CARACAS.- El Presidente Hugo Chávez derogó ayer la ley del sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia y dejó en manos de la Asamblea Nacional el diseño de una nueva legislación.
"Se deroga la ley para que se haga otra", dijo Chávez durante un encuentro con trabajadores en el palacio presidencial, al formalizar la eliminación de la legislación, conocida también como "ley espía".
Chávez aprobó la iniciativa, apoyado en una ley del Congreso que le confiere facultades legislativas.
La ley de inteligencia y contrainteligencia, vigente desde el 28 de mayo, preveía reorganizar los organismos de seguridad y obligaba a la población a proveer información a las policías secretas para detectar y neutralizar amenazas a la seguridad nacional, incluido cualquier intento de asesinato o conspiración para derrocar al Gobierno.
Asimismo, los venezolanos que se negaran a cooperar con los organismos de inteligencia, actuando como informantes, podrían enfrentar hasta cuatro años de cárcel.
La legislación le otorgaba poderes a las fuerzas de seguridad para recolectar evidencias a través de medios electrónicos, como grabación de llamadas telefónicas, sin necesidad de contar con la orden de un juez.
Chávez señaló que acordó pasar a la Asamblea Nacional, que está integrada en su mayoría por aliados del gobernante, el diseño de una nueva legislación que establecerá los mecanismos para articular los distintos cuerpos de inteligencia que existen en el país.
"Se deroga la ley para que se haga otra", dijo Chávez durante un encuentro con trabajadores en el palacio presidencial, al formalizar la eliminación de la legislación, conocida también como "ley espía".
Chávez aprobó la iniciativa, apoyado en una ley del Congreso que le confiere facultades legislativas.
La ley de inteligencia y contrainteligencia, vigente desde el 28 de mayo, preveía reorganizar los organismos de seguridad y obligaba a la población a proveer información a las policías secretas para detectar y neutralizar amenazas a la seguridad nacional, incluido cualquier intento de asesinato o conspiración para derrocar al Gobierno.
Asimismo, los venezolanos que se negaran a cooperar con los organismos de inteligencia, actuando como informantes, podrían enfrentar hasta cuatro años de cárcel.
La legislación le otorgaba poderes a las fuerzas de seguridad para recolectar evidencias a través de medios electrónicos, como grabación de llamadas telefónicas, sin necesidad de contar con la orden de un juez.
Chávez señaló que acordó pasar a la Asamblea Nacional, que está integrada en su mayoría por aliados del gobernante, el diseño de una nueva legislación que establecerá los mecanismos para articular los distintos cuerpos de inteligencia que existen en el país.
AP, Reforma, 11 de junio.
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