Ibarra de Piedra comentó, en conferencia de prensa, que dicha acción jurídica deben interponerla al menos 167 diputados, quienes tienen hasta el 18 de julio para llevar a cabo dicho procedimiento. La citada acción, explicó, “tendrá la particularidad de denunciar una reforma constitucional aprobada por mayorías legislativas autoritarias contra el espíritu y núcleo central del contenido de la Constitución en derechos humanos”.
Recordó que dicha ley se aprobó en diciembre de 2007 y el 28 de mayo de este año el Senado hizo la declaratoria de que la mayoría de los congresos locales habían aprobado la reforma en justicia penal y por ello la semana anterior se publicó en el Diario Oficial.
La aprobación y promulgación de esta reforma “vulnera y limita derechos para favorecer un régimen autoritario y policiaco. Es un paso que acompaña el proceso de militarización de la vida social, del incremento de presos políticos, del regreso a la práctica inhumana de la desaparición forzada de las personas y de graves formas de tortura, así como de injustas condiciones carcelarias”, dijo la también presidenta del Comité Eureka.
Agregó que varios defensores y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y el Frente Nacional Contra la Represión lucharon contra la aprobación de la ley Gestapo, pero, a pesar de las protestas y de las movilizaciones de los ciudadanos y algunos legisladores, se aprobó “esa nefasta reforma que pretende elevar a escala constitucional cambios que contradicen derechos y el espíritu de la Constitución en cuanto a derechos humanos, civiles y políticos”.
Con esa ley, mencionó, se eleva a escala constitucional el arraigo, lo que contradice la declarada reivindicación del principio de presunción de inocencia; una definición de delin- cuencia organizada que por su amplitud y laxitud se constituye en la base de criminalización de la protesta y lucha social; la orden de detención por el Ministerio Público sin contar con el mandato del juez, y se crea un régimen especial de excepción, tanto penitenciario como procesal.
Hugo Rosas de León, asesor de la senadora, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que superen atavismos y utilicen criterios más avanzados en la evaluación de los casos que atienden, y solicitó que emitan un acuerdo para que convoquen a audiencias públicas para que diversos sectores de la sociedad emitan sus comentarios respecto a esta ley.
Ibarra de Piedra aseguró que los defensores de derechos humanos continuarán oponiéndose y peleando contra dicha reforma y “el régimen que la impuso, ya que nuevamente nos encontramos entre una legalidad autoritaria y una legitimidad democrática”.
Matilde Pérez, La Jornada, 27 de junio.
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