El Tratado de Delimitación de la Plataforma Continental tiene severos huecos y lagunas jurídicas que ponen en riesgo el futuro de los pozos transfronterizos de México, por lo que es necesario negociar con Estados Unidos para proteger nuestros intereses, sin que ello signifique concretar acuerdos de explotación conjunta, coincidieron especialistas.
Durante el octavo foro en el Senado, el embajador Alberto Zsékely dijo que “lo que hace falta es iniciar de manera urgente las negociaciones que garanticen la seguridad nacional, sin dilación alguna y con seriedad, sin la participación de políticos que no tienen conocimiento de causa; es decir, buscar acuerdos para los yacimientos que están dentro y fuera del polígono”.
Explicó que el también conocido como Tratado de la Dona, firmado con EU en 2000, le deja las manos libres al vecino, ya que no lo obliga llegar a acuerdos de coordinación sobre explotación en las zonas limítrofes del Golfo de México.
Sostuvo que para solucionar ese problema no es necesario modificar el artículo 27 constitucional, ya que los precursores de la reforma energética están usando el tema de los yacimientos como estrategia para venderla.
Afirmó que un cambio en la Constitución que permita la participación de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, en exploración y explotación de dichos complejos generaría que en un futuro no muy lejano esas acciones se pacten “entre la Shell del lado americano y la Shell por el lado mexicano”.
Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advirtió que una “unitización” entre México y empresas extranjeras para explotar hidrocarburos sería “un grave error”, debido a que un proyecto de esa envergadura implica la asociación de muchas empresas, de operadoras que podrían cruzar la frontera, pues los pozos estarían distribuidos entre dos o tres países; ese tipo de arreglos podría dañar los yacimientos diversificando un gran riesgo.
Advirtió que ante la urgencia del gobierno federal por modificar el esquema energético del país se ha dejado de lado los planteamientos “injustos” del Tratado de la Dona, de los cuales EU ha tomado ventaja, pues se quedaron con el territorio con prometedoras estructuras petrolíferas, en tanto que a México le corresponden las zonas más profundas.
Ese planteamiento es un “grave error que causará la hilaridad en la comunidad petrolera internacional, así que bórrenlo, sáquenlo, eso nos avergüenza, pues perforar ahí significaría perder dinero”.
El embajador Gustavo Iruegas manifestó que ante la prisa del gobierno “espurio” por reformar la Constitución mexicana e incursionar en aguas profundas de la mano de terceros, se corre el riesgo de que sean saqueadas grandes cantidades de hidrocarburos.
Aseguró que las empresas que nos podrían “robar” son las mismas o semejantes a las que Pemex contrataría para la exploración de aguas profundas.
“La prisa consiste en entregar el patrimonio petrolero a la ya agonizante administración de Bush, pues no se trata de salvar los yacimientos, sino de compartir con las extranjeras el petróleo”, aseguró.
Durante el octavo foro en el Senado, el embajador Alberto Zsékely dijo que “lo que hace falta es iniciar de manera urgente las negociaciones que garanticen la seguridad nacional, sin dilación alguna y con seriedad, sin la participación de políticos que no tienen conocimiento de causa; es decir, buscar acuerdos para los yacimientos que están dentro y fuera del polígono”.
Explicó que el también conocido como Tratado de la Dona, firmado con EU en 2000, le deja las manos libres al vecino, ya que no lo obliga llegar a acuerdos de coordinación sobre explotación en las zonas limítrofes del Golfo de México.
Sostuvo que para solucionar ese problema no es necesario modificar el artículo 27 constitucional, ya que los precursores de la reforma energética están usando el tema de los yacimientos como estrategia para venderla.
Afirmó que un cambio en la Constitución que permita la participación de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, en exploración y explotación de dichos complejos generaría que en un futuro no muy lejano esas acciones se pacten “entre la Shell del lado americano y la Shell por el lado mexicano”.
Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advirtió que una “unitización” entre México y empresas extranjeras para explotar hidrocarburos sería “un grave error”, debido a que un proyecto de esa envergadura implica la asociación de muchas empresas, de operadoras que podrían cruzar la frontera, pues los pozos estarían distribuidos entre dos o tres países; ese tipo de arreglos podría dañar los yacimientos diversificando un gran riesgo.
Advirtió que ante la urgencia del gobierno federal por modificar el esquema energético del país se ha dejado de lado los planteamientos “injustos” del Tratado de la Dona, de los cuales EU ha tomado ventaja, pues se quedaron con el territorio con prometedoras estructuras petrolíferas, en tanto que a México le corresponden las zonas más profundas.
Ese planteamiento es un “grave error que causará la hilaridad en la comunidad petrolera internacional, así que bórrenlo, sáquenlo, eso nos avergüenza, pues perforar ahí significaría perder dinero”.
El embajador Gustavo Iruegas manifestó que ante la prisa del gobierno “espurio” por reformar la Constitución mexicana e incursionar en aguas profundas de la mano de terceros, se corre el riesgo de que sean saqueadas grandes cantidades de hidrocarburos.
Aseguró que las empresas que nos podrían “robar” son las mismas o semejantes a las que Pemex contrataría para la exploración de aguas profundas.
“La prisa consiste en entregar el patrimonio petrolero a la ya agonizante administración de Bush, pues no se trata de salvar los yacimientos, sino de compartir con las extranjeras el petróleo”, aseguró.
Nayeli González, Milenio, 6 de junio.
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