'Exhibe caso a fuero militar'

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se responsabiliza a elementos del Ejército mexicano del asesinato de los niños Martín y Brayan Almanza Salazar y del encubrimiento del crimen demuestra la urgencia de que México reforme el fuero militar, consideró el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

"No me sorprenden en absoluto los resultados de la investigación de la jurisdicción militar porque para eso ha estado durante décadas, para garantizar la impunidad. La jurisdicción militar no le rinde cuentas a nadie, ni siquiera al gobierno federal, y actúa sobre la base del secreto, con transparencia cero", señaló.

"Lo que ha ocurrido subraya la urgencia de reformar el fuero militar tal como lo ha exigido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excluyendo violaciones a derechos humanos y reservándolo, como lo dispone la Constitución de México".

El especialista indicó en entrevista que a pesar de que el Gobierno de México se ha comprometido a acatar el fallo de la CIDH que lo obliga a modificar el fuero militar -por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla en la década de los 70-, hasta ahora no se ha presentado ningún proyecto concreto.

En esos temas, remarcó, se debe "ver para creer" y se deberán analizar los términos en los que se presenta el proyecto, pues existe el riesgo de que el gobierno no suprima la jurisdicción militar en todos los tipos de violaciones a los derechos humanos, sino solamente en algunos.

Vivanco criticó el que el Presidente Felipe Calderón sostenga que la principal amenaza a los derechos humanos procede del crimen organizado y no reconozca que el Ejército es culpable de muchos abusos.

"Las declaraciones del Presidente Calderón en relación a que son los cárteles los que violan los derechos humanos me parecen lamentables. No son declaraciones propias de un demócrata que cree en los valores universales. Él sabe perfectamente que los narcotraficantes y los criminales cometen crímenes atroces que deben ser castigados y sancionados, pero el Estado y sus agentes no pueden caer en los mismos métodos, en las mismas prácticas que los criminales", señaló.

"Le haría un gran bien a las instituciones democráticas, y sobre todo a la causa de los derechos humanos, que el Presidente modificara su lenguaje, reiterando su compromiso en la lucha contra el crimen, desde luego, pero aclarando que esa lucha no se da con carta blanca y asociada a la impunidad de los militares cuando comenten abusos. Al contrario, que quienes cometen abusos deben ser sancionados".

El director regional de HRW consideró que el ombudsman nacional Raúl Plascencia le ha dado un giro muy saludable a la CNDH, pues ha adoptado una actitud visible y firme respecto al marco jurídico que se debe respetar en la lucha contra las drogas.

Finalmente, indicó que este caso debe llamar la atención del Gobierno de Estados Unidos, quien hace al Ejército mexicano el principal beneficiario de los apoyos de la Iniciativa Mérida.

Silvia Garduño, Reforma, 18 de junio.