La Corte programó para esta semana la resolución de los juicios que promovieron los partidos Convergencia y Nueva Alianza en contra de la reforma electoral que se aprobó el año pasado.
Previo a la discusión de este caso, en el máximo tribunal del país se estima poco probable que la Suprema Corte anule, por primera vez, una reforma a la Constitución. En una decisión inédita, el 28 de abril pasado, la SCJN admitió a revisión las demandas que promovieron los dos partidos y, al mismo tiempo, en un hecho inédito, aceptó revisar una reforma a la Constitución, pero sólo en lo que atañe al proceso que se siguió para aprobar los cambios en materia electoral que se incluyen en la Carta Magna.
En opinión de varios ministros, el proceso legislativo que se siguió para aprobar la reforma no violó lo previsto en la propia Constitución, por lo que de entrada se considera difícil que se reúnan los votos necesarios para anularla.
Los dos partidos impugnaron, entre otras cosas, las prohibiciones que se establecieron para que cualquier partido o persona (en especial los empresarios) contraten propaganda para influir en las preferencias de los ciudadanos, o para favorecer o perjudicar a un partido o candidato.
Ambos partidos coincidieron en que con la reforma electoral se afectan los derechos de los ciudadanos al incluir la exclusividad de los partidos políticos para registrar candidatos a puestos de elección popular.
Previo a la discusión de este caso, en el máximo tribunal del país se estima poco probable que la Suprema Corte anule, por primera vez, una reforma a la Constitución. En una decisión inédita, el 28 de abril pasado, la SCJN admitió a revisión las demandas que promovieron los dos partidos y, al mismo tiempo, en un hecho inédito, aceptó revisar una reforma a la Constitución, pero sólo en lo que atañe al proceso que se siguió para aprobar los cambios en materia electoral que se incluyen en la Carta Magna.
En opinión de varios ministros, el proceso legislativo que se siguió para aprobar la reforma no violó lo previsto en la propia Constitución, por lo que de entrada se considera difícil que se reúnan los votos necesarios para anularla.
Los dos partidos impugnaron, entre otras cosas, las prohibiciones que se establecieron para que cualquier partido o persona (en especial los empresarios) contraten propaganda para influir en las preferencias de los ciudadanos, o para favorecer o perjudicar a un partido o candidato.
Ambos partidos coincidieron en que con la reforma electoral se afectan los derechos de los ciudadanos al incluir la exclusividad de los partidos políticos para registrar candidatos a puestos de elección popular.
Carlos Avilés, El Universal, 23 de junio.
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