Se abre el camino para elevar el desempleo y terminar con la seguridad social: Barrales

La perredista Alejandra Barrales, secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado, manifestó ayer que propondrá a los grupos parlamentarios representados en esa cámara que para analizar la reforma laboral que el presidente Felipe Calderón envió como iniciativa preferente se escuche a funcionarios federales, a empresarios y organizaciones sindicales, ya que tenemos 30 días, y es tiempo suficiente para establecer un diálogo con todos los involucrados.

Barrales aseguró que la iniciativa del Ejecutivo, que fue apoyada en la Cámara de Diputados por PRI y PAN,es una trampa, porque con el argumento de impulsar la transparencia y la democracia al interior de las organizaciones sindicales, se trastocan los derechos de los trabajadores. Con esta reforma se abre el camino para elevar el desempleo y terminar con la seguridad social que siempre ha sido vista como una carga por el gobierno federal.

La senadora advirtió que la aprobación del pago por hora, los contratos a prueba, los despidosexprés y la limitación a un año del pago de salarios caídos son algunos de los temas que no resuelven el grave problema del desempleo que hay en el país.

Abundó que “las nuevas modalidades de contratación, así como la flexibilidad en el despido, afectan de manera directa a los jóvenes, a los recién egresados, que bajo estas figuras no contarán con estabilidad laboral y lo único que genera son trabajadores ‘desechables’, no más fuentes de trabajo”.

Al detallar los cambios a la Ley Federal del Trabajo que se aprobaron en la Cámara de Diputados, la senadora perredista insistió: nos preocupa la propuesta de hacer más ágiles los despidos de los trabajadores; ahora se podrá hacer por correo o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dependiendo de lo que decida el patrón, sin que el trabajador sea enterado de manera directa.

Respecto de la aprobación que hicieron la mayoría de los diputados del PRI y el PAN en materia de salarios caídos, Barrales dijo que la propuesta de pagar hasta 12 meses con el argumento de que los juicios se tornan interminables y un laudo puede acabar con una empresa por la acumulación de salarios, ninguno de estos supuestos es responsabilidad del trabajador.

Por el contrario, destacó, con este tipo de regulación se podrán tardar aún más los juicios, ya que no genera ninguna presión para que el patrón los resuelva, y afectan aún más los derechos laborales individuales. Nos preocupa esa situación y vamos a trabajar todo lo que está de nuestra parte para poder impedirlo. Nos interesa escuchar a las partes.

La senadora reconoció que es necesario reformar el mundo del trabajo, generar empleo, trabajar con esquemas de competitividad y mejorar el salarios de los trabajadores, pero nada de esto propone la iniciativa de Calderón, que ahora debe discutir el Senado.

Víctor Ballinas, La Jornada, 30 de septiembre.