El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, señaló que a una semana de vencer el plazo para que los empresarios puedan alegar en una audiencia pública a su favor, respecto a la Reforma Electoral la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no los ha convocado, con lo que se les estaría denegando la justicia solicitada.
Por ello, dijo, el pleno del CCE pidió al el máximo tribunal resolver los amparos contra la mencionada reforma, ya que de lo contrario “se pondría en riesgo el avance democrático del país, al permitirse `la mordaza´ en la materia.
Recordó que por ley no se pueden hacer cambios en materia electoral un año antes de los comicios, “es decir, de no darse un fallo antes del próximo 1 de julio se estaría denegando la justicia solicitada para los próximos periodos de elección”, y preocupa que en el pleno de la Corte aún no se haya presentado el proyecto sobre los más de 70 amparos interpuestos.
Paredes Arroyo mencionó que existe un amplio consenso en la sociedad que considera que “la reciente reforma constitucional en materia electoral constituye una mordaza, para que la ciudadanía pueda expresarse y manifestarse libremente sobre los partidos políticos y sus candidatos, lo que generaría un monopolio en favor de la clase política”, por lo que, recordó, el CCE y los organismos que agrupa procedieron a presentaron una serie de demandas de amparo.
Sin embargo, a la fecha no se ha presentado en el Pleno de la Corte el proyecto para resolver el asunto, lo que, insistió preocupa al sector empresarial, por lo que el exhorto es a que la SCJN conozca el fondo de sus demandas “de forma particular y separada de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos”.
Se trata, abundó, de medios legales de naturaleza totalmente distinta; de las demandas de amparo promovidas por grupos de intelectuales y organizaciones sociales, por tener características especiales y propias, así como que resuelva la procedencia del ejercicio de las facultades de atracción por ser un asunto de evidente interés nacional.
Asimismo, manifestó la confianza del CCE en que la SCJN resuelva los amparos interpuestos en apego al Estado de Derecho y vigile por el respeto al ejercicio de las libertades políticas, el derecho de expresión y el de asociación que la Constitución otorga a todos los ciudadanos y a todas la organizaciones de la sociedad civil mexicana.
Por ello, dijo, el pleno del CCE pidió al el máximo tribunal resolver los amparos contra la mencionada reforma, ya que de lo contrario “se pondría en riesgo el avance democrático del país, al permitirse `la mordaza´ en la materia.
Recordó que por ley no se pueden hacer cambios en materia electoral un año antes de los comicios, “es decir, de no darse un fallo antes del próximo 1 de julio se estaría denegando la justicia solicitada para los próximos periodos de elección”, y preocupa que en el pleno de la Corte aún no se haya presentado el proyecto sobre los más de 70 amparos interpuestos.
Paredes Arroyo mencionó que existe un amplio consenso en la sociedad que considera que “la reciente reforma constitucional en materia electoral constituye una mordaza, para que la ciudadanía pueda expresarse y manifestarse libremente sobre los partidos políticos y sus candidatos, lo que generaría un monopolio en favor de la clase política”, por lo que, recordó, el CCE y los organismos que agrupa procedieron a presentaron una serie de demandas de amparo.
Sin embargo, a la fecha no se ha presentado en el Pleno de la Corte el proyecto para resolver el asunto, lo que, insistió preocupa al sector empresarial, por lo que el exhorto es a que la SCJN conozca el fondo de sus demandas “de forma particular y separada de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos”.
Se trata, abundó, de medios legales de naturaleza totalmente distinta; de las demandas de amparo promovidas por grupos de intelectuales y organizaciones sociales, por tener características especiales y propias, así como que resuelva la procedencia del ejercicio de las facultades de atracción por ser un asunto de evidente interés nacional.
Asimismo, manifestó la confianza del CCE en que la SCJN resuelva los amparos interpuestos en apego al Estado de Derecho y vigile por el respeto al ejercicio de las libertades políticas, el derecho de expresión y el de asociación que la Constitución otorga a todos los ciudadanos y a todas la organizaciones de la sociedad civil mexicana.
Cecilia Higuera, Crónica, 27 de junio.
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