Apremia Ministro la reforma penal

El Ministro José Ramón Cossío prendió la alerta ante el peligro que se corre de que el nuevo sistema penal no estará listo a tiempo, luego que la reforma constitucional fue publicada en 2008, lo que puede llevar a mayores niveles de impunidad, o a una contrarreforma con el argumento de que los juicios orales fueron un error por ser contrarios a la tradición jurídica mexicana.

La reforma penal fue publicada en junio de 2008, con un plazo de ocho años para aplicarla, pero a cuatro años y ocho meses el sistema acusatorio aún no opera a nivel federal ni en la mayoría de los Estados, y el Congreso no parece tener en su agenda de prioridades para este periodo de sesiones la aprobación del Código de Procedimientos Penales indispensable para que los cambios se hagan realidad.

"Uno sí echa en falta que muchas de las personas que en su momento promovieron el cambio Constitucional no hayan seguido la agenda de ocuparse de los detalles", lamentó en entrevista Cossío, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano de decisión jurisdiccional en materia penal.

Hasta noviembre pasado, 12 Estados trabajaban con el nuevo sistema de justicia, tres de ellos al 100 por ciento y 9 en fase de implementación, de acuerdo con cifras de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Otras 10 entidades tienen el Código aprobado en sus congresos, pero en ocho entrará en vigor este año, lo que elevaría a 20 el número de Estados que a mediados del 2013 estarán en etapa de implementación de los juicios orales.

El Ministro Cossío advirtió que no parece haber claridad sobre la profundidad que estas modificaciones implican, a su juicio, las más serias para el sistema legal desde el Siglo 19, o sobre el hecho de que la reforma no es meramente judicial, sino sobre todo, una reforma a los métodos de trabajo de las Policías, los agentes del Ministerio Público y los servicios periciales.

"No se ha pensado en cómo vamos a tener una Policía científica", expresó Cossío. "La mayoría de los Estados no cuentan con buenos servicios periciales, de forma tal que sustentar acusaciones sin ese sólido fundamento de servicios periciales es muy inadecuado. Y tampoco veo que los (agentes) del Ministerio Público estén capacitados y se les esté capacitando para que tengan conocimiento en todas estas materias de ciencia".

"Si estos juicios no pueden ser sustentados en acusaciones sólidas, con evidencias sólidas, pues entonces con el amparo y bajo presunción de inocencia vamos a tener que liberar a muchas personas, y el pagano de toda esta fiesta puede ser el Poder Judicial Federal, que en cuatro o cinco años puede estar en una crisis muy seria".

El llamado de Cossío se suma a otros de figuras de la justicia federal que desde hace por lo menos dos años han insistido en concretar la reforma penal.

En diciembre, el Presidente de la Corte, Juan Silva Meza, alertó sobre el tema durante la primera semana de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo, y calificó de "alarmante" la asimetría en la implementación de la reforma, incluso entre Estados donde ya funciona, pero con muy diferentes grados de avance, cobertura territorial y detalles de operación procesal.

Víctor Fuentes, Reforma, 18 de febrero.

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