Un grupo de abogados, pertenecientes al bufete Tierra y Libertad, entregó en las embajadas de Francia, Italia, Dinamarca y Alemania una carta donde solicitan a los respectivos gobiernos, miembros de la Unión Europea, que recomienden al gobierno mexicano de Felipe Calderón el “respeto a la ley” y que deje de agredir y hostigar con el Ejército federal a las comunidades zapatistas de Chiapas.
El documento, elaborado y suscrito por Humberto Oseguera, Santos García, Samuel Porras y Bárbara Zamora, entre otros, explica a los representantes diplomáticos que el 11 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por el Congreso de la Unión, y que ésta tiene por objeto “asegurar la paz justa, digna y duradera en Chiapas, dentro del pleno respeto al estado de derecho; atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensuadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico a través de las vías institucionales; propiciar que los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos”.
A pesar de que la ley sigue vigente, sostienen los especialistas, el gobierno mexicano no cumple con ella; “por el contrario, la está violando sistemáticamente, realizando actos militares de hostigamiento e intimidación en las comunidades indígenas consideradas bases de apoyo del EZLN”.
Estos actos “implican la violación a la Constitución federal y a los instrumentos internacionales de derechos humanos”. De manera específica, la carta se refiere a lo ocurrido el pasado 4 de junio cuando, sin orden judicial, “un numeroso grupo de militares y policías ingresaron de forma arbitraria, amenazante y agresiva a la comunidad de La Garrucha”. Con “el pretexto de buscar sembradíos de mariguana”, causaron “terror” en la población y dijeron que “regresarían en 15 días”. Ello implica “un estado de tensión y presión sicológica muy fuerte para niños, mujeres y adultos que integran la comunidad y se dedican al trabajo lícito”.
El bufete Tierra y Libertad señala: “La Carta Magna establece expresamente que la investigación y persecución de los delitos está reservada a la autoridad civil, tanto del fuero común como federal, por lo que la presencia de los militares viola los artículos 21, 102 y 129 de la Constitución federal, así como los artículos 3 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan a todo individuo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, así como no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su domicilio”.
Al considerar “que el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales es de interés general”, los abogados pidieron a los gobiernos europeos que soliciten al mexicano cumplir y respetar los derechos humanos “de todos los integrantes de estas comunidades indígenas”. Declararon además que esperan la respuesta de estos gobiernos.
El documento, elaborado y suscrito por Humberto Oseguera, Santos García, Samuel Porras y Bárbara Zamora, entre otros, explica a los representantes diplomáticos que el 11 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por el Congreso de la Unión, y que ésta tiene por objeto “asegurar la paz justa, digna y duradera en Chiapas, dentro del pleno respeto al estado de derecho; atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensuadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico a través de las vías institucionales; propiciar que los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos”.
A pesar de que la ley sigue vigente, sostienen los especialistas, el gobierno mexicano no cumple con ella; “por el contrario, la está violando sistemáticamente, realizando actos militares de hostigamiento e intimidación en las comunidades indígenas consideradas bases de apoyo del EZLN”.
Estos actos “implican la violación a la Constitución federal y a los instrumentos internacionales de derechos humanos”. De manera específica, la carta se refiere a lo ocurrido el pasado 4 de junio cuando, sin orden judicial, “un numeroso grupo de militares y policías ingresaron de forma arbitraria, amenazante y agresiva a la comunidad de La Garrucha”. Con “el pretexto de buscar sembradíos de mariguana”, causaron “terror” en la población y dijeron que “regresarían en 15 días”. Ello implica “un estado de tensión y presión sicológica muy fuerte para niños, mujeres y adultos que integran la comunidad y se dedican al trabajo lícito”.
El bufete Tierra y Libertad señala: “La Carta Magna establece expresamente que la investigación y persecución de los delitos está reservada a la autoridad civil, tanto del fuero común como federal, por lo que la presencia de los militares viola los artículos 21, 102 y 129 de la Constitución federal, así como los artículos 3 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan a todo individuo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, así como no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su domicilio”.
Al considerar “que el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales es de interés general”, los abogados pidieron a los gobiernos europeos que soliciten al mexicano cumplir y respetar los derechos humanos “de todos los integrantes de estas comunidades indígenas”. Declararon además que esperan la respuesta de estos gobiernos.
Hermann Bellinghausen, La Jornada, 27 de junio.
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