una indagatoria en la Fiscalía General por este caso, tras la cual aseguró que defendió su honra y la del gobierno. La Fiscalía abrió en contra de Medina otro proceso por su presunta participación en un caso de secuestro atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su defensa, Uribe ha hecho énfasis en los supuestos nexos de la ex congresista con el grupo armado y aseguró que ésta chantajeó a su familia en busca de cargos en el sector público para amigos suyos.
En caso de que el órgano investigador dicte una orden de arresto contra Medina por este caso, tendría que salir de su casa para volver a una prisión, según juristas.
De otra parte, la Fiscalía General de Colombia llamó ayer a indagatoria a dos generales retirados por el sangriento operativo de recuperación del Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por la entonces guerrilla del M-19, que dejó un centenar de muertos y once desaparecidos.
Correa descarta relaciones
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer que mantendrá rotas indefinidamente las relaciones con Colombia y descartó retomar el diálogo mientras Alvaro Uribe gobierne ese país. “Ustedes posponen el restablecimiento de relaciones bilaterales, nosotros las cancelamos indefinidamente hasta que haya un gobierno decente con el cual tratar”, afirmó el mandatario en un duro discurso pronunciado en el puerto pesquero de Manta (suroeste). Dirigiéndose a Uribe, Correa aseguró que “Ecuador no acepta” que Bogotá haya pospuesto la reanudación del diálogo a nivel de encargados de negocios, y que en consecuencia su gobierno “posterga indefinidamente ese restablecimiento”. Quito rompió relaciones el 3 de marzo con el gobierno de Uribe a raíz de un bombardeo contra un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano.
La Corte basó la condena en el argumento de que Medina, “ostentando un cargo de elección popular, decidió traicionar la confianza e interés colectivo a cambio de dádivas, mezquindades envilecedoras de los halagos y las promesas burocráticas”.
La condena máxima para este delito es de ocho años, pero el alto tribunal consideró la colaboración de Yidis Medina en el proceso y el hecho de que es una madre encargada de la manutención de su hogar.
La ex representante oficialista en la Cámara originó una gran controversia hace varios meses al admitir en una entrevista que dádivas ofrecidas por el gobierno la llevaron a apoyar la reforma que el Congreso aprobó en 2004 para permitir la reelección de Uribe, dos años después.
Medina, que milita en el Partido Conservador, no era partidaria de la enmienda, pero con su voto afirmativo el proyecto fue aprobado en una reñida votación en un comité parlamentario al cual pertenecía. Según Medina, en el plan también participó el ex congresista oficialista Teodolindo Avendaño, arrestado hace algunas semanas por este caso, quien se ausentó de la votación para permitir que el apoyo a la reforma constitucional fuera mayoritario de ese día.
La ex legisladora, que está recluida en un pabellón especial de la Cárcel Modelo de Bogotá desde el pasado 28 de abril, asegura que detrás del ofrecimiento de cargos públicos para amigos suyos estuvieron los entonces ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, así como el actual ministro de Protección Social, Diego Palacio.
El partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo impulsa una investigación en contra de Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con el argumento de que si hay culpables por recibir prebendas también deben ser castigados quienes las ofrecen.
Uribe ha asegurado que su gobierno no ofreció dádivas y que los funcionarios comprometidos “persuadieron” a los congresistas para respaldar la enmienda, sin incurrir en la “compra de conciencias”.
Pretelt, actual embajador en Italia, acudió ayer a una indagatoria en la Fiscalía General por este caso, tras la cual aseguró que defendió su honra y la del gobierno. La Fiscalía abrió en contra de Medina otro proceso por su presunta participación en un caso de secuestro atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su defensa, Uribe ha hecho énfasis en los supuestos nexos de la ex congresista con el grupo armado y aseguró que ésta chantajeó a su familia en busca de cargos en el sector público para amigos suyos.
En caso de que el órgano investigador dicte una orden de arresto contra Medina por este caso, tendría que salir de su casa para volver a una prisión, según juristas.
De otra parte, la Fiscalía General de Colombia llamó ayer a indagatoria a dos generales retirados por el sangriento operativo de recuperación del Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por la entonces guerrilla del M-19, que dejó un centenar de muertos y once desaparecidos.
Correa descarta relaciones
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer que mantendrá rotas indefinidamente las relaciones con Colombia y descartó retomar el diálogo mientras Alvaro Uribe gobierne ese país. “Ustedes posponen el restablecimiento de relaciones bilaterales, nosotros las cancelamos indefinidamente hasta que haya un gobierno decente con el cual tratar”, afirmó el mandatario en un duro discurso pronunciado en el puerto pesquero de Manta (suroeste). Dirigiéndose a Uribe, Correa aseguró que “Ecuador no acepta” que Bogotá haya pospuesto la reanudación del diálogo a nivel de encargados de negocios, y que en consecuencia su gobierno “posterga indefinidamente ese restablecimiento”. Quito rompió relaciones el 3 de marzo con el gobierno de Uribe a raíz de un bombardeo contra un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano.
Agencias en Bogotá, Milenio, 26 de junio.
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