Nueva York, 18 de junio. La Organización de Naciones Unidas y diversos países de América Latina rechazaron hoy la denominada Directiva de Retorno aprobada este miércoles por el Europarlamento, y que permite la encarcelación de los migrantes indocumentados hasta año y medio antes de su expulsión.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, sostuvo que “las personas cuyas vidas se ven amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa situación y se les debe dar protección”.
La jurista canadiense estimó que Occidente ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en las garantías civiles y políticos y los económicos y sociales.
Ecuador anunció, en voz de su presidente Rafael Correa, que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la ley, que calificó como una “vergüenza”, y que será estudiada también por el gobierno boliviano, cuyo gobernante, Evo Morales había solicitado previamente que no se aprobara.
Al rechazo a la polémica normativa se sumaron, por separado, los gobiernos de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y Perú, mientras organizaciones no gubernamentales peruanas consideraron la medida como una forma de “criminalizar” a los pobres; la organización humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo la tachó de “salvaje y discriminatoria” y exigió su derogación.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, sostuvo que “las personas cuyas vidas se ven amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa situación y se les debe dar protección”.
La jurista canadiense estimó que Occidente ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en las garantías civiles y políticos y los económicos y sociales.
Ecuador anunció, en voz de su presidente Rafael Correa, que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la ley, que calificó como una “vergüenza”, y que será estudiada también por el gobierno boliviano, cuyo gobernante, Evo Morales había solicitado previamente que no se aprobara.
Al rechazo a la polémica normativa se sumaron, por separado, los gobiernos de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y Perú, mientras organizaciones no gubernamentales peruanas consideraron la medida como una forma de “criminalizar” a los pobres; la organización humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo la tachó de “salvaje y discriminatoria” y exigió su derogación.
PL, DPA y AFP, La Jornada, 19 de junio.
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