21 comentarios, 7.11% de los 295 sistematizados, se concentran en los candidatos q consejeros electorales que se quedaron en el camino.
El jurista Raúl Carrancá anunció que hoy pedirá amparo contra la inconstitucional elección de consejeros del IFE.
Que son dos violaciones: negar su aspiración a ser consejeros a quienes habían tenido un puesto de representación popular.
E incumplir los plazos para nombrar consejeros.
Afirma que se anulará la decisión de la Cámara.
Pepe Grillo, Crónica, 8 de febrero.
Si alguien tenía merecimientos para encabezar los trabajos del Instituto Federal Electoral era el ministro David Góngora Pimentel, pero Héctor Larios y Santiago Creel lo vetaron sin razón, sin revisar su currícula, argumentando que el líder de un partido le podría dar órdenes. Si eso sucediera, seguramente “que mandaría a la chingada a quien intentara darle línea”.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 8 de febrero.
Góngora fue apaleado, y se vengó.
En la Corte tenía desde el martes la controversia constitucional del GDF contra el Congreso y el presidente Calderón, por supuesta inequidad en el reparto de apoyos federales aprobados por la Cámara. Ebrard dice que perderá 22 mil millones de pesos en cinco años.
Al tiempo que lo quitaban de la lista para el IFE, Góngora dio entrada a dicha controversia, pero no autorizó que deje de aplicarse el acuerdo de diputados.
Por lo cual la guillotina sigue arriba de los recursos para el DF.
Pepe Grillo, Crónica, 8 de febrero.
El caso del ministro Góngora merece un aparte, ahora que sale a flote cómo fue utilizado como señuelo, llevada su propuesta a la presidencia del IFE hasta el final para encarecerla y, al final, bajarlo y canjearlo por otro.
El maestro Góngora Pimentel lo debió haber visto o escuchado a quienes se lo señalaban pero no lo hizo, creyendo que era un complot externo, cuando era interno.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 8 de febrero.
La cerrazón en torno de Góngora le dio al PRD la oportunidad de dominar el proceso mediante el alargamiento de los plazos hasta el infinito si le hubiera sido necesario. Si no le hubieran dado la presidencia en este momento no habría nada, excepto la extensión del plazo ya rebasado.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 8 de febrero.
¿Y dónde quedó Mauricio Merino?
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 8 de febrero.
No ha sido verdad en este caso que lo que bien comienza bien acaba. Después de una convocatoria promisoria, que aunque fuera en sus mínimos satisfacía aspiraciones sociales relativas a la transparencia en la designación de miembros del principal órgano electoral, los legisladores responsables de hacerla fueron de traspié en traspié. Cuando declararon que poco más de 100 de los cerca de 500 aspirantes satisfacían los requisitos de ley y de la convocatoria, omitieron explicar al público y a cada uno de los eliminados la razón para no incluirlos. Esa decisión caprichosa, insostenible, inexplicada, que no se fundó ni motivó, fue no sólo un acto de descortesía para los inscritos no tenidos en cuenta, sino para la sociedad, que vio cómo la opacidad comenzaba a tenderse sobre un escenario donde cada paso debía darse a la luz del día. Quedaron fuera decenas de pretendientes cuya trayectoria pública hizo incomprensible su exclusión. El número es de seguro mayor si se considera a quienes careciendo de proyección en los medios mostraron en sus historiales méritos suficientes para ser considerados, los refrendaron frente los ciudadanos a través de las comparecencias ante legisladores difundidas por el Canal del Congreso.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 8 de febrero.
Son varios los ángulos que vale la pena destacar de este novedoso ejercicio político. Me limitaré a comentar tres que, a mi juicio, son centrales.
En primer lugar se dio luz verde al proceso electivo del IFE, mediante un procedimiento público, abierto y eficaz, procedimiento que, ciertamente, debió estar concluido en diciembre pasado, pero que, ante la falta de consensos, se pospuso para no dejar fuera a una de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, el Partido de la Revolución Democrática.
Este fue, sin duda, el incidente más grave de los que ocurrieron durante el proceso de selección y el que más críticas generó contra el Legislativo, pero recuérdese que la misma convocatoria nos ordenaba buscar “el mayor consenso posible”, precisamente el que proveyera de mayor legitimidad a los nuevos consejeros.
Diódoro Carrasco, Milenio, 9 de febrero.
Los nombres para los candidatos no son tan conocidos en el ámbito político como se pudo haber esperado, es más, no son ni los propuestos inicialmente: Javier Santiago Castillo, Carlos Sirvent y Ezra Shabot. Son personajes que en sus perfiles radican estudios y análisis académicos de instituciones prestigiosas en el ámbito de la polaca.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 9 de febrero.
En segundo término cabe destacar los méritos de un proceso de selección ordenado, transparente, legal y con amplia participación ciudadana (487 ciudadanos inscritos), que derivó, luego de un proceso de filtros y valoraciones, en la selección de 39 profesionales, que no sólo reunían los requisitos legales, sino que contaban con el perfil, conocimiento, experiencia profesional y trayectoria para los cargos.
La tarea de selección de los candidatos tocó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, instruida por la convocatoria para revisar los requisitos de los aspirantes, realizar las entrevistas y valorar finalmente a los candidatos, todo lo cual debía culminar –y culminó– en la elaboración de una lista de aspirantes que se presentarían a la Junta de Coordinación Política de la propia Cámara.
Diódoro Carrasco, Milenio, 9 de febrero.
Que poco a poco se van despejando los misterios.
Previo a la decisión de la Cámara de Diputados para designar a los consejeros electorales, el ministro Genaro Góngora se reunió con miembros de la dirigencia nacional del PAN.
Los panistas ofrecieron darle una salida digna que no lastimara su trayectoria profesional, a cambio de que renunciara a su aspiración de presidir el Consejo General del IFE.
Pero Góngora les dijo que no.
“Trascendió”, Milenio, 9 de febrero.
En tercer lugar, con base en la lista mencionada, correspondió a dicho órgano legislativo ¬–integrado por los ocho grupos parlamentarios representados en San Lázaro– construir los acuerdos políticos sobre la base de esforzarse para alcanzar “el más amplio consenso posible”.
Que las ocho fracciones parlamentarias hayan apoyado por unanimidad a los tres nombres de la terna no es un dato menor, sino revelador, primero, de que los partidos pusieron por delante el interés general antes que el interés estrechamente partidista; segundo, que los perfiles de los candidatos eran cuando menos adecuados y que los humores de sospecha y maledicencia habían quedado confinados a sus márgenes habituales, es decir, en los extremos de la falsa radicalidad y el resentimiento.
Diódoro Carrasco, Milenio, 9 de febrero.
El ministro David Góngora debió ser el presidente del Consejo del IFE. Así es porque el recurso para eludir una valoración subjetiva en la selección y de esta manera impedir el propósito de los partidos de hacer del IFE un órgano dócil y sometido, era que la decisión se hiciera a partir de las trayectorias personales de los prospectos de consejeros. Si este criterio hubiere prevalecido el ministro sería el actual presidente. Pero los partidos se fueron por la exclusión, no por la calificación.
Federico Berrueto, Milenio, 10 de febrero.
En las últimas 48 horas he preguntado a diestra y siniestra a especialistas electorales y actores políticos su parecer sobre las nuevas designaciones del IFE. ¿A quién beneficia su nombramiento? ¿Cómo queda la correlación de fuerzas entre los tres partidos? ¿Mejora o empeora el desempeño del IFE? ¿Quién es en realidad Leonardo Valdés Zurita? Durante semanas los legisladores habían deshojado margaritas con nombres mucho más conspicuos (Góngora, Ezra Shabot, Mauricio Merino, Diego Valadés, entre otros), de tal manera que la anticlimática designación de estos tres casi desconocidos ha provocado desconcierto. Salvo la inmediata descalificación por parte de López Obrador, quien de inmediato aseguró que eran más de lo mismo, el resto de las fuerzas políticas apenas comienza a hacer el recuento de posiciones
Jorge Zepeda Patterson, El Universal, 10 de febrero.
Jorge Alcocer es otra baja del proceso. En este caso hubo inconmensurable hipocresía de Acción Nacional y de quienes allí mandan. Respecto a él había resistencia de un sector del PRD (como también la padece Leonardo Valdés), pero su trayectoria acredita profesionalismo y conocimiento como pocos de las prácticas e instituciones electorales. Fue factor en la reforma y eso lo distanció de otros sectores. Al igual que con el ministro Góngora, la razón de su descalificación, más que la ley, fueron los vínculos —reales o supuestos— de quien sustentaba su propuesta. Es inaudito que una de las voces que más trabajaron en su contra haya sido la de Porfirio Muñoz Ledo, conocido por su inexistente lealtad a algo o alguien. Otros casos para lamentar fueron los de Mauricio Merino y Jaime Cárdenas, excluidos por haber cumplido en el pasado consejo del IFE.
Federico Berrueto, Milenio, 10 de febrero.
Salen Alejandra Latapí y Rodrigo Morales, que junto con Luis Carlos Ugalde terminan siendo víctimas de la batalla postelectoral del 2006. Víctimas de la polarización, no de su desempeño. No salen después de un diagnóstico público y claro de sus omisiones profesionales, de sus carencias institucionales. Nada de eso, salen porque alguien tenía que salir y ellos eran, sin duda, los dos eslabones más débiles de la cadena. Los que se quedan hasta agosto —Andrés Albo, María Teresa González y Lourdes López— saldrán bajo la misma lógica. Son débiles políticamente frente a los otros, no necesariamente mejores o peores consejeros. Señal de que algo, en todo este proceso, no estuvo bien.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 10 de febrero.
El ministro Góngora hizo lo que correspondía, mantenerse hasta lo último. Hay algo de razón en quienes dicen que pudo haber declinado en su pretensión, pero lo relevante no es el prestigio de quien tiene una trayectoria que habla por sí misma, sino exhibir el compromiso de los partidos y de quienes allí mandan, con el país y la democracia. Ni duda cabe, para todos, especialmente para quienes se opusieron a Góngora —el Presidente y su partido—, el mejor desenlace posible hubiera sido un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente del IFE.
Federico Berrueto, Milenio, 10 de febrero.
En el camino al Consejo General del IFE quedaron muchos candidatos muy calificados. Genaro Góngora, el ministro de la Suprema Corte, es uno de ellos. Pero también están Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los más brillantes analistas de la legislación electoral de nuestro país; Mauricio Merino, quien fue un magnífico consejero del IFE; y Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otros. Todos ellos fueron vetados por razones que no tenían nada que ver con su competencia.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de febrero.
Como parte de las negociaciones de la reforma electoral, los partidos acordaron una mala salida en su diseño y peor en su implementación: un escalonamiento en tres tiempos (diciembre de 2007, agosto de 2008 y octubre de 2010). Lo que se había calculado como un arreglo de cuotas partidarias, como en los mejores tiempos, tuvo un ingrediente que desajustó la lógica de los partidos: la convocatoria pública, las entrevistas y una supuesta selección abierta de candidatos. En plena época de la transparencia, lo menos que se podía hacer era abrir el proceso de selección. Sin embargo, la abierta contradicción entre la transparencia y los intereses partidistas terminó por reventar el proceso y dar como resultado una carambola de plazos vencidos, vetos, arreglos en lo oscurito, con un resultado extraño, que no fue el mejor.
Lo primero que ocurrió fue que se venció el plazo y en diciembre no se pudo llegar a un acuerdo por consenso, porque prevalecieron los vetos cruzados. De los casi 500 participantes en el proceso se hicieron varias selecciones hasta llegar a un número de 39 integrantes. Por supuesto, la información del proceso de descarte brilló por su ausencia. Los vetos obligaron a los partidos a retomar una negociación, en la que tuvieron que dejar atrás a sus mejores opciones iniciales. Así, como en cualquier negociación, se quemaron nombres de personas que hubieran cambiado de forma importante la imagen del IFE; vino enseguida un manoseo de nombres, en el que lo que menos importaba era cuidar a los candidatos, un enrome maltrato
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 12 de febrero.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, los diputados violaron el artículo transitorio de la Constitución que fijaba el 13 de diciembre como fecha límite para designar al consejero presidente y dos consejeros. Y, finalmente, de la lista de 39 preseleccionados quedaron fuera el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el jurista Lorenzo Córdova y el sociólogo Alfredo Figueroa Fernández, por mencionar tres casos sobresalientes que habrían dotado al Consejo General de dignidad, sabiduría y lucidez
Alfonso Zárate, “Usos del poder”, El Universal, 13 de febrero.
En lo personal, aunque con anticipación me deslindé públicamente del proceso de selección, me siento avergonzado por haber pensado en algún momento que dicho proceso podía ser, ahora sí, dadas las exigencias de la coyuntura, transparente e imparcial; consideración que me llevó a registrar mi candidatura y llegar hasta la lista final de los candidatos. Me llama la atención, por ejemplo, que en una de sus primeras declaraciones, el nuevo consejero presidente dijera que se entrevistó personalmente con los ocho líderes de las bancadas partidistas y con más de 200 diputados para promover su candidatura al IFE. Obviamente, la pasarela con los diputados estaba reservada a unos cuantos, a aquellos que mantenían vínculos directos con algún partido o estaban respaldados por un político importante, no para cualquier hijo de vecino. Pese a todo, todavía hace dos semanas exhortaba a los partidos a que “dejaran ir” al IFE, que en la designación prevalecieran más los perfiles independientes de los candidatos que los perfiles políticos. De nada sirvió. Al final, los partidos mayoritarios se repartieron los puestos con la cuchara grande.
Como resultado, el nuevo IFE seguirá siendo motivo de todo tipo de suspicacias, quedará expuesto al cuestionamiento y el escarnio público al igual que en las elecciones de 2006. Además, si se revisan los antecedentes de los nuevos consejeros, se perfila un nuevo IFE integrado por miembros dóciles, leales y afines ideológicamente a los partidos políticos
César Cansino, El Universal, 15 de febrero.
El jurista Raúl Carrancá anunció que hoy pedirá amparo contra la inconstitucional elección de consejeros del IFE.
Que son dos violaciones: negar su aspiración a ser consejeros a quienes habían tenido un puesto de representación popular.
E incumplir los plazos para nombrar consejeros.
Afirma que se anulará la decisión de la Cámara.
Pepe Grillo, Crónica, 8 de febrero.
Si alguien tenía merecimientos para encabezar los trabajos del Instituto Federal Electoral era el ministro David Góngora Pimentel, pero Héctor Larios y Santiago Creel lo vetaron sin razón, sin revisar su currícula, argumentando que el líder de un partido le podría dar órdenes. Si eso sucediera, seguramente “que mandaría a la chingada a quien intentara darle línea”.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 8 de febrero.
Góngora fue apaleado, y se vengó.
En la Corte tenía desde el martes la controversia constitucional del GDF contra el Congreso y el presidente Calderón, por supuesta inequidad en el reparto de apoyos federales aprobados por la Cámara. Ebrard dice que perderá 22 mil millones de pesos en cinco años.
Al tiempo que lo quitaban de la lista para el IFE, Góngora dio entrada a dicha controversia, pero no autorizó que deje de aplicarse el acuerdo de diputados.
Por lo cual la guillotina sigue arriba de los recursos para el DF.
Pepe Grillo, Crónica, 8 de febrero.
El caso del ministro Góngora merece un aparte, ahora que sale a flote cómo fue utilizado como señuelo, llevada su propuesta a la presidencia del IFE hasta el final para encarecerla y, al final, bajarlo y canjearlo por otro.
El maestro Góngora Pimentel lo debió haber visto o escuchado a quienes se lo señalaban pero no lo hizo, creyendo que era un complot externo, cuando era interno.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 8 de febrero.
La cerrazón en torno de Góngora le dio al PRD la oportunidad de dominar el proceso mediante el alargamiento de los plazos hasta el infinito si le hubiera sido necesario. Si no le hubieran dado la presidencia en este momento no habría nada, excepto la extensión del plazo ya rebasado.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 8 de febrero.
¿Y dónde quedó Mauricio Merino?
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 8 de febrero.
No ha sido verdad en este caso que lo que bien comienza bien acaba. Después de una convocatoria promisoria, que aunque fuera en sus mínimos satisfacía aspiraciones sociales relativas a la transparencia en la designación de miembros del principal órgano electoral, los legisladores responsables de hacerla fueron de traspié en traspié. Cuando declararon que poco más de 100 de los cerca de 500 aspirantes satisfacían los requisitos de ley y de la convocatoria, omitieron explicar al público y a cada uno de los eliminados la razón para no incluirlos. Esa decisión caprichosa, insostenible, inexplicada, que no se fundó ni motivó, fue no sólo un acto de descortesía para los inscritos no tenidos en cuenta, sino para la sociedad, que vio cómo la opacidad comenzaba a tenderse sobre un escenario donde cada paso debía darse a la luz del día. Quedaron fuera decenas de pretendientes cuya trayectoria pública hizo incomprensible su exclusión. El número es de seguro mayor si se considera a quienes careciendo de proyección en los medios mostraron en sus historiales méritos suficientes para ser considerados, los refrendaron frente los ciudadanos a través de las comparecencias ante legisladores difundidas por el Canal del Congreso.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 8 de febrero.
Son varios los ángulos que vale la pena destacar de este novedoso ejercicio político. Me limitaré a comentar tres que, a mi juicio, son centrales.
En primer lugar se dio luz verde al proceso electivo del IFE, mediante un procedimiento público, abierto y eficaz, procedimiento que, ciertamente, debió estar concluido en diciembre pasado, pero que, ante la falta de consensos, se pospuso para no dejar fuera a una de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, el Partido de la Revolución Democrática.
Este fue, sin duda, el incidente más grave de los que ocurrieron durante el proceso de selección y el que más críticas generó contra el Legislativo, pero recuérdese que la misma convocatoria nos ordenaba buscar “el mayor consenso posible”, precisamente el que proveyera de mayor legitimidad a los nuevos consejeros.
Diódoro Carrasco, Milenio, 9 de febrero.
Los nombres para los candidatos no son tan conocidos en el ámbito político como se pudo haber esperado, es más, no son ni los propuestos inicialmente: Javier Santiago Castillo, Carlos Sirvent y Ezra Shabot. Son personajes que en sus perfiles radican estudios y análisis académicos de instituciones prestigiosas en el ámbito de la polaca.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 9 de febrero.
En segundo término cabe destacar los méritos de un proceso de selección ordenado, transparente, legal y con amplia participación ciudadana (487 ciudadanos inscritos), que derivó, luego de un proceso de filtros y valoraciones, en la selección de 39 profesionales, que no sólo reunían los requisitos legales, sino que contaban con el perfil, conocimiento, experiencia profesional y trayectoria para los cargos.
La tarea de selección de los candidatos tocó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, instruida por la convocatoria para revisar los requisitos de los aspirantes, realizar las entrevistas y valorar finalmente a los candidatos, todo lo cual debía culminar –y culminó– en la elaboración de una lista de aspirantes que se presentarían a la Junta de Coordinación Política de la propia Cámara.
Diódoro Carrasco, Milenio, 9 de febrero.
Que poco a poco se van despejando los misterios.
Previo a la decisión de la Cámara de Diputados para designar a los consejeros electorales, el ministro Genaro Góngora se reunió con miembros de la dirigencia nacional del PAN.
Los panistas ofrecieron darle una salida digna que no lastimara su trayectoria profesional, a cambio de que renunciara a su aspiración de presidir el Consejo General del IFE.
Pero Góngora les dijo que no.
“Trascendió”, Milenio, 9 de febrero.
En tercer lugar, con base en la lista mencionada, correspondió a dicho órgano legislativo ¬–integrado por los ocho grupos parlamentarios representados en San Lázaro– construir los acuerdos políticos sobre la base de esforzarse para alcanzar “el más amplio consenso posible”.
Que las ocho fracciones parlamentarias hayan apoyado por unanimidad a los tres nombres de la terna no es un dato menor, sino revelador, primero, de que los partidos pusieron por delante el interés general antes que el interés estrechamente partidista; segundo, que los perfiles de los candidatos eran cuando menos adecuados y que los humores de sospecha y maledicencia habían quedado confinados a sus márgenes habituales, es decir, en los extremos de la falsa radicalidad y el resentimiento.
Diódoro Carrasco, Milenio, 9 de febrero.
El ministro David Góngora debió ser el presidente del Consejo del IFE. Así es porque el recurso para eludir una valoración subjetiva en la selección y de esta manera impedir el propósito de los partidos de hacer del IFE un órgano dócil y sometido, era que la decisión se hiciera a partir de las trayectorias personales de los prospectos de consejeros. Si este criterio hubiere prevalecido el ministro sería el actual presidente. Pero los partidos se fueron por la exclusión, no por la calificación.
Federico Berrueto, Milenio, 10 de febrero.
En las últimas 48 horas he preguntado a diestra y siniestra a especialistas electorales y actores políticos su parecer sobre las nuevas designaciones del IFE. ¿A quién beneficia su nombramiento? ¿Cómo queda la correlación de fuerzas entre los tres partidos? ¿Mejora o empeora el desempeño del IFE? ¿Quién es en realidad Leonardo Valdés Zurita? Durante semanas los legisladores habían deshojado margaritas con nombres mucho más conspicuos (Góngora, Ezra Shabot, Mauricio Merino, Diego Valadés, entre otros), de tal manera que la anticlimática designación de estos tres casi desconocidos ha provocado desconcierto. Salvo la inmediata descalificación por parte de López Obrador, quien de inmediato aseguró que eran más de lo mismo, el resto de las fuerzas políticas apenas comienza a hacer el recuento de posiciones
Jorge Zepeda Patterson, El Universal, 10 de febrero.
Jorge Alcocer es otra baja del proceso. En este caso hubo inconmensurable hipocresía de Acción Nacional y de quienes allí mandan. Respecto a él había resistencia de un sector del PRD (como también la padece Leonardo Valdés), pero su trayectoria acredita profesionalismo y conocimiento como pocos de las prácticas e instituciones electorales. Fue factor en la reforma y eso lo distanció de otros sectores. Al igual que con el ministro Góngora, la razón de su descalificación, más que la ley, fueron los vínculos —reales o supuestos— de quien sustentaba su propuesta. Es inaudito que una de las voces que más trabajaron en su contra haya sido la de Porfirio Muñoz Ledo, conocido por su inexistente lealtad a algo o alguien. Otros casos para lamentar fueron los de Mauricio Merino y Jaime Cárdenas, excluidos por haber cumplido en el pasado consejo del IFE.
Federico Berrueto, Milenio, 10 de febrero.
Salen Alejandra Latapí y Rodrigo Morales, que junto con Luis Carlos Ugalde terminan siendo víctimas de la batalla postelectoral del 2006. Víctimas de la polarización, no de su desempeño. No salen después de un diagnóstico público y claro de sus omisiones profesionales, de sus carencias institucionales. Nada de eso, salen porque alguien tenía que salir y ellos eran, sin duda, los dos eslabones más débiles de la cadena. Los que se quedan hasta agosto —Andrés Albo, María Teresa González y Lourdes López— saldrán bajo la misma lógica. Son débiles políticamente frente a los otros, no necesariamente mejores o peores consejeros. Señal de que algo, en todo este proceso, no estuvo bien.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 10 de febrero.
El ministro Góngora hizo lo que correspondía, mantenerse hasta lo último. Hay algo de razón en quienes dicen que pudo haber declinado en su pretensión, pero lo relevante no es el prestigio de quien tiene una trayectoria que habla por sí misma, sino exhibir el compromiso de los partidos y de quienes allí mandan, con el país y la democracia. Ni duda cabe, para todos, especialmente para quienes se opusieron a Góngora —el Presidente y su partido—, el mejor desenlace posible hubiera sido un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente del IFE.
Federico Berrueto, Milenio, 10 de febrero.
En el camino al Consejo General del IFE quedaron muchos candidatos muy calificados. Genaro Góngora, el ministro de la Suprema Corte, es uno de ellos. Pero también están Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los más brillantes analistas de la legislación electoral de nuestro país; Mauricio Merino, quien fue un magnífico consejero del IFE; y Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otros. Todos ellos fueron vetados por razones que no tenían nada que ver con su competencia.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de febrero.
Como parte de las negociaciones de la reforma electoral, los partidos acordaron una mala salida en su diseño y peor en su implementación: un escalonamiento en tres tiempos (diciembre de 2007, agosto de 2008 y octubre de 2010). Lo que se había calculado como un arreglo de cuotas partidarias, como en los mejores tiempos, tuvo un ingrediente que desajustó la lógica de los partidos: la convocatoria pública, las entrevistas y una supuesta selección abierta de candidatos. En plena época de la transparencia, lo menos que se podía hacer era abrir el proceso de selección. Sin embargo, la abierta contradicción entre la transparencia y los intereses partidistas terminó por reventar el proceso y dar como resultado una carambola de plazos vencidos, vetos, arreglos en lo oscurito, con un resultado extraño, que no fue el mejor.
Lo primero que ocurrió fue que se venció el plazo y en diciembre no se pudo llegar a un acuerdo por consenso, porque prevalecieron los vetos cruzados. De los casi 500 participantes en el proceso se hicieron varias selecciones hasta llegar a un número de 39 integrantes. Por supuesto, la información del proceso de descarte brilló por su ausencia. Los vetos obligaron a los partidos a retomar una negociación, en la que tuvieron que dejar atrás a sus mejores opciones iniciales. Así, como en cualquier negociación, se quemaron nombres de personas que hubieran cambiado de forma importante la imagen del IFE; vino enseguida un manoseo de nombres, en el que lo que menos importaba era cuidar a los candidatos, un enrome maltrato
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 12 de febrero.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, los diputados violaron el artículo transitorio de la Constitución que fijaba el 13 de diciembre como fecha límite para designar al consejero presidente y dos consejeros. Y, finalmente, de la lista de 39 preseleccionados quedaron fuera el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el jurista Lorenzo Córdova y el sociólogo Alfredo Figueroa Fernández, por mencionar tres casos sobresalientes que habrían dotado al Consejo General de dignidad, sabiduría y lucidez
Alfonso Zárate, “Usos del poder”, El Universal, 13 de febrero.
En lo personal, aunque con anticipación me deslindé públicamente del proceso de selección, me siento avergonzado por haber pensado en algún momento que dicho proceso podía ser, ahora sí, dadas las exigencias de la coyuntura, transparente e imparcial; consideración que me llevó a registrar mi candidatura y llegar hasta la lista final de los candidatos. Me llama la atención, por ejemplo, que en una de sus primeras declaraciones, el nuevo consejero presidente dijera que se entrevistó personalmente con los ocho líderes de las bancadas partidistas y con más de 200 diputados para promover su candidatura al IFE. Obviamente, la pasarela con los diputados estaba reservada a unos cuantos, a aquellos que mantenían vínculos directos con algún partido o estaban respaldados por un político importante, no para cualquier hijo de vecino. Pese a todo, todavía hace dos semanas exhortaba a los partidos a que “dejaran ir” al IFE, que en la designación prevalecieran más los perfiles independientes de los candidatos que los perfiles políticos. De nada sirvió. Al final, los partidos mayoritarios se repartieron los puestos con la cuchara grande.
Como resultado, el nuevo IFE seguirá siendo motivo de todo tipo de suspicacias, quedará expuesto al cuestionamiento y el escarnio público al igual que en las elecciones de 2006. Además, si se revisan los antecedentes de los nuevos consejeros, se perfila un nuevo IFE integrado por miembros dóciles, leales y afines ideológicamente a los partidos políticos
César Cansino, El Universal, 15 de febrero.
0 Responses to "ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CUARTA PARTE. 5. LOS CANDIDATOS."
Publicar un comentario