Padecen acoso y discriminación dos mujeres otomíes que estuvieron presas

Las otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio –quienes permanecieron presas del 5 de agosto de 2006 al 28 de abril de 2010–, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) las acusó de haber secuestrado, junto con Jacinta Francisco Marcial, a agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, dicen que son objeto de discriminación y señalamientos de incurrir en un delito que no cometieron. Pero no sólo ellas, también la hija de Teresa, de cinco años, quien es hostigada por sus compañeros de la escuela, por haber estado ella en la cárcel.

A cuatro años de haber salido del penal femenil de San José El Alto, y que se demostró que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades, señalan que el daño que les ocasionó la PGR alcanzó a la pequeña Jazmín, quien pregunta: Es cierto que estuvimos en la cárcel, mamá. Qué le voy a contestar a una niña de cinco años, comenta en entrevista Teresa González. La niña nació en el centro penitenciario, y cuando Teresa salió el 28 de abril de 2010, Jazmín tenía más de un año.

Acompañada de Alberta Alcántara, Teresa afirma que las acusaciones de la PGR en su contra afectaron a las familias de ambas, que tuvieron que vender un terreno y un tractor, y pedir préstamos para pagar a los abogados que inicialmente llevaron su caso. Aún están endeudadas.

Por ello, piden la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para que su caso sea revisado; que la PGR ofrezca una disculpa pública y sean indemnizadas económicamente. En qué momento va haber justicia si ellos mismos son los que no quieren reconocer su error, reprocha.

Algunos vecinos le han pedido a Teresa que contienda por un cargo de elección popular por su ahínco al exigir a las autoridades correspondientes que atiendan las necesidades de los indígenas, quienes, señala, sólo reciben promesas, sobre todo cuando se acercan las elecciones.

Recuerda que durante el tiempo que estuvieron recluidas desfilaron legisladores y funcionarios de distintas dependencias, quienes les prometieron apoyos.

Como parte de esos apoyos, en su vivienda, ubicada en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, hay un invernadero para la producción de jitomate.

A cuatro años de haber obtenido su libertad, Alberta y Teresa señalan que regresaron a la misma realidad: la pobreza y falta de trabajo. Las familias tienen que emigrar de su comunidad para poder vender sus artesanías.

Mariana Chávez corresponsal, La Jornada, 9 de junio.