Ofrecen apurar reforma penal

El nuevo sistema de justicia penal estará plenamente implementado en 2016, como lo establece la Constitución, a nivel federal y en las 32 entidades del País, aseguró María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).

"Desde el momento en que el Presidente me dio la posibilidad y me honró con el encargo de cumplir con esta meta del 2016, y con instrucciones directas del Secretario de Gobernación de que no habrá absolutamente ninguna prórroga, yo tengo que trabajar para que esto sea una realidad, y ese es el compromiso que tengo que cumplir", señaló.

La semana pasada, el ministro José Ramón Cossío advirtió que México se dirige a una crisis de Estado debido a que la reforma al sistema de justicia penal, que fue aprobada en junio de 2008, no ha sido implementada en la mayoría de los estados ni a nivel federal, pues sólo restan poco más de tres años para cumplir con el plazo que se estableció.

Fromow, quien asumió la titularidad de la Setec el pasado 15 de enero en sustitución de Felipe Borrego, aseguró que desde ese día trabaja para acelerar el proceso de implementación, primero, a través de un diagnóstico que permita evaluar el grado de avance; segundo, aprovechando las experiencias de los estados que van más adelantados, y tercero, a través de una asignación de recursos más eficiente y transparente.

"Es un trabajo que tenemos que realizar de manera rápida, que lo estamos haciendo ya. Lo iniciamos desde el primer momento que llegué, convocando a todos los estados, y les estamos pidiendo la información completa de dónde ellos ven las oportunidades, dónde ven los riesgos, dónde ven las debilidades, donde pueden ellos generar esta planeación y que requieren de algo en especial por parte de la Federación", indicó.

Fromow señaló que a la fecha son tres estados donde el nuevo sistema de justicia penal opera totalmente: Chihuahua, Morelos y Estado de México; en 10 tiene una operación parcial: Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Baja California.

En tanto que en siete, que son Tlaxcala, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y San Luis Potosí, comenzará aplicarse durante este año, y en Sonora y San Luis Potosí se tiene previsto iniciar su operación en 2014.

El resto de las entidades, indicó en entrevista, van más atrasadas, pues algunas apenas elaboran el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales -Distrito Federal y Colima-; otras lo tienen en discusión en sus congresos -Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Querétaro-, o está pendiente de entrar en vigor -Hidalgo-.

La implementación en estos últimos estados, dijo Fromow, puede darse más rápido que en aquellos que fueron los pioneros, pues ya se cuenta con experiencia de lo que funciona y de los riesgos que se deben cuidar.

"Creemos que la ruta de aprendizaje puede ser, para aquellos estados que están iniciando, mucho menor si tomamos la posibilidad de que los estados que van más avanzados ayuden a los mismos y les compartan sus sistemas tecnológicos, sus sistemas de operación, de gestión, y que incluso la planeación pueda ser mucho más eficaz y más acelerada", indicó.

A nivel federal, agregó, ha sostenido reuniones con las instituciones implicadas: la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y la Secretaría de Enlace Legislativo de Gobernación, para acelerar los trabajos que están en proceso, como son la capacitación y el impulso al Código Federal de Procedimientos Penales.

En el caso de dicho código, recordó, la intención es que sirva de eje para las entidades federativas, ya sea mediante la adopción de un código único, lo que requeriría de una reforma constitucional, o bien, como un modelo de referencia.

Flexibilizan reglas
Las reglas para acceder a los 458 millones de pesos que este año están presupuestados para apoyar la implementación de la reforma de justicia penal fueron modificadas para hacerlas más eficientes y garantizar que los recursos impacten de mejor manera en los beneficiarios, aseguró Fromow.

Estas nuevas disposiciones, indicó la titular de la Setec, contemplan variables como la cantidad de población, el índice delictivo y el avance en la adopción del nuevo modelo de justicia.

"Estamos haciendo algunos cambios para ser mucho más ejecutivos. ¿En qué sentido? En que queremos determinar de acuerdo con una fórmula muy transparente que tiene que ver con población, con incidencia delictiva y con avances en la implementación del sistema, con esa fórmula determinarles a los estados concretamente cuánto les corresponde a cada uno", explicó.

La cantidad que se fija, abundó, es un tope máxima al cual pueden aspirar presentando los proyectos prioritarios que tienen programados para este año.

Los 458 millones de pesos del fondo, que fueron etiquetados por la Cámara de Diputados en la ley del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, reconoció Fromow, son una cantidad pequeña para lo que se requiere, pero se buscará que sea aprovechado de la mejor manera.

"El subsidio, si se divide la cantidad de 458 millones entre las 32 entidades, pues es una cantidad muy pequeña comparada con otros fondos a los que pueden acceder, pero este es un fondo semilla, que lo que trata es impulsar a las entidades a generar el sistema, pero no significa que vaya a cubrir la implementación, es una parte", señaló.

Las nuevas reglas, dijo la funcionaria, ya fueron aprobadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y próximamente serán dadas a conocer, por lo que entre marzo y abril los estados podrán solicitar la entrega de los recursos.

Rolando Herrera, Reforma, 26 de febrero.