a) Jorge Alcocer: Siete comentarios, 7.6% de los 92.
b) Genaro Góngora: 54 comentarios, 58.69% del total; la mayoría se concentra en la relación entre el ministro de la Suprema Corte y Andrés Manuel López Obrador.
c) Mauricio Merino: 6 comentarios, 6.52% de los 92.
d) Otros nombres y consideraciones sobre el tema: 25 comentarios, 27.17% de los 92 sistematizados.
Jorge Alcocer.
Primero en echarse al agua —aun antes que el huevo y la gallina— fue Jorge Alcocer Villanueva, quien previsoramente se matriculó en el equipo que armó la reforma electoral, con la esperanza de hacerse un traje a la medida. Con vasta experiencia que nadie le regatea en temas electorales, se inscribió a sabiendas de que bailaba un zapateado sobre el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe postularse a quienes fueron —es su caso— líderes de un partido político. Por si fuera poco, este ex militante de la izquierda vestía una vistosa camiseta de priista, por lo que el resultado fue obvio: lo vetaron el PAN y el PRD.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 15 de diciembre.
El problema es que sólo había una presidencia, y para colmo, el PRD cometió un grave error de estrategia cuando, aliado con el PAN, lanzaron el primer veto a Jorge Alcocer. A partir de ese momento, los perredistas y panistas condenaron a sus primeras cartas a sufrir la venganza del PRI. En el caso de Acción Nacional no tuvo mayor problema porque los panistas siempre vieron a Merino como una “opción sacrificable” para meter a sus cartas de segunda o tercera línea, que eran Benito Nacif y Ezra Shabot.
Salvador García Soto, “Serpientes y escaleras”, El Universal, 15 de diciembre.
Sin embargo, el asunto adquiere matices de comedia cuando se escuchan las explicaciones de los amarillos para empantanar los acuerdos. Mantuvieron intransitable la postura de hacer presidente al ministro Góngora Pimentel, hasta el punto de quiebre —incluso mediante el chantaje de aprobar la reforma judicial a cambio de quedarse con el control del IFE—, pero salieron a gritar a los medios que no estaban dispuestos a aceptar vetos. Resulta cómico que los impulsores del veto a Jorge Alcocer y a Mauricio Merino —las cartas del PRI y el PAN, respectivamente—, hablen de vetos. El veto a Alcocer, hay que recordarlo, salió de los diputados y las diputadas afines a AMLO, postura a la que luego se sumó el PAN.
Y es que desde el arranque del proceso —que en este espacio siempre fue calificado como una farsa, a pesar de los defensores de la propuesta—, PAN, PRD y PRI pretendieron hacer trampa. Primero los señores del PRI quisieron llevar como presidente del IFE a Jorge Alcocer, por los medios que fuera necesario, en tanto que el PAN se propuso empujar a Mauricio Merino. Una vez derribado Alcocer, se desató una grosera guerra de todos contra todos en donde la vileza y el insulto salieron del bando de los amarillos, que agredieron de manera verbal a todo aquel que consideraban indeseable, en tanto que PAN y PRI también vetaron, sin tanta estridencia, pero con igual eficacia.
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 16 de diciembre.
Una situación similar se dio con Jorge Alcocer, quien se inscribió en la lista de aspirantes presuntamente impulsado por Manlio Fabio Beltrones, el líder priista en el Senado, lo que no resultó del agrado del PAN y el PRD, quienes encontraron que no era viable para el cargo, dado que había sido líder de un partido político que participó en una elección, pero del cual ya nadie se acuerda.
Alejandro Ramos Esquivel, “Redes de poder”, El Financiero, 17 de diciembre.
En la renovación parcial del IFE debe tomarse en cuenta un factor que muchos han pasado por alto: las reformas al Cofipe aprobadas por el Congreso abren la posibilidad para que PAN y PRI insistan en que Jorge Alcocer sea presidente del Consejo General del organismo. Según las cuentas de la diputada campechana Layda Sansores, el proceso de selección de los nuevos consejeros se hizo con base en el anterior Cofipe, pero el actual ordenamiento no descarta a quien haya sido presidente de algún partido político en los cinco años previos al nombramiento
“Frentes Políticos”, Excélsior, 2 de enero.
Nos hacen ver que están a la vuelta de la esquina seis procesos electorales y dichos comicios son importantes para el país, y para los “partidos grandotes”, ya que les permitirá ver cómo operan los institutos políticos de cara a las elecciones del 2012. La Cámara de Diputados puede ser cómplice o demócrata, por eso debe cuidar que todo salga bien.
La lista final esta compuesta por 39 candidatos, pero deben escoger muy bien y no pueden arriesgarse a la descalificación apoyando a Góngora o a quien o cumple en el momento con los requisitos que marca la nueva ley. Jorge Alcocer tendrá que esperar para agosto próximo, en la segunda remesa.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 15 de enero.
En el grupo de los seleccionados por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados existen opciones de excelencia para presidir el órgano electoral. Entre éstas debiera estar la de Jorge Alcocer, quien cumple los requisitos de elegibilidad de acuerdo con los nuevos términos del Cofipe y posiblemente sea, conjuntamente con José Woldenberg, el mejor conocedor de las instituciones y prácticas electorales.
Federico Berrueto, Milenio, 27 de enero.
Genaro Góngora.
Entre el medio millar de aspirantes a consejeros electorales se coló asimismo el ministro de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, perredista, y más específicamente lopezobradorista por los cuatro costados. No son pocos quienes personalizan en él el fracaso de un proceso en el cual los buenos se cuentan con los dedos de una mano. Bien merecido el señalamiento.
Góngora Pimentel puso toda su sabiduría jurídica en el empeño de hacer trizas la Constitución que a lo largo de su carrera ha jurado defender hasta con la vida. Desde los cuatro puntos cardinales le han demostrado que ni con la más torcida de las interpretaciones la Carta Magna permite que pueda tirar el arpa como ministro para buscar enchufarse en una nueva chamba y prolongar así su permanencia en la nómina del Estado.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 15 de diciembre.
Pero a los perredistas el veto priísta sobre Góngora Pimentel sí les generó un grave problema, porque al ministro Góngora lo habían convencido de inscribirse con la promesa de que era un hecho que sería presidente del IFE. Así se lo plantearon Jesús Ortega, Carlos Navarrete y Javier González Garza, tres de las cabezas principales del PRD que se aferraron, hasta el último momento, a que Góngora fuera presidente y con eso reventaron la posibilidad de acuerdos
Salvador García Soto, “Serpientes y escaleras”, El Universal, 15 de diciembre.
Pero si se doblan y aceptan a Góngora lo que viene es peor, pues le tocaría a Felipe Calderón aceptar la renuncia del ministro de la Corte para que se pueda integrar al instituto, lo que provocará una fuerte división en el PAN, pues su decisión debe ser ratificada en el Senado y la mayoría de la fracción panista está en contra de entregar el IFE a AMLO. Mientras, el PRI verá feliz cómo el Presidente y su partido cargan con todos los costos políticos del gongorazo.
El caso es que más pronto de lo que se esperaba, la aberrante reforma electoral se vuelve contra sus autores, esos que al violentar la autonomía del IFE y las libertades democráticas le volvieron la espalda a la sociedad y se pusieron al servicio de los que mandan al diablo las instituciones.
Pero en medio de este nuevo conflicto, ¿qué dice Góngora del entuerto del que es protagonista? Hasta ahora nada, quizá porque al final del día —en su fuero interno— el ministro observa lo vergonzoso que es llegar al último trecho de su carrera como servidor público convertido en una más de las marionetas de El Peje y prefiere el silencio, bueno… hasta que su jefe diga lo contrario.
Néstor Ojeda, “Vuelta prohibida”, Milenio, 16 de diciembre.
La propuesta del PRD era responsable y juiciosa. Genaro Góngora era una propuesta calificada. Es un hombre que ha defendido sus posiciones sin poner en duda la institucionalidad. Si era bien visto por la izquierda, qué mejor. Lo que pedía el grupo parlamentario del PRD era muy poco frente a la dimensión de la crisis del año pasado: ¡un consejero para ocupar la presidencia del IFE!
Manuel Camacho Solís, El Universal, 17 de diciembre.
El que no sabe qué hacer es el ministro Genaro Góngora.
Tuvo que volver a la Suprema Corte el viernes, pues su licencia era por cinco días.
Y si AMLO insiste en que le maneje el IFE, deberá pedir otra licencia en febrero.
Colegas le habían pedido que se retire del circo, a ver si ahora lo convencen.
O, a ver si López se lo permite.
Pepe Grillo, Crónica, 17 de diciembre.
La "manzana de la discordia" parece haber sido, según han "filtrado" a los medios, los partidos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, quien busca dejar su actual cargo y dar un espectacular salto a la presidencia del IFE.
A Góngora se le identifica como el "candidato" del PRD, y en especial de Andrés Manuel López Obrador para convertirse en el sustituto de Luis Carlos Ugalde, en lo cual no están de acuerdo ni el PRI ni el PAN, razón por la cual, al no haber "suficiente consenso", se optó por aplazar las designaciones, no obstante que conforme a la ley, el plazo para ello venció el 13 de diciembre.
Alejandro Ramos Esquivel, “Redes de poder”, El Financiero, 17 de diciembre.
La falta de compromiso democrático del Presidente y su partido que, en interés propio, estaban obligados a ayudar a conducir el proceso y garantizar su conclusión feliz, deja a la política en la incertidumbre: pone en riesgo toda la reforma, alienta a los intereses que desean descarrilarla y demuestra que, a un año de distancia, la política sigue en vilo, arrastrada por la polarización. Eso cuando todavía faltan cinco años a esta administración.
Al vetar a Góngora han puesto en entredicho los exiguos acuerdos a los que se había llegado. Y todo, por miedo a AMLO: “por encima de nuestro cadáver”, …no aceptamos al “pejeministro”. Qué lamentable falta de visión y cálculo político
Manuel Camacho Solís, El Universal, 17 de diciembre.
De un día para otro, Genaro Góngora Pimentel se quitó la cachucha de aspirante a consejero presidente del Instituto Federal Electoral y se puso la toga de ministro. Vea usted, quedó a cargo de la comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al lado de su compañero José de Jesús Gudiño.
Después de su periodo de licencia para contender por la presidencia del órgano electoral, don Genaro quedó al mando para atender durante el periodo vacacional todos los asuntos que se representen en la Corte
“Bajo reserva”, El Universal, 17 de diciembre.
Sin embargo, para el PRD no había otro candidato sino Góngora. Lo increíble es que, en la lista de 39 aspirantes, hay muchos y muy buenos candidatos que podrían satisfacer plenamente la visión del PRD. Quizá la figura más importante sería Lorenzo Córdova, un joven muy talentoso, conocedor a profundidad de temas electorales, hijo de uno de los teóricos más importantes de la izquierda mexicana, como lo es Arnaldo Córdova. Y varios más. Pero González Garza no se movió ni un centímetro de su posición: era Góngora y debería ir como consejero presidente. El jueves temprano, cuando se comprobó que no había cambios en la postura del PRD, González Garza presentó la propuesta de que se esperara hasta febrero, para terminar de configurar el Consejo General del IFE. A regañadientes fue aceptada la propuesta por el PRI y el PAN, para evitar que ocurriera, después de tanto gasto político, otra descalificación sobre el Consejo como la que realizaron el PRD y López Obrador desde 2006 hasta hoy. Pero también porque el día anterior se había aprobado en la Cámara de Diputados la reforma a la justicia y la seguridad (en cuyas negociaciones participó de principio a fin el perredismo) y estaba el compromiso de aprobarla ese mismo día en el Senado, para pasarla inmediatamente a las legislaturas estatales. Pero lo que hizo el perredismo fue traicionar, una vez más, los acuerdos: en vez de votar la reforma, le hizo dos pequeñas modificaciones al texto, que no cambian en nada su sentido, de manera tal de tener que enviarla otra vez a la Cámara de origen, o sea, a los diputados, que apenas horas antes habían concluido su periodo ordinario porque no había habido acuerdo en el IFE. Eso dejó en la congeladora, hasta febrero, tanto las designaciones del IFE como las reformas a la seguridad y la justicia. Reventaron en un solo movimiento ambos acuerdos.
Dos cosas quedan claras: en el PRD aún le tienen miedo a López Obrador y pueden desconocer cualquier compromiso si el “líder” los presiona y, segundo, por lo tanto, no se le puede creer al perredismo, cuando menos hasta que demuestre lo contrario. ¿Aprenderán el PAN y el PRI?
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 17 de diciembre.
También cuenta la estrategia de los obradoristas de manejar sólo una de sus cartas afines, de las muchas que hay: Genaro Góngora Pimentel, aceptable a una parte del PRI, pero que tiene el veto absoluto del PAN. En esto se entrecruza también la pugna interna del PRD por la dirigencia del partido. El obradorismo no desea a nadie que no sea Góngora y puso contra la pared al ala moderada del partido. De ser correcta esta versión nada descabellada, quedaría mal el PRD y relativamente bien los otros partidos que le concedieron margen, para así proteger el consenso del IFE, aun cuando fuera de los tiempos originales. Aunque existe otra versión quizá complementaria, más que antagónica según la cual Héctor Larios, instruido por Germán Martínez Cázares, incumplió compromisos previos y entorpeció así las negociaciones al pretender, desde la posición de fuerza del PAN, colocar a un mayor número de consejeros que el previamente pactado. Tampoco me extrañaría
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 17 de diciembre.
Yo no sé si el magistrado Góngora sería o no un magnífico consejero presidente del IFE. Lo que sé es que hay que interpretar las leyes de una manera muy laxa para que pueda serlo dejando vacante un puesto en la Suprema Corte. También sé que la terquedad con la que un partido ha manejado su nombre es un pésimo precedente: suena a “posición política”. Y, finalmente, sé que el Factor Góngora ha sido el principal obstáculo para que los partidos grandes lleguen a acuerdos.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 18 de diciembre.
Queda una posibilidad: que el ministro Góngora Pimental se retire voluntariamente de esta disputa que, en términos reales, ha dañado su imagen pública. Un ministro de la Suprema Corte, más aún su ex presidente, no puede ser una pieza de cambio entre los partidos políticos. Tampoco puede ir a buscar una posición de la mano de un partido: su postulación sólo sería lógica si hubiera sido buscada por los principales partidos, pero suena absurdo que se hubiera prestado a ser parte de una disputa por una posición y abandonar por ella hasta la Suprema Corte. Góngora Pimentel es un hombre con quien se puede o no estar de acuerdo, pero tiene detrás una carrera, fue un buen presidente de la SCJN (que tuvo el mérito, sobre todo, de abrir ésta a la sociedad) y mantendrá su puesto en ella hasta fines de 2009. Si no se descarta él mismo, la que terminará dañada será su credibilidad, porque no va a llegar al IFE y, en la Corte, cada vez que adopte una decisión, ésta resultará contaminada por este ejercicio político vacío. Ojalá que Góngora Pimentel y, por la credibilidad de la Suprema Corte, tan traqueteada en los últimos tiempos, esa propuesta quede, simplemente, en el olvido.
Ahora bien, si no es así, si Góngora Pimentel sigue buscando esa posición, si López Obrador continúa exigiendo en su partido que el actual ministro sea aceptado como consejero presidente, si el PRD no puede desprenderse de esas presiones, en febrero no tendremos nombramiento y el IFE y, con él, toda la tan controvertida como ambiciosa reforma electoral, seguirán congelados.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 18 de diciembre.
Conviene tener presente ese caso, ante lo ocurrido con las negociaciones sobre los tres nuevos consejeros del IFE, empantanadas por la feria de los vetos partidarios, en particular sobre el ministro Genaro Góngora Pimentel, a quien se le atribuye amistad con Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial perredista. Yo no sé si tal amistad exista o no, pero si fuera real, no debería ser razón para suponer inelegible al prestigiado ministro, del mismo modo que su amistad con Calderón no debe ser motivo de descalificación para el mencionado consejero. Más aún, la llegada de Góngora Pimentel al IFE probablemente reconquistaría ipso facto mucha de la credibilidad perdida a consecuencia del proceso de 2006.
Eduardo Huchim, Reforma, 18 de diciembre.
La candidatura de Góngora es cuestionada por el PRI y el PAN, así como buena parte de la opinión pública, pese a su respetable trayectoria, tanto por su cercanía personal con El Peje como por ser ministro en activo de la Suprema Corte. En efecto, su hipotético nombramiento como presidente del IFE generaría un galimatías jurídico. En cambio, si Góngora llega a convencerse de que su designación es “intransitable” (por buenas o malas razones) y que se le responsabiliza del atasco en la negociación, más ganaría retirándose voluntariamente del proceso. Eso, para que no quede duda de que prefiere la salud institucional que un nuevo cargo público y para comprobar si de verdad es su candidatura la que estanca la negociación o hay otras razones. Esa decisión le haría bien a su trayectoria y prestigio personal, así como al proceso mismo para renovar al IFE, que está en grave riesgo de encallar nuevamente
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 19 de diciembre.
Góngora o muerte: ¡venceremos! Según Milenio, ésa parece ser la nueva consigna del PRD en la Cámara de Diputados y, puede suponerse, en todo el país. O el PAN, el PRI, el gobierno y la propia Suprema Corte de Justicia (a la cual el ministro Góngora tendría que renunciar en condiciones discutibles) aceptan la propuesta perredista, o nos recetarán la misma jugada que en 2003. El lector recordará que entonces el PRD realizó una maniobra aparentemente ingeniosa. Por un lado, se negó a votar por los nuevos consejeros del IFE, entre otras cosas porque no fue presidente consejero Jesús Cantú (que por cierto poseía todos los méritos para serlo). Coartada perfecta, como muchos, y señaladamente Zuckerman anteayer en Excélsior, lo han escrito: si las elecciones del 2006 salían mal, "se los dije", y el Peje no acepta los resultados. Si salían bien, es decir, si ganaba AMLO, habría sido a pesar del IFE, Ugalde y compañía, y se instala en Palacio Nacional. Sabemos lo que sucedió, y que la maniobra resultó desastrosa.
Jorge Castañeda, Reforma, 19 de diciembre.
Que en el Poder Judicial federal ya se baraja el nombre de quien podría suceder al ministro Genaro David Góngora Pimentel, en caso de que sea elegido consejero presidente del Instituto Federal Electoral.
Se trata del presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Luis Malpica y de Lamadrid, quien ha ocupado una variedad de cargos, entre éstos la subdirección general del Banco Nacional de Comercio Exterior en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.
“Trascendió”, Milenio, 20 de diciembre.
Para como se han puesto las cosas, el ministro Genaro Góngora Pimentel está a tiempo de poner a salvo su irreprochable prestigio, saliéndose cuanto antes del palenque y olvidándose de verse en el futuro Consejo General del IFE.
A diferencia de muchos a quienes la cercanía con Andrés Manuel López Obrador ha puesto en riesgo su reputación, el caso de Góngora se asemeja al del ex rector Juan Ramón De la Fuente, pues sus biografías, por sí mismas, los mantienen muy por encima de cualquier enjuague político.
Pese a la distracción que le supuso la oferta de ocupar la Secretaría de Gobernación del gobierno federal perredista que no cristalizó, De la Fuente sorteó la ventolera de la grilla y consiguió acrecentar su magnífico papel al frente de la UNAM.
Si los perredistas insisten en su necedad “Góngora o nadie” para presidir el IFE, y si los priistas y panistas machacan que “ni máiz”, la prudencia sólo cabe en el gran ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo que menos necesita es un IFE para nadar.
Carlos Marín, “El asalto a la razón”, Milenio, 20 de diciembre.
El veto del PAN a la candidatura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel como posible consejero presidente del IFE es un hecho de extrema gravedad, que evidencia una vez más el desastre institucional del país, no tan sólo por evidenciar el afán panista de imponer como consejeros a incondicionales suyos, sino porque el veto esta vez fue al más prestigiado de los ministros de la Suprema Corte –y una personalidad muy por encima de los demás aspirantes–, poniendo por este solo hecho en entredicho al alto tribunal, sobre todo tras los escándalos dados en 2004 y 2005 por el ministro filopanista Mariano Azuela, quien se ostentó en esos meses como asesor de Vicente Fox cuando éste trató de inhabilitar constitucionalmente a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato presidencial
Luis Javier Garrido, La Jornada, 21 de diciembre.
Era la segunda semana de diciembre, pero de 2002. Todo era éxito para el ministro Genaro Góngora Pimentel. Se preparaba para rendir su último informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contaba con el respaldo de todos los partidos políticos, del Congreso de la Unión, de la Presidencia de la República, de la academia, del foro de abogados.
Cinco años más tarde, también en la segunda semana de diciembre, pero ahora de 2007, el ministro quedó en medio de un duelo político en el que perdió hasta el nombre, pues algunas personas lo rebautizaron como Pejenaro.
Para aquel diciembre de 2002, Genaro Góngora había colocado a la Suprema Corte como “el poder del equilibrio” —como le reconocieron políticos, empresarios y abogados—, y regresaba a ser un ministro más de los 11 del máximo tribunal, cuyo cargo termina el 30 de noviembre de 2009. Nunca antes, el Poder Judicial había tenido tanta fuerza como bajo su presidencia.
“Bajo reserva”, El Universal, 22 de diciembre.
En medio de este descomunal embrollo, el factor Góngora cobra mayor importancia y se torna más deplorable aun el empecinamiento tanto del ministro de la Corte como de sus promotores, quienes actúan como si estuvieran apuntalando a un tuerto en tierra de ciegos. La peligrosa intransigencia, a todas luces contraproducente para el PRD, la resumió en una frase el diputado de este partido Octavio Martínez Vargas: “Góngora o nadie”.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 22 de diciembre.
Bastó un lustro para que la historia de este juzgador, con casi 40 años de carrera en el Poder Judicial, ubicado como alguien de corte liberal y garantista, cambiara. Su sorpresiva candidatura a la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE) lo colocó en el centro de la discordia.
Su postulación dividió al perredismo, pero al final le dieron todo su respaldo; encontró un voto fragmentado en el PRI, y el veto absoluto del PAN por su presunta cercanía con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador —lo que le ganó el mote de Pejenaro.
Y al final, esto generó que la elección del nuevo presidente y de dos consejeros del IFE se aplazara hasta el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia en febrero de 2008, y que él regresara a su cargo de ministro, después de un periodo de licencia de cinco días hábiles en el que compitió por el cargo de presidente del IFE.
“Bajo reserva”, El Universal, 22 de diciembre.
Se ha dicho hasta el fastidio: El artículo 98 de la Constitución establece que “las renuncias de los ministros de la Corte solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.
¿Puede alguien sostener sin engañarse y sin pretender engañar que es “causa grave” el que un ministro quiera dejar su cargo para buscar otro hueso, para el cual existen 60 millones de ciudadanos, o al menos 500 aspirantes, de los cuales 105 ya pasaron algunas aduanas?
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 22 de diciembre.
Durante el periodo en el que Góngora encabezó la Corte, de 1999 a 2002, el máximo tribunal del país, por vez primera, emitió una sentencia en contra de un presidente de la República, al resolver un conflicto de poderes y al fallar en contra de Ernesto Zedillo en el juicio que inició en su contra la Cámara de Diputados por ocultar información sobre el rescate bancario relacionado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Bajo su conducción, la Corte también se encargó de propinarle el primer revés a la administración del ex presidente Vicente Fox, al declarar inconstitucional el procedimiento que había iniciado para, en la práctica, comenzar a privatizar la generación de electricidad
“Bajo reserva”, El Universal, 22 de diciembre.
En medio de la ineptitud de panistas que negocian este asunto, de modo especial el coordinador de diputados Héctor Larios, quien dijo que Góngora no puede ser presidente del IFE por motivos de edad, como si la ley estableciese límite en este aspecto, el ministro, como tinterillo de pueblo, le pasó la brasa al rojo blanco al presidente Felipe Calderón para que sea éste quien determine si es causa grave el pretender dejar la Corte para buscar la presidencia del IFE.
El Jefe del Ejecutivo, para evitar meterse en un tema que le afecta de manera directa como beneficiario que fue del proceso electoral del 2006, ha actuado como si la virgen le hablase. Dejó pasar la provocadora petición de Góngora, quien desde luego aspira a que Calderón caiga en la trampa de dejarlo ir, o retenerlo y con ello supuestamente restarle importancia y trascendencia al papel de los consejeros electorales.
El silogismo es fácil de resolver, con sólo poner las cosas en su justa dimensión. El cargo de consejero puede ser todo lo importante que se quiera, pero Góngora no es imprescindible; existen 500 mexicanos interesados en montarse en ese potro que corcovea llamado IFE, del cual Ugalde acaba de caerse tan merecida como estrepitosamente.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 22 de diciembre.
Dentro de la Corte se ha caracterizado por los comentarios irónicos y sarcásticos con los que defiende sus votos disidentes, esos en los que no suele compartir la opinión de la mayoría de sus compañeros ministros.
Esa forma de sustentar sus criterios lo llevaron incluso a leer en una sesión pública, televisada y difundida por internet, la conversación que sostuvieron el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, para festejar la detención de la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005.
Portales de internet, televisoras y radiodifusoras transmitieron una y otra vez la imagen y la voz del ministro que, enfundado en su toga negra que contrastaba con su cabeza completamente blanca, repetía sin pudor alguno las leperadas de Kamel y el góber precioso.
“Bajo reserva”, El Universal, 22 de diciembre.
La calidad de inelegible de Genaro Góngora deriva de tres razones fundamentales que se encuentran en la Constitución debido a su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Primero: como ministro, Góngora está impedido para ocupar al mismo tiempo otro empleo o encargo en la Federación o en los estados. Debido a que aún no renuncia a su investidura judicial (sigue sin hacerlo), Genaro Góngora —de ser designado consejero— ocuparía, en tanto no se procesa esa renuncia en el Poder Ejecutivo y en el Senado de la República, dos encargos públicos remunerados: el de ministro y el de consejero electoral (artículo 101 constitucional).
Segundo: el nombramiento de un ministro como consejero electoral acarrea, como ya se dijo por el procesamiento constitucional de su renuncia a la Corte, la intervención tanto del Presidente de la República como del Senado de la República en un procedimiento constitucional que estrictamente se encarga a la Cámara de Diputados. La primera influencia supone un grave retroceso, pues el Ejecutivo tendría parte en el nombramiento de un consejero, situación que por fortuna no sucede desde 1996 cuando se dotó de autonomía plena al IFE. La segunda participación, la de la Cámara de Senadores, deriva en una invasión evidente a las facultades exclusivas de la de Diputados (artículo 98 constitucional).
Tercero: en su eventual calidad de ex ministro de la Suprema Corte, Genaro Góngora estará impedido durante dos años para litigar cualquier asunto ante el Poder Judicial de la Federación ya sea como abogado, ya como patrono o como representante. Esta prohibición se vería incumplida si Góngora fuera elegido Presidente del IFE, pues como es de sobra conocido el Presidente del Consejo General actúa como patrono del propio Instituto que permanentemente debe defender sus decisiones (por impugnaciones de los partidos) ante el Tribunal Electoral que depende del Poder Judicial de la Federación (artículo 101 constitucional).
Rogelio Carbajal Tejada, Crónica, 24 de diciembre.
Las tres disposiciones constitucionales, o cualquiera en lo individual, son suficientes para rechazar la postulación de Góngora Pimental. Él, como abogado y destacado constitucionalista, debiera conocer bien estas limitaciones que le impiden ser consejero electoral. Él, como miembro del Poder Judicial encargado de revisar la constitucionalidad de los actos y las resoluciones de los demás poderes, no debería aferrarse a un nombramiento inconstitucional. Sería una paradoja: un miembro del órgano jurisdiccional encargado de preservar la supremacía constitucional orilla a otro órgano de un Poder (la Cámara de Diputados) a actuar inconstitucionalmente. Por congruencia Genaro Góngora debería declinar.
El compás de espera es pues razonable. Ojalá Góngora también lo sea.
Rogelio Carbajal Tejada, Crónica, 24 de diciembre.
Para seguir con el sainete del IFE, se dice que la elección del nuevo Consejo General se empantanó porque el PRD se empecinó en la candidatura de Genaro Góngora para presidirlo. De ser así, la estulticia de los perredistas y, en última instancia, de Andrés Manuel López Obrador, a quien se le atribuye el origen de la necedad, resultaría inconmensurable.
No cabe duda que don Genaro Góngora ha tenido un papel destacado como ministro de la Suprema Corte. Su tarea como presidente se enalteció cuando vinieron los excesos politiqueros de su sucesor en el cargo, Mariano Azuela. Pero su desempeño en el tribunal supremo ha tenido, además, especial significado en aquellos casos donde se han dirimido asuntos con connotaciones ideológicas, pues el ministro Góngora ha estado del lado de quienes han defendido posiciones laicas y liberales, frente a ministros claramente conservadores, como el propio Azuela y el ministro Aguirre, de orientación confesional. A nadie debe sorprender que en el debate jurídico influyan visiones ideológicas particulares, pues el Derecho es obra humana y, por tanto, está cargado de ideología. Así, la Suprema Corte, como órgano colegiado, alberga en su seno diferentes perspectivas de interpretación de la realidad y de la ley. Góngora ha sido un activo promotor de una interpretación constitucional progresista.
Jorge Javier Romero, Crónica, 26 de diciembre.
Pero lo más sorprendente de este capítulo del sainete es que Góngora se haya prestado a él. ¿Qué no ha leído el gran jurista el artículo 98 de la Constitución? ¿Qué acaso no sabe que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte sólo procederán por causas graves y que el Presidente de la República tiene la prerrogativa de aceptarlas o no? Tal vez lo que pretende es una licencia por el tiempo que le resta como ministro, pero aun en ese caso es el Ejecutivo el que la concede. ¿Qué tal si la Cámara de Diputados lo nombra y el presidente Calderón no acepta ni la renuncia ni la licencia? Además, ¿cómo se justificaría la causa grave? Tal vez diciendo que no existe en todo el país ninguna otra personalidad para ocupar la presidencia del Consejo General del IFE, supuesto ridículo desde cualquier punto de vista.
El caso sólo ilustra la tontería de la política nacional. Cuando en 2003 el PRD se quedó al margen del acuerdo con el que se nombró al Consejo General del IFE ahora destituido, se dijo que había sido un abuso del PAN y el PRI que, coludidos, habían excluido al partido de la izquierda. Ahora más bien parece que ha sido la falta de flexibilidad negociadora la que ha sido aprovechada por los adversarios para dejarlos fuera de la jugada. Pero lo más grave de todo el asunto es que la ley les importa un cacahuate a los perredistas, lo mismo que a los del PRI y a los del PAN. En lugar de convertir al orden jurídico en un instrumento para garantizar la imparcialidad institucional, se le ve como un estorbo al cual se le puede torcer en beneficio propio.
Jorge Javier Romero, Crónica, 26 de diciembre.
La persona con mayor currículum entre los que han sido postulados para consejero presidente es Góngora. Éste tiene una larga carrera como jurista y fue presidente de la Suprema Corte. Es una oportunidad para el país si se le nombra en tal cargo. Sin duda, Góngora tiene un prestigio qué defender. También hay en la lista otros distinguidos profesionales de diferentes ramas que tienen capacidad y experiencia: la cuestión estriba en quién es mejor.
A Góngora se le objeta por ser demasiado independiente, es decir, por no admitir presiones sin causa fundamentada y razonable. Pero ésta es justamente una de las principales cualidades que deben tener los consejeros del IFE. Al menos la imparcialidad es condición legal para obtener el cargo. Lo que dice Germán Martínez sobre la “causa grave” que la ley menciona para abandonar la Corte no es en verdad una duda sino una objeción política, pues el precepto tiende a proteger a ese tribunal de presiones ilegítimas tendientes a lograr que sus miembros abandonen su cargo, lo que en este caso estaría fuera de toda sospecha. Así, tampoco los legisladores acreditan “causa grave” cuando se separan del escaño para ocupar otro puesto o para ser candidatos, pero Germán Martínez siempre ha votado a favor de las muchas licencias concedidas…, sin manifestar duda alguna. ¿Alberto Cárdenas Jiménez se fue al gabinete de Calderón por “causa grave”?
Pablo Gómez, Milenio, 28 de diciembre.
Genaro Góngora no es la vida o la muerte del IFE, puesto que ambos extremos no dependen de persona alguna. Pero es el más calificado de entre las muchas propuestas subsistentes. Este elemento no puede ser rebatido por Germán Martínez ni por nadie. Lo único que hay que recordar es que éste —Martínez— le dio el visto bueno a Ugalde y a los demás, a pesar de que la mayoría de los ungidos había sido impuesta por el PRI. El hecho de que el PAN estuviera en el gobierno y que Gordillo se pasara al lado de ese partido hizo que el IFE actuara a modo de los intereses de Acción Nacional. Pero esa historia no debería repetirse.
Pablo Gómez, Milenio, 28 de diciembre.
Pero no piense que el PRD doblará las manitas. Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, sostuvo que su partido no aceptará que se vete al ministro Genaro Góngora Pimentel, uno de los 39 aspirantes que pasaron a la siguiente fase del proceso de selección. Según él, Góngora es “imparcial, no se dobla y mucho menos se deja manejar por nadie”.
“Frentes Políticos”, Excélsior, 2 de enero.
Góngora dijo una y otra vez que no era candidato de López Obrador hasta que los lopezobradoristas lo desnudaron. Primero Manuel Camacho Solís, quien reveló que “lo que pedía el grupo parlamentario del PRD era muy poco frente a la dimensión de la crisis del año pasado: un consejero para ocupar la presidencia del IFE”.
Y para formalizar la maniobra, la bancada perredista de San Lázaro, a través de su diputado Octavio Martínez, advirtió: “O es Góngora o nadie” y añadió que si no es el ministro de AMLO el presidente del IFE, el PRD dejara solos al PAN y al PRI, como hace cuatro años Pablo Gómez cuando no pudo imponer al candidato de su partido, y repetirán el cuento de la “legitimidad”, basada en la imposición de la minoría, no en la decisión de las mayorías.
El viejo truco.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 3 de enero.
Góngora aprovecho las vacaciones para buscar a los que fueron sus contactos en el PRD —Carlos Navarrete, Jesús Ortega y Javier González Garza, según se sabe— y decirles, de la manera más cortés y política, que agradecía el apoyo incondicional que le había dado ese partido, pero que ya no quería sostener su candidatura. La decisión de declinar, les dijo, tenía que ver con su reincorporación a sus labores de ministro de la Suprema Corte y con el desgaste que le significó haber sido parte del jaloneo político en que se convirtió el proceso de renovación del IFE.
En la reanudación de pláticas, cada partido prepara nuevas estrategias. Las negociaciones se retomarán con las mismas cartas en la mesa, es decir, con los nombres de Lorenzo Córdova, Ezra Shabot, Benito Nacif, Carlos Sirvent y Marco Antonio Baños, y la idea que han expresado los coordinadores parlamentarios es acelerar lo más posible la búsqueda de acuerdos para evitar que se agudicen el deterioro y la incertidumbre interna que vive el IFE desde hace varios meses.
El autodescarte del ministro Góngora quita gran parte de la presión que trabó los acuerdos en diciembre pasado. El problema es más bien qué hará el PRD sin su primera opción.
Salvador García Soto, “Serpientes y escaleras”, El Universal, 8 de enero.
Que Genaro Góngora renunciará a sus aspiraciones de ser consejero del IFE.
La jugada sería de la siguiente manera.
Si el PRD se da cuenta de que la candidatura de Góngora a la presidencia del IFE será rebotada por PRI y PAN, entonces el ministro de la Suprema Corte anunciará que se retira del proceso.
A cambio, el PRD tendría derecho de veto en los tres casos de consejeros a elegir, lo que, entre otros, eliminaría a Mauricio Merino, promovido por el PAN.
Quedaría una terna ad hoc para los perredistas, a cambio del “sacrificio” de Genaro Góngora.
¿Será?
“Trascendió”, Milenio, 13 de enero.
Genaro Góngora está de regreso a la Suprema Corte, mientras López Obrador insiste en hacerlo presidente del IFE.
Aunque sabe que pocos diputados acatan la orden, Góngora no pierde la esperanza.
Y en la SCJN el ministro hace rounds de sombra.
El jueves criticó a las mayorías legislativas de Michoacán, que ignoran a las minorías.
¿Querrá el voto de la chiquillada?
Pepe Grillo, Crónica, 14 de enero.
Genaro Góngora reconoce que de no ser el nuevo presidente del IFE, no será consejero, y que mejor esperará la jubilación. También admite que es difícil un escenario donde el sea el nuevo titular del IFE porque llegaría sin consenso, dividido, con debilidades, como la anterior presidencia.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”, El Financiero, 17 de enero.
Que, ahora sí, en cuestión de días, el ministro Genaro Góngora anunciará que renuncia a su intención de ser consejero del IFE.
Al parecer fueron sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes le hicieron ver que un acto de prudencia sería muy bueno para el IFE y lo mejor para él.
Trascendió, Milenio, 17 de enero.
El riesgo de la politización de los votos, razonamientos y declaraciones de Góngora quedaron afectados por su papel como una pieza clave y directa de los intereses del PRD. La Corte debiera llegar al punto de que sus ministros sean ajenos a militancia o coalición partidista, aunque su pensamiento jurídico pueda ser conservador, progresista o sin matices. Ahí se equivocó el PRD al tratar de regresar a los tiempos priistas de funcionarios comprometidos con un partido. Fracasó en el IFE pero dañó la imparcialidad de la Corte.
El ministro Góngora está obligado a una definición de fondo, clara y sin matices de su papel como enviado perredista en el IFE y de su función en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bastante ha perdido el país con el vicio priista de priizar instituciones que debieran mantener la imparcialidad social como para que el PRD y sobre todo la ambición totalizadora de López Obrador quisieran regresar a México a los tiempos en donde un partido dominaba instituciones más comprometidas con la pluralidad ideológica y política.
Así que Góngora tendrá que aclarar bien su papel en la Corte o cargar con el fardo de López Obrador en el pleno jurídico.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 22 de enero.
‘Pejenaro’ le hace honor al mote que le endilgaron diputados del PRI y el PAN. Quienes conocen al ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel lo describen como un hombre con sentido del humor y calculador; mide cada paso o mensaje. Últimamente ha hecho gala de ambas cualidades, nos cuentan.
Después de que los legisladores del PAN lo vetaron para ocupar la presidencia del Instituto Federal Electoral, don Genaro pide que “lo den por muerto”, como en su tiempo lo hizo, y lo sigue haciendo su amigo Andrés Manuel López Obrador. Además, con un buen toque de ironía, colocó una gran pecera en la recepción de su despacho en la que viven tres pejelagartos
“Bajo reserva”, El Universal, 23 de enero.
Sin duda, el ministro Genaro David Góngora Pimentel debiera ser el presidente del Consejo General del IFE. Por mucho es quien tiene el mejor antecedente profesional al servicio de la República. La Cámara de Diputados y los partidos debieran estar más que satisfechos que un ex presidente de la Corte estuviera dispuesto a conducir a la máxima autoridad electoral. Su desempeño como ministro y como presidente del supremo tribunal está fuera de cuestión, independientemente de que se coincida con el criterio de sus votos en la Corte.
Las objeciones que se le presentan están fuera de lugar. Vergüenza debiera darles a los priistas que lo impugnan por su posición en los casos de los gobernadores de Puebla y Oaxaca. En el PAN no le perdonan su postura respecto al frustrado intento de desafuero de López Obrador, incidente en el que, por cierto, el ahora Presidente jugó un papel tan triste como lamentable. Que esas sean las razones de su exclusión muestra el faccionalismo que caracteriza a la vida política, ostensible en todos los espacios de la vida institucional.
Federico Berrueto, Milenio, 27 de enero.
Todo apunta a que lo dicho por El Güero Javier González Garza sobre que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, está vivito y coleando en sus aspiraciones a la presidencia del Instituto Federal Electoral, no es tan verdadero. Y es que en medio del debate y la confrontación con otros partidos por ese asunto, comienza a comentarse dentro del PRD que el propio Góngora Pimentel declinará de motu proprio buscar esa posición. De ahí el súbito interés de los perredistas que participaron en la plenaria de Los Cabos de crear una comisión interna para analizar los 39 perfiles de candidatos a consejeros electorales. Por cierto, algunos diputados ya no ven feo a Jorge Alcocer…
“Bajo reserva”, El Universal, 27 de enero.
Otra consideración para descalificar al ministro se relaciona con la causa grave que debe justificar para separarse de su magistratura. En todo caso, los diputados dejaron pasar la oportunidad para hacer valer esta consideración, esto es, al momento de valorar al grupo inicial de prospectos. Dos son las réplicas a la objeción: primero, Góngora Pimentel está por concluir su gestión, segundo —lo más importante—, la existencia de una causa grave para la renuncia es para proteger la investidura y la función, esto es, impedir que un funcionario judicial de tal jerarquía se separe del cargo por presión o maniobra de intereses lastimados por el ejercicio de la tarea jurisdiccional.
Federico Berrueto, Milenio, 27 de enero.
El IFE ha sufrido un ataque brutal por la brutalidad de los legisladores. El nuevo presidente del Consejo General debe sumar, ante todo, dos expresiones básicas: independencia de los partidos políticos y conocimiento riguroso de la ley. El ministro Góngora Pimentel es quien, insisto, por mucho, mejor garantiza dichos objetivos. Trasladarle a él el sentimiento de encono y agravio de la elección presidencial es insistir en el odio y la polarización.
Federico Berrueto, Milenio, 27 de enero.
No deja de ser paradójico que legisladores del PRD le retiren apoyo al ministro a manera de encarar la intransigencia sin justificación del PAN y del PRI. De igual manera, Góngora Pimentel no debe retirar su candidatura; no es cuestión de orgullo ni de dignidad. No lo debe hacer porque esto establece el precedente de que en este país cumplir con lealtad a la República conlleva la sanción de la exclusión.
Que el ministro no arribe a la presidencia del IFE dirá mucho más de la oprobiosa condición que guardan la política nacional y sus instituciones, que de las imputaciones que pudieran hacerle al ahora prospecto de funcionario electoral.
Federico Berrueto, Milenio, 27 de enero.
El ministro Genaro Góngora ya no puede salirse del juego.
Escogió ser peón incondicional del legítimo.
Dejar la Suprema Corte, para servirle el 2012.
Si no llega a la presidencia del IFE, malo; y si llega, peor.
Porque o López gana, o al ministro lo tratará peor que a Luis Carlos Ugalde, para quien pedía respeto, libertad, autonomía, cuando juraba que ganaría con 10 puntos de ventaja.
Pepe Grillo, Crónica, 28 de enero.
Escribió ayer Federico Berrueto en esta página, y con razón, que la Cámara de Diputados y los partidos deberían estar más que satisfechos de que un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia esté dispuesto a conducir la máxima autoridad electoral. Y que quien sea el nuevo presidente del IFE debe sumar, ante todo, independencia de los partidos y conocimiento riguroso de la ley. Por eso, exhortó, no puede haber mejor candidato para el cargo que Genaro Góngora.
El problema es que las circunstancias terminaron señalando a Góngora con un signo distintivo que hoy no puede ser pasado por alto en virtud de sus méritos humanos y profesionales: al presentarlo como su carta de todo o nada, el PRD lo convirtió en la manzana de la discordia que hizo abortar el proceso de selección de consejeros en diciembre.
Las condiciones no han variado desde entonces. Por el contrario, PAN y PRI reafirmaron que Góngora no será el presidente del IFE. Ir contra esa realidad sería una insensatez. Sería atentar contra seis de cada diez votos en la Cámara de Diputados.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 28 de enero.
Nadie en el PRD; vaya, ni sus padres fundadores tienen una hoja de servicios al país como la que usted ha escrito. Ninguno tiene sus calidades humana, profesional, moral, social y política, si usamos este último concepto en la más alta y amplia de sus acepciones, totalmente diferente de la grilla, la tenebra, la chacota, la transa y la traición y la manipulación de principios y personas que la inmensa mayoría de los perredistas cotidianamente ejercitan. Usted podrá confirmar o refutar la información que he consignado sobre su voluntad de abandonar la competencia por la presidencia del IFE, pero si la sostiene, ¿puede soportar que se maniobre vulgar y utilitariamente con su personal determinación? ¿No han medrado ya hasta el exceso con su nombre y con su rango? ¿No sería tiempo ya de dar —como establece la vieja descripción romana del concepto de justicia— a cada cual lo que le pertenece y mandar a la porra a la caterva pseudorrevolucionaria demócrata?
Tiene usted todavía mucho que dar y mucho que hacer por el derecho y la justicia en México para permitir, ministro Góngora Pimentel, que medren con su nombre.
Leopoldo Mendívil, “Crónica confidencial”, Crónica, 28 de enero.
Genaro Góngora, como dice Federico Berrueto, es un lujo para el México político. Pero hoy es también un factor de división y encono. Un hombre de su edad, sabiduría e historia debería comprender esto último. Por eso, con espíritu sereno y tranquilo, tendría que renunciar a una posición que la mayoría parlamentaria no le piensa entregar.
Sus promotores del PRD parecen haberlo entendido ya. Le toca a él salir antes del viernes a anunciar su retiro. Calmaría las aguas y serviría la mesa para el acuerdo fundador de una nueva era en el IFE. Un acuerdo, por cierto, donde sus amigos perredistas podrían quedar muy bien parados.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 28 de enero.
Que todo depende del ministro Genaro Góngora Pimentel si desea seguir en la lucha por la presidencia del nuevo Consejo General del IFE.
De acuerdo con Javier González Garza, coordinador de los diputados perredistas que están de vacacio… perdón, de reunión plenaria en Los Cabos, ese partido apoyará al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre y cuando él no se eche para atrás, y que ellos no lo andan negociando por nada, aunque suene a Duvalyn:
—Tu negocias algo cuando lo tienes; nosotros no tenemos a (Genaro) Góngora; Góngora no es nuestro; Góngora es patrimonio de la nación (sic).
Garza dijo que, como sea, también revisarán con lupa a los demás aspirantes
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 28 de enero.
El PRD, que ha venido impulsando prioritariamente la candidatura del ministro Genaro Góngora, insiste en sus virtudes como eventual presidente del IFE, si bien se dice dispuesto a explorar otras posibilidades (no empecinarse en Góngora, pues). En un trascendido se manejó hace semanas la versión de que Góngora mismo veía lo fútil y pesaroso de continuar en la puja, aunque no ha declinado públicamente. Javier González Garza, el coordinador de la diputación perredista, ha dicho que, “si el PAN y el PRI quieren objetar (a Góngora), que lo hagan públicamente” (26/Ene/08). No está mal esa propuesta y debiera ser extensiva a todos los partidos sobre su respectivo veto, pues al menos nos deberían comunicar las razones para oponerse a tal o cual candidato. No lo hacen porque frecuentemente sus argumentos son mezquinos y decirlo públicamente puede generarles algún costo de imagen. Andrés López Obrador al menos dijo públicamente por qué no le gustaba Mauricio Merino, argumentos que el público enterado puede al menos sopesar y valorar (aunque la decisión final siga en manos de los partidos).
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 28 de enero.
Si Javier González Garza, para hacer sentir que los perredistas sostendrán la candidatura de David Góngora Pimentel, se atrevió a decir que el “ministro es un patrimonio de México”, frase que molestó hasta a sus compañeros de la Corte, en la bancada de Acción Nacional revivieron la candidatura para presidir al IFE a Mauricio Merino.
Juan Guerra sabe del veto que los panistas sostienen en contra de Góngora Pimentel y que el ministro debería retirar su postulación antes de caer en el ridículo, antes de que este hombre que ha ocupado las posiciones más altas de la judicatura mexicana vaya a recibir la humillación de ser rechazado. La etiqueta que le puso López Obrador, simplemente no se la va a quitar.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 30 de enero.
No entiendo la lógica de Genaro Góngora Pimentel. Con una posición privilegiada, la máxima que puede tener un abogado en el país, como haber sido presidente de la Corte y mantenerse como ministro del máximo tribunal, prefiere irse como consejero al Instituto Federal Electoral. Es un asunto de Poder y Dinero.
Esto sólo lo entendería si formara parte de un proyecto, un negocio. Y no lo digo en cuanto a que busque hacer negocios con el IFE, porque de ello no tengo elementos. Lo que veo es el interés de servirle a López Obrador, como su empleado fiel.
Así lo fue cuando fungió como presidente de la Corte y que se reunían a “acordar” con él en el lujoso restaurante del Cardenal del Sheraton de la ciudad de México. Ahí arreglaban bajo el capricho del Peje, y no de la ley, muchos asuntos jurídicos, sobre todo los relacionados con el gobierno del DF. Por eso Góngora en el IFE pasaría a ser un empleado de la corriente pejista del PRD, y no de la ciudadanía.
Víctor Sánchez Baños, “Poder y Dinero”, Crónica, 1º de febrero.
Así, por ejemplo, no podía ser más burda la defensa del ministro Genaro Góngora por parte del PRD o el hecho de que la comisión de selección haya subido en tres ocasiones el número de los candidatos finalistas, hasta llegar a 39, para que pudieran entrar en la lista los respectivos “gallos” de los partidos mayoritarios, pese a que muchos de ellos quedaron plenamente exhibidos en sus limitaciones e inconsistencias durante la entrevista que sostuvieron con la Comisión.
Llegados a este punto, considerando que el que esto escribe es uno de los 39 candidatos finalistas, muchos me preguntan si ha valido la pena participar en esta convocatoria. A lo que respondo con un rotundo no. Me inscribí pensando que la necesidad de dotar de credibilidad e imparcialidad al IFE daría lugar a un procedimiento de selección neutral y objetivo. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que el proceso ha estado contaminado de principio a fin por los partidos mayoritarios y sus afanes por mantener posiciones en el IFE acordes a sus intereses, por lo que los académicos independientes no tenemos ninguna posibilidad de figurar, por más que nuestros méritos profesionales sean excepcionales.
César Cansino, El Universal, 1º de febrero.
Mauricio Merino.
Se inscribió también Mauricio Merino, quien ya dio la medida de su poca o mucha capacidad para los menesteres electorales, pues fue integrante del consejo que ahora busca presidir. En función de ese encargo suscribió decisiones que afectaron gravemente a los partidos —por ejemplo la multa al PRI por mil millones de pesos a propósito de un Pemexgate nunca aclarado—, y por lo mismo se granjeó la enemistad de las cúpulas partidistas.
Sorprendió por ello que Merino entrara a la carrera portando ahora de manera más abierta la estafeta del PAN, pues se necesita nula sensibilidad política para incorporarse con semejante pasado en una competencia en la que los jueces serían los partidos. El resultado no podía ser otro: El PRI quedó atravesado como un burro muerto en su camino.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 15 de diciembre.
Mauricio Merino, otro de los aspirantes a integrar el futuro consejo del IFE, del cual por cierto ya fue parte en la época en que lo encabezó José Woldenberg, comentó que el aplazamiento no sólo viola la ley sino que le agrega más incertidumbre al proceso de selección.
Con base en su experiencia como consejero, Merino es visto por mucho como firme candidato a la presidencia del IFE, sólo que al igual que Góngora tiene "etiqueta", pues en el PRI y el PRD se le identifica como "el candidato de Los Pinos", ya que se le atribuye una gran cercanía con el nuevo dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares.
Alejandro Ramos Esquivel, “Redes de poder”, El Financiero, 17 de diciembre.
Supongo que hay más de un responsable de ello, aunque algunos lo sean más que otros. Por un lado está el cobro de facturas, como la del PRI a Mauricio Merino, al haber respaldado la famosa multa del Pemexgate. Pero Merino también multó al PAN por lo de Amigos de Fox, lo que no impidió que ese partido le extendiera su confianza. Lo que al PRI aún le irrita es que en 1996 fue justo ese partido quien propuso a Merino como una de sus “cuotas”, esperando por lo tanto que actuara favoreciéndolo. La multa al PRI resultó un claro reflejo de autonomía de Merino, pero eso fue tomado por el tricolor como una “traición”, algo que en las mafias jamás se perdona.
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 17 de diciembre.
Mauricio Merino es uno de los aspirantes a consejeros electorales del IFE más calificados para remplazar a Luis Carlos Ugalde lo asegura el diputado Diódoro Carrasco, pero sabe que está vetado por López Obrador y por una parte del PRI, que le cobra la vieja factura de la multa por el Pemexgate. “No tengo ninguna posibilidad”, admite.
Pero el investigador del CIDE no va a renunciar, por dos motivos: el jurídico y el personal, al atropellado proceso de renovación del Consejo General del IFE, que trae a los diputados de cabeza. Alega que jurídicamente no hay nada a qué renunciar, toda vez que la convocatoria desapareció con la entrada en vigor del Cofipe. Lo segundo, subraya, “es un capricho”. No quiere dar oportunidad a quienes lo vetaron que digan “Merino renunció”, para justificar la exclusión. “Yo quiero que me digan por qué no quedé”, nos dice.
Consejero electoral del IFE en tiempos de José Woldenberg, el profesor Merino tiene claro que hay ingredientes de vendettas personales en su exclusión. Uno de los priistas que más se movieron para sacarlo de la jugada es Felipe Solís Acero, ex secretario ejecutivo del Consejo General del IFE. El investigador del CIDE pidió en ese entonces su remoción, con el alegato de que trabajaba abiertamente para el PRI, “y no me equivoqué”, presume, muy orondo.
Solís Acero es, en la actualidad, el brazo derecho del poderoso senador del tricolor Manlio Fabio Beltrones.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 23 de enero.
Pero hay más sorpresas en la historia de Merino. Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, se lo llevó entre las patas. El Güero personalmente le pidió que se registrara como aspirante. Merino interpretó que eso significaba el respaldo o, por lo menos, el no veto, de la bancada amarilla. Error. No incluyó en sus cálculos el factor López Obrador.
El investigador, por cierto, considera positiva la iniciativa del PRD de nombrar de un jalón a los seis consejeros electorales que remplazarán a quienes se tienen que ir por obra y gracia del legítimo entre ellos el presidente consejero. Pero cree que a la hora buena acabará por imponerse el cuoteo partidario. Dos para el PAN, dos al PRI, dos al PRD.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 23 de enero.
Héctor Larios, el coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, nos dicen que ha consultado y trata de convencer al priista Emilio Gamboa para que no rechace a Mauricio Merino. En diciembre pasado fue descartado, pero todo indica que PAN y PRD buscan negociar.
El panista se ha acercado a Gamboa Patrón para que apoye a Merino y al parecer Larios le comentó que los panistas no vetarían a Góngora, si éste va como uno más de los consejeros y no intenta presidir el IFE. Sólo que el priista no se manda solo y Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones tienen algo que decir sobre Merino, a quien consideran el autor de la multa de los mil millones de pesos por el escándalo del Pemexgate que le aplicó a su partido.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 30 de enero.
Los otros candidatos.
Medio millar de aspirantes entre incautos, vivales y uno que otro honorable, acudieron a la falaz convocatoria para concursar por las tres vacantes que dejarían Luis Carlos Ugalde y dos consejeros todavía no seleccionados. Un juego de máscaras en el que muchos de esos prospectos no eran ciudadanos rasos sin partido, sino vergonzantes personeros de las distintas formaciones políticas, y en el que los electores no son diputados sino representantes de partidos y para colmo ni siquiera el pleno cameral, sino una trinca.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 15 de diciembre.
Es cierto que en esa primera lista había de todo: actores, veterinarios y ciudadanos que no cumplían con ninguno de los requisitos establecidos en la convocatoria, pero también había decenas de profesionales que actuaron de buena fe y confiaron en que realmente se trataba de una consulta.
A ninguno de ellos se le explicó por qué fue descartado. Los cientos de aspirantes sólo fueron usados para legitimar una decisión que tomarán exclusivamente tres diputados sin tomar en cuenta la “consulta”.
Tenían prisa por correr a Ugalde y paradójicamente, el ahora ex presidente del IFE contribuyó, con su renuncia de ayer, a no hacer más grande la crisis generada por el “error de diciembre” de los legisladores.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 15 de diciembre.
Una historia muy parecida a la de Merino protagonizó la ex fiscal para delitos electorales, María de los Angeles Fromow, cuyo desempeño con más pena que gloria por aquella responsabilidad no le impidió formarse en la fila de aspirantes. El desenlace fue el esperado: El veto del PRD.
También con estandarte de panista entró en la carrera el analista Benito Nacif, quien apenas días antes, en reuniones con periodistas, había dicho que esta vez no entraría en la competencia para tratar de formar parte del IFE, sino que esperaría hasta el año próximo. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de decisión? Quizá la percepción de que se trataba de un proceso amañado que derivaría en un río revuelto.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 15 de diciembre.
Esto parece no afectarle a la Cámara de Diputados, pues consideran que 2008 sigue siendo (ahora la primer semana de febrero) el momento ideal para solucionar un problema que crea crisis en la legitimidad de las instituciones. Pues claro, hasta que no consigan un títere que ahora sí puedan manejara a su antojo, las opciones de los partidos se han visto privilegiadas: Mauricio Merino (PAN), José Fernando Ojesto Martínez Porcayo (PRI) y Genaro Góngora Pimentel (PRD).
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 15 de diciembre.
Y con pancarta del PRD entró también en la pista el doctor Lorenzo Córdova, quien es todavía uno de los menos impugnados, pero a quien se le atribuye —en versión hasta ahora no desmentida— no la ilegalidad, mas sí el abuso de haber sido uno de los primeros en cobrar una dote por boda de dos meses de regio sueldo, en sus tiempos de asesor de José Woldenberg, cuando supuestamente en el IFE se respiraba un aire limpio y puro.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 15 de diciembre.
Ahora sólo queda ver quién de estos nombres gana la apuesta partidaria y se avienta el paquetito, primero de llenar los zapatos que le hicieron dejar a Ugalde (y a su vez los zapatos todavía más grandes que en su momento había dejado Woldenberg), no sólo por aguantar tan bien la indecisión de los legisladores, sino el saber cuestionado su trabajo y defenderlo a capa y espada, además el personaje que ahora quede al mando del Instituto Federal Electoral tendrá la obligación de ganarse la confianza de todo el pueblo mexicano, para hacerlo ver como la institución de verdadera elección.
Si de verdad fue Ugalde la cabeza que pidió el PRD para “sanar” el proceso electoral, ahora el siguiente al mando tendrá que “sanar” esta decisión tanto para reivindicar la figura del PRD ante la población, como para “sanar” la figura de la señora democracia que tanto se ha visto violentada desde 2006 con el presidente legítimo y las consecuencias de sus chocodiscursos.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 15 de diciembre.
Porque lo que está claro es que en este proceso no se estancó el asunto por motivos de perfil, de experiencia o trayectoria académica. Entre los aspirantes hay extraordinarias personas con mucho talento y méritos plenos para dirigir el IFE.
No. Se atoró porque todos vetan a todos. Porque nadie acepta que no lleguen sus incondicionales. Se atoró porque no saben ceder, porque quieren quedarse con todo. Se atoraron porque la discusión no es de perfil, es de incondicionalidad, pero sobre todo porque la intransigencia se ha hecho dueña del proceso.
Luciano Pascoe Rippey, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 16 de diciembre.
¿Qué fueron, si no una farsa, la convocatoria abierta, la inscripción voluntaria, la presentación de un ensayo y la pasarela televisiva? Lo que debió ser un proceso abierto se convirtió en un tribunal de la santa inquisición legislativa, en donde los incautos que acudieron de buena o mala fe igualmente fueron víctimas del insulto, el escarnio y la demostración de fuerza de una partidocracia arrogante, soberbia y autoritaria que literalmente tenía frente a sí, de rodillas, implorando por una oportunidad por salvar a la patria, a los aspirantes a consejeros.
Y en efecto, frente a esa insultante demostración de fuerza que dieron los jefes parlamentarios del PAN, PRD y PRI, los “suspirantes” estaban indefensos. ¡Ay de aquel que se atreviera a cuestionar a los “barones del Congreso”, a los “verdaderos dueños del poder” en México! Porque entonces era descalificado, si no es que ya había sido vetado con sólo conocer su nombre. Y si llegaba con el veto a cuestas, entonces la medicina era el escarnio público, el insulto y la agresión. ¿Cuál fue el mensaje de la convocatoria para seleccionar a los nuevos consejeros del IFE, mediante el método que se propuso y que provocó una asistencia de casi 500 postulantes?
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 16 de diciembre.
Los consejeros actuales no pueden mantenerse en sus cargos por voluntad propia. En todo caso, cualquiera de los 39 finalistas de la convocatoria recientemente desarrollada tendría el mismo derecho a ejercer el cargo de consejero electoral, o incluso a demandar la posición de consejero presidente. Todos potencialmente forman parte del nuevo Consejo General, aunque ninguno –ni entre los 39 finalistas, ni entre los ocho veteranos– haya recibido el nombramiento legal correspondiente. Así como hoy Andrés Albo se ostenta como consejero presidente interino, este cargo también podría ser reivindicado con la misma legitimidad por Mauricio Merino, Genaro Góngora, Marco Antonio Baños o cualquier otro de los finalistas
John Ackerman, La Jornada, 17 de diciembre.
La fórmula para resolver la sustitución de los consejeros era evidente: para lograr el consenso y la credibilidad se necesitaba de personalidades respetadas y que fueran sostenidas por cada una de las fuerzas políticas. El método de la negociación, por definición, no podía ser el del veto o el del mayoriteo. Era asegurar el consenso a partir de la aceptación de las primeras propuestas de cada grupo, y no del ejercicio del veto que sólo degradaría el proceso de selección y provocaría la confrontación
Manuel Camacho Solís, El Universal, 17 de diciembre.
Ahora, en toda la negociación de los consejeros del IFE el perredismo mantuvo una posición dura. Fue el que descalificó a Jorge Alcocer y provocó la salida de María Marván, harta de los insultos de Valentina Batres. A Mauricio Merino le aplicó desde el principio una dura crítica, inaceptable para un ex consejero con grandes cualidades, y lo vetó, aunque sucedió, lo mismo que a Merino, a la segunda vuelta de la elección, a la ex fiscal María de los Ángeles Fromow, una funcionaria que hizo un trabajo ejemplar en 2006. Como reacción a la intransigencia perredista, se dio un veto, injusto, pero derivado de esa lectura política, a Eduardo Huchim. En las calificaciones de la primera ronda, los perredistas utilizaron el mecanismo de dejar casi en cero a todos con los que no estuvieran de acuerdo. Eso obligó a utilizar en la Comisión de Gobernación “criterios adicionales”, que terminaron construyendo una lista de 39 aspirantes a las tres posiciones en el IFE
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 17 de diciembre.
La calificación numérica establecida para evaluar a cada aspirante nos explican diputados que diseñaron el modelo—, no fue tanto con miras a dar una calificación al estilo de empresas o universidades y, por tanto, determinante para elegir a los tres nuevos consejeros. Ese es un formato absolutamente meritocrático que no puede funcionar enteramente en un proceso donde lo que está en juego son intereses políticos. Se trataba simplemente de homologar las opiniones a partir de ciertos criterios, como la claridad de ideas, la facilidad de exposición y el conocimiento del tema, en lugar de simplemente quedarse con opiniones genéricas como “estuvo bien” o “estuvo regular”. Pero, tratándose de un proceso político, el sistema de calificación numérica rápidamente se desvirtuó, de modo que la estrategia seguida por algunos legisladores fue la de evaluar deliberadamente bajo a los aspirantes que querían vetar, poniéndoles incluso la nota de “cero” cuando la escala iba del uno al cinco. Por eso mismo, no debieron los legisladores utilizar esa evaluación para conformar la lista final, de la que surgirían los tres consejeros buscados. Y también debido a eso, cuando se percataron de que algunos de los aspirantes más calificados al margen de sus afinidades no tenían el puntaje originalmente establecido como umbral, tuvieron que bajar éste. Resultaba absurdo que muchos de los participantes con mayor experiencia y conocimiento en la materia fueran “reprobados”. Pero flexibilizar la lista original de finalistas, ya fue visto con desconfianza por la opinión atenta, como parte de un proceso contaminado políticamente. El colmo fue, evidentemente, que no se haya llegado a un acuerdo en los tiempos establecidos, habiendo 39 estupendas cartas que barajar para ocupar sólo tres lugares. Con ello se mandó el mensaje de que todo había sido un teatro legitimador, con miras a llegar, a final de cuentas, al mismo viciado procedimiento que ya había demostrado su ineficacia hace cuatro años
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 17 de diciembre.
Más allá de las razones legales para la renuncia de los consejeros actuales, su separación actual también tendría un beneficio práctico. Una de las principales razones de la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados es que únicamente se están negociando tres posiciones en el Consejo General. Así como en un juego de ajedrez nadie está dispuesto a cambiar su reina por un alfil, en el proceso de negociación de los nuevos consejeros ninguno de los tres partidos grandes está dispuesto a ceder la presidencia del IFE a cambio de un consejero. La situación sería muy diferente si el nuevo Cofipe no hubiera concentrado en la figura del consejero presidente tantos poderes y atribuciones, o si por otro lado, existieran más lugares disponibles a negociar en el Consejo General. En lugar de arremeter contra el Congreso de la Unión, los consejeros actuales deberían hacer todo lo posible por facilitar la construcción de acuerdos.
Aun sin más renuncias, sería muy conveniente que los diputados nombraran lo más pronto posible no solamente al consejero presidente y a los dos nuevos consejeros que entrarían en funciones de manera inmediata, sino que también eligieran a los otros tres ciudadanos quienes fungirían como consejeros a partir del 15 de agosto de 2008. El transitorio no pone ningún obstáculo a tal nombramiento, ya que únicamente señala que la elección de estos otros consejeros tiene que ocurrir “a más tardar el 15 de agosto de 2008”. Al abrir el abanico de posibilidades, la elección simultánea de los seis nuevos consejeros electorales agilizaría de manera significativa los acuerdos y consensos entre las fracciones parlamentarias y evitaría otro impasse en la negociación.
John Ackerman, La Jornada, 17 de diciembre.
¿Qué queda de todo esto? La pequeñez, la necedad, los excesos de unos y otros. PAN y PRI maniobraron para meter a los suyos, pero temerosos de pagar los costos de 2003, al final recularon. Las comparecencias se convirtieron en juicios sumarísimos: los aspirantes fueron sometidos a un golpeteo grosero; muchos diputados de la Comisión de Gobernación vieron en las comparecencias la oportunidad para arrinconar, exhibir y “reventar” a quienes asumieron, con o sin razón, como cercanos a sus adversarios.
Un método simplón de evaluación dejó fuera a algunos de los prospectos mejor calificados como Eduardo Huchim y Fernando Serrano Migallón. En el caso de Huchim, se pretendió justificar la exclusión “porque no pudo probar la equivalencia a estudios de licenciatura”. Pero la obra publicada, su trayectoria que incluye su paso como consejero del IEDF, daban para eso y más. ¿Por qué Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, no llegó a la final? ¿Quiénes lo decidieron? ¿Sinodales con menores méritos que los rechazados?
Alfonso Zárate, “Usos del poder”, El Universal, 19 de diciembre.
La razón se encuentra en el hecho de que el IFE será determinante en las elecciones presidenciales. De ahí que no estén en juego cargos irrelevantes en alguna institución de tercer o cuarto nivel, sino que todo parte del criterio de que el consejero presidente del IFE será vital para las próximas elecciones presidenciales. De ahí que Góngora vaya a trabajar por López Obrador para la presidencia y Alcocer iba a hacer lo mismo para el candidato presidencial del PRI.
En este contexto debe entenderse el colapso del IFE por la imposibilidad de designar a un consejero presidente y la renuncia de Luis Carlos Ugalde haya sido un adelanto del proceso electoral presidencial de 2012. Con astucia, el PRI maniobró subterráneamente para reventar el proceso usando al PRD como la mano del gato. Toda la reforma electoral de la bancada priista en el Senado giraba en torno a la imposición de Jorge Alcocer como consejero presidente.
El problema de Góngora y Alcocer era que llegaban con la marca de la casa. Alcocer, inclusive, había sido el arquitecto de la reforma electoral, por lo que llegó al absurdo de hacer una reforma para sí mismo, con el aval del PRI. Góngora pudo explotar su alianza con López Obrador, pero llegaría al IFE con algunos puntos oscuros en su pasado como ministro: su papel en el maxiproceso de Cancún para encarcelar a Mario Villanueva por instrucciones del entonces presidente Zedillo y su alianza no muy clara con el empresario Carlos Cabal Peniche.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 19 de diciembre.
La página de transparencia de la Cámara de Diputados es blog de catarsis para los aspirantes a consejeros del IFE rechazados de la contienda. Hay mensajes de quienes llenaron los requisitos. “No fui considerado para la entrevista, ¿me podrían decir el porqué?…”, reclama uno. Otro exige de regreso su documentación, “ya que está un ejemplar de mi libro y una copia certificada de mi acta de nacimiento”.
“Frentes Políticos”, Excélsior, 20 de diciembre.
Prevalece una sensación de engaño que auspicia y multiplica la desconfianza ciudadana en la capacidad de reforma de aquellas instituciones que deberían mantenerla y reproducirla. Por desgracia, algunos de los actores principales siguen creyendo que así es la “normalidad democrática”, un juego caprichoso de intereses dominados por grupos de interés, donde la racionalidad es un lujo innecesario, sometible siempre al principio de mayoría. Por eso no es improbable que en el caso del IFE se redite una salida semejante a la de 2003, pero ahora marcada por el descrédito y la polarización política.
Por lo pronto, Mauricio Merino ha reiterado públicamente que estamos ante un acto inconstitucional que afecta tanto al procedimiento para elegir al nuevo Consejo General, como al conjunto de las decisiones que dicho instituto adopte en esta situación y ha exigido respuestas claras a los legisladores. Pero éstas no se han dado.
Adolfo Sánchez Rebolledo, La Jornada, 20 de diciembre.
A los seis o siete aspirantes que llegaron a la recta final en la frustrada selección de consejeros del IFE nadie les comunicó oficialmente si, al reanudar las negociaciones interrumpidas por el desacuerdo de diciembre, sus nombres seguirán en la lista de candidatos o si los partidos piensan dar por cerrado el cuestionado proceso de elección y comenzar a negociar de cero. En todo caso a varios de esos nombres, entre los que se encontraban Benito Nacif, Carlos Sirvent, Genaro David Góngora, Lorenzo Córdova, Ezra Shabot o Marco Antonio Baños, se les ha escuchado decir que con ellos ya no cuenten en febrero y más de uno habla molesto de retirar su candidatura ante el desaseo y la forma tan burda con que se manejó el proceso de selección…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 3 de enero.
Leonardo Valdez Zurita nos asegura que si el ministro de la Corte David Góngora Pimentel retira su propuesta para encabezar el IFE, el PRD estaría en condiciones de apoyarlo. Manlio Fabio Beltrones no lo ve mal, al igual que el coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, por su carrera académica y por tener conocimientos amplios en la materia.
Y Héctor Larios, el coordinador panista, no lo vetaría. El único que se negó a recibir a los aspirantes a consejeros fue Santiago Creel Miranda, para no intervenir en el proceso. Entre los panistas aumenta la idea de que Mauricio Merino perdió la oportunidad, porque estuvo en el grupo de bajas calificaciones.
Valdez Zurita reconoce que algunas fallas de los consejeros actuales se deben a su inmadurez para tratar muchos asuntos, algunos eran soberbios. Llegaron sin contar con la experiencia necesaria. Pero también está la versión de que Luis Carlos Ugalde siempre jugó con un grupo y ello propició muchos problemas y la fractura también.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 15 de enero.
El PAN debe reflexionar seriamente sobre qué IFE es el que mejor conviene a la democracia nacional. Su confusión ha dado lugar a que los enemigos de siempre de la democracia avancen en su pretensión de construir instituciones electorales débiles y, por lo mismo, propensas a la presión e influencia. Más por inducción de los capos del Congreso que por causa propia, el Consejo General vive su peor momento: divididos, erráticos y, especialmente, a la defensiva. Una mala integración del Consejo significa que la descomposición se prolongue, como lo desean quienes pretenden que las elecciones se resuelvan al margen de la legalidad a la que dio origen al IFE.
Federico Berrueto, Milenio, 27 de enero.
El mayor problema para lograr exitosamente la designación de los nuevos consejeros radica en el futuro presidente del Consejo, habida cuenta de que sus de por sí grandes facultades administrativas se han visto ampliadas por el Cofipe reformado. Por lo cual, los partidos se ven tentados a forzar su respectiva propuesta para ocupar ese importante cargo, además de que cada uno, debido a razones distintas, se siente con derecho a ello: el PAN, por ser el partido del gobierno; el PRI, al ser el partido bisagra para que haya o no reformas y, el PRD, por haber quedado excluido del anterior proceso para designar al Consejo del IFE. Bien sabemos ya que los partidos más grandes han vetado, por diversas razones, a los candidatos de mayor peso y experiencia para llenar ese vacío, existente desde 2003 (pues el hueco no se abrió cuando Luis Carlos Ugalde salió del IFE, sino cuando llegó a él). Y si bien es cierto de que partimos de la conveniencia (o incluso, necesidad) de que el presidente del IFE cuente con el consenso de los tres partidos mayores, también lo es que éstos descalifican a uno u otro candidato, con argumentos nimios
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 28 de enero.
El alegato de López Obrador resultó uno sin pies ni cabeza: que Merino era el candidato del PRIAN y lo probaba el hecho de que fue propuesto por el PRI en 1996 y ahora lo es por el PAN. Bueno, que los ciudadanos juzguen y evalúen lo razonable o absurdo de tales motivos (que son absurdos, a mi juicio).
Pero los demás partidos deben hacer lo propio con respecto a los prospectos que vetan. El PAN ha sugerido que no le gusta Góngora por su cercanía personal con López Obrador, lo cual puede ser sin duda una razón de peso (aunque al PAN no le importó demasiado la cercanía de sus consejeros, por él propuestos en 2003, con Felipe Calderón). El argumento me parece atendible: mientras menor el vínculo personal del presidente del IFE con alguno de los precandidatos, mejor. Pero el PRI parece manejar tras bambalinas argumentos menos razonables, como el hecho de que Góngora votó en la Corte a favor de sancionar moralmente al gobernador Mario Marín. Y también veta a Merino por haberlo multado a raíz del Pemexgate. Y es que el PRI, recordémoslo, no tolera ni perdona que alguien quiera sancionarlo a él o a sus miembros. La impunidad debe ser total. Con el gobierno de Vicente Fox no hubo problema al respecto y difícilmente lo habrá con el de Calderón
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 28 de enero.
Y si los presidentes no osan tocar al PRI, que lo hagan funcionarios menores (como un ministro de la Corte o un consejero del IFE) es inadmisible. Y, si lo hacen o lo intentan, que se atengan a las consecuencias. Bueno, esperemos que al menos el PRI divulgue frente a los ciudadanos sus razones para vetar a tal o cual candidato, en lugar de hacerlo sólo por debajo de la mesa.
Y si el PRD veta a Fernando Ojesto por haber contribuido desde el Tribunal Electoral ha elaborar el confuso, sesgado, incongruente y poco exhaustivo dictamen de la elección presidencial de 2006 o a María de los Ángeles Fromow, al haberse hecho de la vista gorda con el asunto de la propaganda en línea, salida de oficinas gubernamentales, pues que lo diga también de cara al público. Así la ciudadanía podrá al menos juzgar lo razonable o ruin de las razones por las cuales tal partido veta a tal personaje. Que se ventilen los argumentos, ya que de cualquier manera se volvió a caer en la dinámica de las cuotas, lo cual por lo visto resulta inevitable en tanto los partidos sean quienes designen al Consejo del IFE
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 28 de enero.
La reducción de tiempo y financiamiento de las campañas electorales responde a una amplia demanda de la sociedad, afirmó el candidato a consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Leonardo Valdés Zurita.
Su declaración sirve para reabrir el tema de la elección de nuevos integrantes del Consejo General del IFE, asunto que ocupará la atención de los diputados federales en los próximos días y al inicio del inminente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Ex consejero electoral en el DF y uno de los aspirantes con mejor calificación entre los 39 candidatos sobrevivientes en el proceso de elección de la Cámara de Diputados, Valdés Zurita también es partidario de fortalecer a las autoridades electorales y, en este sentido, considera muy importante la función que desempeñará el recién creado órgano de fiscalización del IFE.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 29 de enero.
En ese sentido, no está de más insistir en el perfil idóneo de los próximos consejeros y que debería prevalecer en la selección final que hagan los legisladores: 1) tener solidez académica, liderazgo y prestigio intelectual en el campo político-electoral; 2) contar con una obra académica profusa y reconocida tanto en México como en el extranjero; 3) contar con una trayectoria comprometida con el avance de la democracia y la reforma del Estado en México; 4) contar con una obra crítica y no complaciente con intereses políticos y partidistas de ningún tipo; 5) haber dado muestras fehacientes de absoluta independencia partidista; 6) no haber estado vinculado o haber trabajado como asesor, consultor, ideólogo o funcionario en ningún partido, fundación de un partido, dependencia pública estatal o paraestatal, o gobierno a lo largo de toda su trayectoria profesional; 7) no participar o haber participado de los grupos, camarillas o instituciones intelectuales o académicos que tradicionalmente han monopolizado e intercambiado entre sí cuotas de poder e influencia y se han repartido arbitrariamente puestos, cargos y privilegios; 8) no haber fungido como vocero o representante o candidato de organizaciones civiles de ningún tipo tan proclives a autoproclamarse como “representantes” de la sociedad civil y muchas de las cuales han hecho de esa supuesta representación una forma de lucro de sus líderes más que de lucha social auténtica; 9) no haber ocupado en el pasado alguna responsabilidad en el IFE o en algún otro organismo electoral del país, y mucho menos como consejero titular o suplente, pues resultaría a todas luces incongruente con las pretensiones de la nueva legislación electoral nombrar como funcionario electoral a alguien que ya había sido favorecido antes por los partidos mediante el tan cuestionado mecanismo de cuotas que prevaleció en el pasado inmediato; 10) y por las mismas razones, no haber ocupado en el pasado ninguna responsabilidad en algún otro organismo constitucional autónomo (IFAI, CNDH, etcétera), donde más que los méritos profesionales lo que ha contado en el nombramiento de sus cuadros son sus simpatías, vínculos y contactos con los partidos y otras autoridades
César Cansino, El Universal, 1º de febrero.
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