WASHINGTON.— El protagonista de esta historia de tráfico de personas no es una mujer, como suele ocurrir. Sandro es un mexicano de 32 años que en meses recientes vivió una de esas experiencias difíciles de olvidar: un enganchador lo contactó en un refugio de Tijuana y lo llevó a una casa en Estados Unidos. Le habían dicho que ahí tendría protección, pero fue encadenado a una cama y violado veinte ocasiones. Era sólo el principio de una larga tragedia.
Se trata de una de las historias narradas por el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió ayer sobre el tráfico de personas en México.
El año pasado el caso de la periodista Lydia Cacho fue tomado como ejemplo de valor en el combate a ese lastre social que año con año secuestra las vidas de miles de hombres y mujeres, sólo para mutar en esclavos del siglo XXI.
México ascendió al segundo sitio en la certificación que Estados Unidos hace cada año sobre el tráfico de personas en el mundo.
El año pasado ocupaba el tercer escalón en un orden que ubica a los países en cinco categorías distribuidas en un plano ascendente, de acuerdo con avances reportados y el grado de compromiso del gobierno para enfrentarlo.
“México ha logrado una mejoría ligera y por eso ha sido ascendido en el escalafón”, dijo el embajador Mark P. Lagon, director de la Oficina de Monitoreo y Combate al Tráfico de Personas del Departamento de Estado. El diagnóstico advirtió que México debe comprometerse aún más con el enjuiciamiento y castigo de los traficantes, la asistencia a las víctimas, atacar la corrupción y el involucramiento de funcionarios y policías, y trabajar en la identificación de sectores vulnerables.
De acuerdo con el diagnóstico, Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos principales de miles de mujeres y hombres que en México son víctimas de las bandas de tráfico de personas.
Después de estar un tiempo secuestrado en la primera “casa de seguridad”, Sandro fue llevado a otro lugar. Recuerda que sus captores tenían armas y utilizaron una para obligarlo a ocupar un nuevo refugio en San Diego. Servía como empleado doméstico y con frecuencia, durante el día, era llevado a trabajar en una construcción. La paga era confiscada por los traficantes. Las cosas sólo cambiaron para empeorar: meses después, también a punta de pistola, fue obligado a prostituirse.
El reporte señala que desde 2005 un programa desarrollado por los gobiernos de Estados Unidos y México condujo a nueve operaciones en las que fueron rescatadas 90 víctimas.
Se trata de una de las historias narradas por el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió ayer sobre el tráfico de personas en México.
El año pasado el caso de la periodista Lydia Cacho fue tomado como ejemplo de valor en el combate a ese lastre social que año con año secuestra las vidas de miles de hombres y mujeres, sólo para mutar en esclavos del siglo XXI.
México ascendió al segundo sitio en la certificación que Estados Unidos hace cada año sobre el tráfico de personas en el mundo.
El año pasado ocupaba el tercer escalón en un orden que ubica a los países en cinco categorías distribuidas en un plano ascendente, de acuerdo con avances reportados y el grado de compromiso del gobierno para enfrentarlo.
“México ha logrado una mejoría ligera y por eso ha sido ascendido en el escalafón”, dijo el embajador Mark P. Lagon, director de la Oficina de Monitoreo y Combate al Tráfico de Personas del Departamento de Estado. El diagnóstico advirtió que México debe comprometerse aún más con el enjuiciamiento y castigo de los traficantes, la asistencia a las víctimas, atacar la corrupción y el involucramiento de funcionarios y policías, y trabajar en la identificación de sectores vulnerables.
De acuerdo con el diagnóstico, Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos principales de miles de mujeres y hombres que en México son víctimas de las bandas de tráfico de personas.
Después de estar un tiempo secuestrado en la primera “casa de seguridad”, Sandro fue llevado a otro lugar. Recuerda que sus captores tenían armas y utilizaron una para obligarlo a ocupar un nuevo refugio en San Diego. Servía como empleado doméstico y con frecuencia, durante el día, era llevado a trabajar en una construcción. La paga era confiscada por los traficantes. Las cosas sólo cambiaron para empeorar: meses después, también a punta de pistola, fue obligado a prostituirse.
El reporte señala que desde 2005 un programa desarrollado por los gobiernos de Estados Unidos y México condujo a nueve operaciones en las que fueron rescatadas 90 víctimas.
Wilbert Torre, El Universal, 5 de junio.
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