Las mujeres aseguradas por el Instituto Nacional de Migración (INM) son vulnerables a acoso sexual y abuso, advirtió ayer un reporte del Migration Policy Institute (MPI), organismo dedicado al análisis del movimiento de personas en todo el mundo, con sede en Washington.
"Las preocupaciones específicas de las mujeres migrantes incluyen el hecho de que algunos guardias de seguridad y médicos son hombres, lo que ha resultado en acusaciones de acoso sexual y abuso.
"Las mujeres tienen problemas médicos específicos que prefieren que atiendan médicos mujeres únicamente", indicó.
Señaló que los procesos administrativos para determinar la deportación frecuentemente carecen de elementos fundamentales, como protección consular y protección de asistencia legal.
Según el MPI, las mujeres representan el 20 por ciento de los migrantes que asegura el INM, y la mayoría son centroamericanas.
De acuerdo con una investigación realizada por el organismo en la estación migratoria de Iztapalapa -en la que se realizaron entrevistas a 90 migrantes- las mujeres centroamericanas permanecen detenidas de 2 a 7 días, mientras que las que vienen de otros países de América Latina pueden pasar entre 2 semanas y 3 meses.
Una de cada cuatro mujeres entrevistadas aseguró haber sido agredida o tratada con violencia por el personal del Instituto a partir de su arribo a la estación migratoria.
"La mayoría de estas mujeres se quejaron de comentarios agresivos y discriminatorios, dos de ellas dijeron que fueron maltratadas".
El 52 por ciento de las migrantes manifestó sentirse enferma durante su estancia en la estación migratoria y el 71 por ciento expresó que no fue informada de sus derechos durante el proceso de detención.
En tanto, el 43 por ciento de las mujeres admitió haber sido víctima de extorsión en el país, principalmente por la Policía de Caminos, Policías Municipales y agentes del INM.
"Las cantidades que las mujeres pagaron para evitar la detención varía entre los US $10 y $100 por incidente. Algunas mujeres fueron extorsionadas entre 5 y 20 veces antes de ser detenidas", destacó el reporte.
El gobierno mexicano, abundó, enfrenta el reto de proveer garantías al debido proceso de los migrantes, así como ayudarlos a regresar a sus comunidades.
"Las preocupaciones específicas de las mujeres migrantes incluyen el hecho de que algunos guardias de seguridad y médicos son hombres, lo que ha resultado en acusaciones de acoso sexual y abuso.
"Las mujeres tienen problemas médicos específicos que prefieren que atiendan médicos mujeres únicamente", indicó.
Señaló que los procesos administrativos para determinar la deportación frecuentemente carecen de elementos fundamentales, como protección consular y protección de asistencia legal.
Según el MPI, las mujeres representan el 20 por ciento de los migrantes que asegura el INM, y la mayoría son centroamericanas.
De acuerdo con una investigación realizada por el organismo en la estación migratoria de Iztapalapa -en la que se realizaron entrevistas a 90 migrantes- las mujeres centroamericanas permanecen detenidas de 2 a 7 días, mientras que las que vienen de otros países de América Latina pueden pasar entre 2 semanas y 3 meses.
Una de cada cuatro mujeres entrevistadas aseguró haber sido agredida o tratada con violencia por el personal del Instituto a partir de su arribo a la estación migratoria.
"La mayoría de estas mujeres se quejaron de comentarios agresivos y discriminatorios, dos de ellas dijeron que fueron maltratadas".
El 52 por ciento de las migrantes manifestó sentirse enferma durante su estancia en la estación migratoria y el 71 por ciento expresó que no fue informada de sus derechos durante el proceso de detención.
En tanto, el 43 por ciento de las mujeres admitió haber sido víctima de extorsión en el país, principalmente por la Policía de Caminos, Policías Municipales y agentes del INM.
"Las cantidades que las mujeres pagaron para evitar la detención varía entre los US $10 y $100 por incidente. Algunas mujeres fueron extorsionadas entre 5 y 20 veces antes de ser detenidas", destacó el reporte.
El gobierno mexicano, abundó, enfrenta el reto de proveer garantías al debido proceso de los migrantes, así como ayudarlos a regresar a sus comunidades.
Silvia Garduño, Reforma, 3 de junio.
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