Ayer, antes de firmar el decreto que modifica 10 artículos de la Constitución, el mandatario recordó que “otras atribuciones de la reforma fueron ampliamente discutidas y algunas de ellas finalmente negadas”, porque prevaleció la preocupación de los legisladores por las garantías ciudadanos.
Sostuvo que esa inquietud es compartida por la sociedad y el gobierno, e indicó que la lucha que se libra contra la delincuencia “no es caprichosa”, sino una responsabilidad colectiva en defensa de nuestro propio pueblo.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, dijo al jefe del Ejecutivo que la tarea del combate al crimen organizado “es fundamentalmente suya, señor Presidente, aunque en ese empeño usted nunca estará solo”.
El diputado dijo que el sistema de justicia penal está agotado y se refirió a algunos absurdos: “Quien hurta un paquete de galletas y rompe la envoltura” es acusado de robo con violencia. Otro más: en cárceles del país hay más de 90 mil personas sin sentencia.
En tanto, el senador Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que en el Congreso está pendiente la expedición de una ley que regule al nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de instaurar el servicio civil de carrera en las corporaciones de seguridad.
El legislador dijo que el Senado creará más instrumentos que sirvan a los gobiernos locales y federal para continuar la lucha contra la inseguridad, incluida la profesionalización de policías.
Lorena López, Milenio, 18 de junio.
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