NUEVA YORK.- La estrategia del Presidente Felipe Calderón de aumentar la participación del Ejército en labores de Policía para combatir el narcotráfico ha extendido los abusos a los derechos humanos por parte de los soldados, denunció ayer la organización Human Rights Watch.
"Durante el último año, soldados mexicanos cometieron abusos atroces mientras participaban en actividades de seguridad pública", destacó el organismo en en informe 2007, en su apartado sobre México, en el que cita casos de violaciones, torturas y ejecuciones por parte de militares.
HRW sostuvo que en mayo de 2007, soldados en Michoacán detuvieron arbitrariamente a 65 personas, a quienes mantuvo incomunicadas, golpearon a varias y violaron a cuatro menores. Un mes después, en Sinaloa, militares dispararon contra una camioneta, provocando la muerte de cinco personas, tres de ellas niños.
"Por razones conocidas y justificadas, el Presidente Calderón puso como su principal interés el promover políticas de seguridad pública, pero hubiéramos querido un mayor énfasis en el tema del respeto a los derechos humanos", dijo en entrevista José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división Américas de Human Rights Watch.
Para Vivanco, resolver el problema de la inseguridad pública requiere una mayor inversión institucional, más allá del entrenamiento y la profesionalización de los agentes, y mejoras salariales.
"Durante el último año, soldados mexicanos cometieron abusos atroces mientras participaban en actividades de seguridad pública", destacó el organismo en en informe 2007, en su apartado sobre México, en el que cita casos de violaciones, torturas y ejecuciones por parte de militares.
HRW sostuvo que en mayo de 2007, soldados en Michoacán detuvieron arbitrariamente a 65 personas, a quienes mantuvo incomunicadas, golpearon a varias y violaron a cuatro menores. Un mes después, en Sinaloa, militares dispararon contra una camioneta, provocando la muerte de cinco personas, tres de ellas niños.
"Por razones conocidas y justificadas, el Presidente Calderón puso como su principal interés el promover políticas de seguridad pública, pero hubiéramos querido un mayor énfasis en el tema del respeto a los derechos humanos", dijo en entrevista José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división Américas de Human Rights Watch.
Para Vivanco, resolver el problema de la inseguridad pública requiere una mayor inversión institucional, más allá del entrenamiento y la profesionalización de los agentes, y mejoras salariales.
Nota de Alberto Armendáriz, Reforma, 1º de febrero.
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