El Senado de Estados Unidos aprobó anoche una ayuda de 400 millones de dólares para el combate al tráfico de drogas en México, inscrita en la llamada Iniciativa Mérida.
Con 92 votos en favor y seis en contra, el Senado completó así un largo trámite que se inició en marzo de 2007, cuando los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y México, Felipe Calderón, acordaron ese mecanismo bilateral. Ahora sólo resta la promulgación presidencial.
El pasado 22 de mayo, el Senado había aprobado una primera versión del paquete proveniente de la Cámara de Representantes, pero redujo de 400 millones a 350 millones de dólares los recursos a asignar, y condicionó la entrega de 25 por ciento del dinero a una serie de reformas legales, como llevar ante tribunales civiles a militares acusados de abusar contra garantías básicas de la población y crear un comité de la sociedad civil que vigile el respeto a los derechos humanos en la aplicación de la estrategia.
Las condicionantes causaron protestas de los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. El primero calificó los candados de inaceptables y la segunda pidió una relación en condiciones de igualdad y no de supeditación.
El proyecto final aprobado modificó las cláusulas de la versión senatorial original que fueron declaradas “inaceptables” por México. No obstante, los senadores mantuvieron el requisito de que la secretaria de Estado reporte mejoras en el sistema judicial mexicano, pero “en concordancia” con las leyes mexicanas.
Los fondos avalados recortó 50 millones a los 450 millones dólares pedidos por Bush para México. La Casa Blanca manifestó su disconformidad con la reducción.
“No es totalmente la financiación que el presidente solicitó. Por lo tanto, no está satisfecho”, declaró Dana Perino, portavoz de la Casa Blanca.
De los fondos aprobados, unos 73 millones de dólares deben ser usados para reformas judiciales, consolidación de instituciones y actividades anticorrupción. Ninguna porción de los recursos estadunidenses será en efectivo.
Un 15 por ciento de los recursos quedarán condicionados a que la secretaria de Estado reporte que el gobierno mexicano ha “mejorado la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales” a través del establecimiento de “comisiones de quejas policiales con autoridad e independencia”.
La secretaria de Estado debe además reportar sobre la creación de un mecanismo de consultas con México y organizaciones de derechos humanos para hacer recomendaciones sobre la implantación de la iniciativa “en concordancia con las leyes mexicanas e internacionales”.
También debe determinar que los fiscales civiles y las autoridades judiciales indagan, en concordancia con las leyes mexicanas e internacionales, a policías o militares acusados de violar los derechos humanos.
Finalmente pide de la secretaria de Estado determinar sobre el uso de la tortura para la obtención de testimonios judiciales.
“Estoy muy contento de que el Senado haya aprobado esta noche la Iniciativa Mérida”, se congratuló el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid.
“La versión aprobada por el Senado es la misma que la adoptada anteriormente por la Cámara de Representantes, por lo que la ley va directamente a la mesa del presidente Bush para que la firme”, añadió un funcionario del Senado.
Con 92 votos en favor y seis en contra, el Senado completó así un largo trámite que se inició en marzo de 2007, cuando los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y México, Felipe Calderón, acordaron ese mecanismo bilateral. Ahora sólo resta la promulgación presidencial.
El pasado 22 de mayo, el Senado había aprobado una primera versión del paquete proveniente de la Cámara de Representantes, pero redujo de 400 millones a 350 millones de dólares los recursos a asignar, y condicionó la entrega de 25 por ciento del dinero a una serie de reformas legales, como llevar ante tribunales civiles a militares acusados de abusar contra garantías básicas de la población y crear un comité de la sociedad civil que vigile el respeto a los derechos humanos en la aplicación de la estrategia.
Las condicionantes causaron protestas de los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. El primero calificó los candados de inaceptables y la segunda pidió una relación en condiciones de igualdad y no de supeditación.
El proyecto final aprobado modificó las cláusulas de la versión senatorial original que fueron declaradas “inaceptables” por México. No obstante, los senadores mantuvieron el requisito de que la secretaria de Estado reporte mejoras en el sistema judicial mexicano, pero “en concordancia” con las leyes mexicanas.
Los fondos avalados recortó 50 millones a los 450 millones dólares pedidos por Bush para México. La Casa Blanca manifestó su disconformidad con la reducción.
“No es totalmente la financiación que el presidente solicitó. Por lo tanto, no está satisfecho”, declaró Dana Perino, portavoz de la Casa Blanca.
De los fondos aprobados, unos 73 millones de dólares deben ser usados para reformas judiciales, consolidación de instituciones y actividades anticorrupción. Ninguna porción de los recursos estadunidenses será en efectivo.
Un 15 por ciento de los recursos quedarán condicionados a que la secretaria de Estado reporte que el gobierno mexicano ha “mejorado la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales” a través del establecimiento de “comisiones de quejas policiales con autoridad e independencia”.
La secretaria de Estado debe además reportar sobre la creación de un mecanismo de consultas con México y organizaciones de derechos humanos para hacer recomendaciones sobre la implantación de la iniciativa “en concordancia con las leyes mexicanas e internacionales”.
También debe determinar que los fiscales civiles y las autoridades judiciales indagan, en concordancia con las leyes mexicanas e internacionales, a policías o militares acusados de violar los derechos humanos.
Finalmente pide de la secretaria de Estado determinar sobre el uso de la tortura para la obtención de testimonios judiciales.
“Estoy muy contento de que el Senado haya aprobado esta noche la Iniciativa Mérida”, se congratuló el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid.
“La versión aprobada por el Senado es la misma que la adoptada anteriormente por la Cámara de Representantes, por lo que la ley va directamente a la mesa del presidente Bush para que la firme”, añadió un funcionario del Senado.
Corresponsales en Washington, Milenio, 27 de junio.
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