Herrán enfrenta pesquisas por tortura

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— Destituido por el gobernador Juan Sabines Guerrero de la secretaría de Economía del gobierno de entidad, Mariano Herrán Salvatti enfrenta ahora acusaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de 146 indígenas de diferentes etnias, que fueron liberados por el gobierno local.
Sin la protección de fueros legales y al margen de la administración pública, el ex zar antidrogas es investigado por el Ministerio de Justicia del Estado (MJE), debido a presuntas torturas, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.

Al turnar los expedientes el mes pasado, el Congreso local solicitó que, además, se investigue por su probable participación en esos hechos al ex secretario general de Gobierno y actual senador del PRD, Rubén Velásquez López.

El pasado 31 de marzo, el gobierno del estado liberó a 146 indígenas que fueron detenidos y sentenciados durante los gobiernos de Roberto Albores Guillén y Pablo Salazar Mendiguchía, luego de que una comisión plural, conformada por funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organizaciones sociales, comprobaron anomalías en la integración de los expedientes.

La liberación de reos se produjo en el marco de una prolongada huelga de hambre de los internos en los penales El Amate, y los centros de readaptación social de San Cristóbal de Las Casas, playas de Catazajá y de una jornada de movilizaciones de familiares de los reos, y de organismos de derechos humanos.

Ante los hechos, el pasado 25 de abril Herrán Salvatti acudió ante la justicia federal para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra.

El ex titular de la ex Fiscalía General del Estado fue uno de los hombres fuertes y políticos del primer círculo del ex gobernador aliancista Pablo Salazar.

Para el abogado Gabriel Sobrino Velasco, el caso Herrán Salvatti cayó en tortuguismo legal y consideró que el Ministerio de Justicia del Estado debe proceder sin tardanza en contra del ex fiscal y de su ex colaboradores.

Dijo que al comprobarse irregularidades en los 146 expedientes, mismos que permitieron la liberación de los indígenas, se debe acudir al proceso penal, porque la tortura y la privación ilegal de la libertad no necesitan denuncias ni querellas, se persiguen de oficio.

No obstante, el Congreso estatal no llama aún a comparecer a los ex colaboradores del ex fiscal y presuntos implicados, el ex titular de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Relevantes, José Feliciano Espinosa Velasco; el militar Arturo Salgado Cordero, ex coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, y Óscar Moreno Villatoro, ex titular de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Oscar Gutiérrez, El Universal, 7 de junio.



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