Proponen cambios a reforma electora

La reforma electoral que prohíbe la contratación de espacios en medios electrónicos a particulares para promoción política fue abordada ayer en una de las mesas de la 54 Semana Nacional de Radio y Televisión.

El consenso fue que es necesario ajustarla y/o complementarla para subsanar sus deficiencias y no vulnerar la libertad de expresión.

Álvaro Lozano, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, consideró que dicha reforma está inacabada, pues presenta una confusión entre lo que es publicidad y propaganda.

"Mientras no se distinga publicidad de propaganda continuaremos con resultados lamentables en la resoluciones del Consejo General del IFE y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", expresó.

Ante la cúpula de la CIRT, el subsecretario dijo que existe una omisión legislativa en el tema de la promoción personalizada de los servidores públicos -a través de voces, imágenes o símbolos- pues ésta no se ha reglamentado.

Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, criticó que la reforma tiene un ánimo punitivo y no ataca los problemas de fondo, de modo que debiera enfocarse a reducir el costo creciente de las campañas electorales y garantizar la libertad de expresión.

Los senadores Alejandra Barrales, del PRD, y Javier Lozano, de Acción Nacional, se dijeron dispuestos e interesados en impulsar en la Cámara alta una revisión integral de la reforma electoral
 
"Es parte de lo que tenemos que revisar sobre todo en un pasado proceso electoral donde hubo muchos señalamientos sobre la participación, el papel que jugaron los medios de comunicación en ese proceso electoral", dijo Barrales.

En conferencia conjunta, tras participar en la Semana de la CIRT, Lozano sostuvo que la experiencia de los recientes procesos electorales demostró que la reforma estuvo lejos de cumplir su cometido.

Dijo que el grupo parlamentario del PAN buscará devolverle al sector las libertades que, dijo, se perdieron por esta legislación animada por fobias y desconfianzas generadas a raíz del proceso electoral de 2006.

Antonio Baranda, La Jornada, 8 de noviembre.