Las bandas de polleros nacionales e internacionales se disputan cada año en México el “manejo” de alrededor de 500 mil migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, quienes les representan extraordinarias ganancias, ya que por cada persona suelen cobrar entre cuatro mil y quince mil dólares para trasladarlos a Estados Unidos.
Por eso la CNDH estima conveniente que se incorpore al contexto jurídico lo establecido en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, ratificado por México en 2003. Por ejemplo, tipificar como parte del delito de tráfico de personas la tentativa de comisión de éste y la participación o dirección en las organizaciones criminales, así como que se considere agravante el poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados o someterlos a tratos inhumanos o degradantes.
Esa comisión lamentó los recientes hechos delictivos con motivo del tráfico de personas de nacionalidad cubana. Dice que la proliferación de este delito y la condición de extrema vulnerabilidad de los migrantes, son indicativos de fallas en una política migratoria de Estado clara y pública, y subrayan el rezago de nuestras leyes construidas para una realidad que ha sido rebasada por una mucho más compleja y crítica.
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