Tal como sucede en este tipo de seguimientos, algunos columnistas y articulistas suelen contextualizar sus colaboraciones con antecedentes sobre el tema que abordan. De hecho, esta situación se ha presentado en trabajos que previamente hemos realizado en este Observatorio, incluyendo el de los consejeros del Instituto Federal Electoral del 17 de diciembre. A esto se dedican los siguientes nueve comentarios.
El pasado martes, la periodista Carmen Aristegui calificó al proceso de elección del nuevo presidente del IFE y de dos consejeros electorales más como el “error de diciembre”.
Ya para entonces, el proceso era un batidillo pero nadie esperaba que un día después la situación se complicaría al grado de generar una crisis de legalidad y de credibilidad.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 15 de diciembre.
En el 2003 el PRD se quedó al margen de las negociaciones. Pablo Gómez exigía que el nuevo consejero presidente del IFE fuese Jesús Cantú, quien había sido miembro del Consejo General desde 1996. El PAN y el PRI se opusieron. No hubo acuerdo. Las negociaciones se rompieron. Acto seguido el PRI y el PAN eligieron a los nueve integrantes del IFE. De ahí la inconformidad y las descalificaciones posteriores. Hoy la historia se repite. El PRD se empeña en que Genaro Góngora sea el consejero presidente. El PRI y el PAN se niegan. Por eso las negociaciones están trabadas. Todo esto era previsible. Si ya había ocurrido en el 2003 no había ninguna razón para que no sucediera de nuevo cuatro años después. Este solo dato muestra lo absurdo de la reforma emprendida. Si se hubiera querido solucionar el problema se debería haber optado por otro mecanismo de selección en el que no participaran los partidos. Pero es obvio que hacerlo hubiera tenido costos muy concretos. Los tres grandes partidos hubiesen perdido el control del proceso. Y eso les pareció simple y llanamente inadmisible.
Jaime Sánchez Susarrey, Reforma, 15 de diciembre.
El IFE ciudadano de los primeros años dejó pasar a personajes de la talla de José Woldenberg y Miguel Ángel Granados Chapa, por mencionar a algunos. Pero los poderes se percataron de que habían perdido el control de los comicios. Pronto repararon su error. Esta semana, a propósito de la designación de nuevos consejeros del IFE por parte del Congreso, los partidos no han permitido “transitar” a candidatos como los que representan los woldenbergs o las perezduarte. Prefieren colocar a notables que tengan buenas credenciales, por supuesto, pero con los que se pueda negociar las “razones de Estado” (un eufemismo para designar situaciones en las que no se admiten consideraciones éticas).
Jorge Zepeda Patterson, El Universal, 16 de diciembre.
Pero el escándalo es aún mayor, igual que el cinismo con el que se escudan los señores del G-3, si hacemos un ejercicio memorioso elemental y comparamos lo que ocurrió en 2003 —en el proceso para integrar el IFE de Luis Carlos Ugalde—, con lo que está pasando ahora, en 2007, ya sin el odiado consejero presidente.
En 2003, y a pesar de que han surgido voces que intentan reivindicar el papel del PRD para hacerlo aparecer como víctima de todas las perversidades de la política —como si los amarillos fueran blancas palomas—, lo cierto es que el entonces líder de los diputados amarillos, Pablo Gómez, estiró al máximo la liga del chantaje al condicionar la reelección de uno de los consejeros salientes, al que el PRD pretendía empujar como nuevo presidente.
Los representantes de PAN y PRI de entonces —Germán Martínez y la profesora Elba Esther Gordillo—, se opusieron y al encontrarse con la férrea e inflexible condición del PRD, también encontraron la coartada perfecta para la trampa. Es decir, aliarse e integrar ellos solos, PAN y PRI, al Consejo General del IFE. El pasado jueves ocurrió exactamente lo mismo, sólo que con otros actores. Pero hoy será difícil, si no es que imposible la alianza PAN-PRI, por una razón fundamental; porque el PRD es la segunda fuerza electoral
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 16 de diciembre.
La primera fase del IFE duró poco y no resistió las elecciones de 1994: el presidente del instituto era el secretario de Gobernación y su director general fue el priista Arturo Núñez. La segunda fase ciudadanizó al instituto al sacar al gobierno de la estructura y dejar a los partidos con voz pero sin voto. La tercera fase murió antes de nacer: la partidización del organismo con consejeros subordinados a los partidos.
Lo grave de la imposibilidad de designar al nuevo consejero presidente del IFE fue el mensaje explícito: si los partidos son incapaces de ponerse de acuerdo para designar a funcionarios profesionales en cargos electorales, entonces será imposible que el IFE partidizado pueda funcionar en procesos electorales. El actual IFE es sinónimo de conflicto postelectoral.
Así que el IFE acaba de morir. Y urge un nuevo organismo electoral.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 17 de diciembre.
Ni en los momentos más duros del régimen autoritario hubo tal cerrazón. En 1977, don Jesús Reyes Heroles comprendió que, para meter a la izquierda revolucionaria al parlamento, le tenía que hacer concesiones. El propio Carlos Salinas, en 1994, entendió que, para ayudar a frenar la guerra en Chiapas, en pleno proceso electoral, tenía que abrir el IFE a la representación ciudadana. Lo mismo vislumbró Ernesto Zedillo, en 1996, al hacer concesiones efectivas para lograr el respaldo del PRD y del PAN a la reforma
Manuel Camacho Solís, El Universal, 17 de diciembre.
En la negociación de 1995 teníamos, a la cabeza de los tres principales partidos, a tres figuras que pueden ser criticadas, pero a las que todo mundo reconoce enorme capacidad intelectual y de diálogo: Santiago Oñate, Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo. Cada uno de ellos tenía hegemonía efectiva en su partido. Por otra parte, el Ejecutivo estaba interesado genuinamente en que la reforma que impulsó llegara a buen puerto. El resultado fue el Consejo que presidió José Woldenberg y que —a pesar de que estaba lejos de ser políticamente puro— hoy es fuente de gran nostalgia.
Para el 2003, las dirigencias partidarias no eran del mismo tamaño político: Roberto Madrazo en el PRI, Luis Felipe Bravo Mena en el PAN y Leonel Godoy en el PRD tenían que enfrentar, cada uno a su manera, una notable disidencia interna. Godoy acababa de llegar como interino para sustituir a Rosario Robles y, para esas fechas era evidente que el nuevo poder fáctico se llamaba Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el Ejecutivo estaba muy interesado en privilegiar la relación con el PRI, que —bajo la guía de Madrazo— vendía a precio de oro ya no el espejito, sino el espejismo de su apoyo para las famosas “reformas estructurales”. El PAN, pero sobre todo el gobierno, cedió ante las presiones del tricolor, el sol azteca quedó fuera de la jugada —cosa que también estaba dentro de los intereses de AMLO— y el ganador pírrico fue Madrazo, quien no controlaba a su bancada. El resultado fue el Consejo que presidió Luis Carlos Ugalde, cuyo tamaño se ha visto de nuevo en los problemas para designar interino.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 18 de diciembre.
Más allá de la discusión legal, de si los diputados incumplieron los cambios legislativos que ellos se dieron, lo que evidencia todo este embrollo es que no debieran ser los diputados quienes nombren directamente a las autoridades electorales. Eso quedó claro en 2003, cuando el PRI y el PAN no resistieron la tentación de agandallarse el IFE y excluyeron al PRD al final, lo cual le cayó como anillo al dedo al candidato presidencial de ese partido en 2006 quien ya tenía el argumento perfecto si no ganaba la elección, como finalmente ocurrió. Ese error garrafal del PRI y el PAN, con la complicidad del gobierno de Fox que pudo haber mandado la línea al PAN de no irse sin el PRD, precisamente para evitar deslegitimar la elección de 2006, está en el origen del actual embrollo
Jorge Chabat, El Universal, 20 de diciembre.
Cuando el PRI planteó la necesidad de una reforma electoral en el 2007 como parte de su propuesta de reforma del Estado, el PRD exigió la destitución de todos los consejeros del IFE como pago por su participación en la negociación. Su propósito era castigar a los consejeros del IFE por sus decisiones durante el proceso electoral del 2006, que los perredistas consideran ilegítimo. El PAN se negó en un principio, ya que esta medida implicaba aceptar la ilegitimidad del triunfo de Felipe Calderón en la elección presidencial del 2006; pero al final, y al parecer tras la intervención del propio presidente Calderón, que necesitaba la reforma electoral como pieza de cambio para que el PRI aceptara su reforma fiscal, los panistas accedieron a la destitución de los consejeros, aun cuando obtuvieron que los despidos fueran escalonados.
Uno de los principales argumentos que adujeron el PRI y el PAN para darle ésta y otras concesiones al PRD es que era necesario contar con el respaldo de los perredistas para el IFE con el fin de mantener la confianza en la institución y en los procesos electorales. Por un momento pareció que eso se había logrado. El PRD votó de manera unánime por las enmiendas constitucionales de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales.
Andrés Manuel López Obrador no se "acordó" que estaba en desacuerdo con la reforma electoral en ese momento. Así permitió que los legisladores de su partido aprobaran los cambios constitucionales que destituían a los consejeros del IFE, convertidos en símbolos del supuesto fraude electoral del 2006. El PRD obtenía también otros puntos importantes. La creación de un monopolio para la contratación de anuncios políticos en el IFE, por ejemplo, favorecía al PRD porque este partido puede obtener menores apoyos privados que el PRI o el PAN.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 3 de enero.
El pasado martes, la periodista Carmen Aristegui calificó al proceso de elección del nuevo presidente del IFE y de dos consejeros electorales más como el “error de diciembre”.
Ya para entonces, el proceso era un batidillo pero nadie esperaba que un día después la situación se complicaría al grado de generar una crisis de legalidad y de credibilidad.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 15 de diciembre.
En el 2003 el PRD se quedó al margen de las negociaciones. Pablo Gómez exigía que el nuevo consejero presidente del IFE fuese Jesús Cantú, quien había sido miembro del Consejo General desde 1996. El PAN y el PRI se opusieron. No hubo acuerdo. Las negociaciones se rompieron. Acto seguido el PRI y el PAN eligieron a los nueve integrantes del IFE. De ahí la inconformidad y las descalificaciones posteriores. Hoy la historia se repite. El PRD se empeña en que Genaro Góngora sea el consejero presidente. El PRI y el PAN se niegan. Por eso las negociaciones están trabadas. Todo esto era previsible. Si ya había ocurrido en el 2003 no había ninguna razón para que no sucediera de nuevo cuatro años después. Este solo dato muestra lo absurdo de la reforma emprendida. Si se hubiera querido solucionar el problema se debería haber optado por otro mecanismo de selección en el que no participaran los partidos. Pero es obvio que hacerlo hubiera tenido costos muy concretos. Los tres grandes partidos hubiesen perdido el control del proceso. Y eso les pareció simple y llanamente inadmisible.
Jaime Sánchez Susarrey, Reforma, 15 de diciembre.
El IFE ciudadano de los primeros años dejó pasar a personajes de la talla de José Woldenberg y Miguel Ángel Granados Chapa, por mencionar a algunos. Pero los poderes se percataron de que habían perdido el control de los comicios. Pronto repararon su error. Esta semana, a propósito de la designación de nuevos consejeros del IFE por parte del Congreso, los partidos no han permitido “transitar” a candidatos como los que representan los woldenbergs o las perezduarte. Prefieren colocar a notables que tengan buenas credenciales, por supuesto, pero con los que se pueda negociar las “razones de Estado” (un eufemismo para designar situaciones en las que no se admiten consideraciones éticas).
Jorge Zepeda Patterson, El Universal, 16 de diciembre.
Pero el escándalo es aún mayor, igual que el cinismo con el que se escudan los señores del G-3, si hacemos un ejercicio memorioso elemental y comparamos lo que ocurrió en 2003 —en el proceso para integrar el IFE de Luis Carlos Ugalde—, con lo que está pasando ahora, en 2007, ya sin el odiado consejero presidente.
En 2003, y a pesar de que han surgido voces que intentan reivindicar el papel del PRD para hacerlo aparecer como víctima de todas las perversidades de la política —como si los amarillos fueran blancas palomas—, lo cierto es que el entonces líder de los diputados amarillos, Pablo Gómez, estiró al máximo la liga del chantaje al condicionar la reelección de uno de los consejeros salientes, al que el PRD pretendía empujar como nuevo presidente.
Los representantes de PAN y PRI de entonces —Germán Martínez y la profesora Elba Esther Gordillo—, se opusieron y al encontrarse con la férrea e inflexible condición del PRD, también encontraron la coartada perfecta para la trampa. Es decir, aliarse e integrar ellos solos, PAN y PRI, al Consejo General del IFE. El pasado jueves ocurrió exactamente lo mismo, sólo que con otros actores. Pero hoy será difícil, si no es que imposible la alianza PAN-PRI, por una razón fundamental; porque el PRD es la segunda fuerza electoral
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 16 de diciembre.
La primera fase del IFE duró poco y no resistió las elecciones de 1994: el presidente del instituto era el secretario de Gobernación y su director general fue el priista Arturo Núñez. La segunda fase ciudadanizó al instituto al sacar al gobierno de la estructura y dejar a los partidos con voz pero sin voto. La tercera fase murió antes de nacer: la partidización del organismo con consejeros subordinados a los partidos.
Lo grave de la imposibilidad de designar al nuevo consejero presidente del IFE fue el mensaje explícito: si los partidos son incapaces de ponerse de acuerdo para designar a funcionarios profesionales en cargos electorales, entonces será imposible que el IFE partidizado pueda funcionar en procesos electorales. El actual IFE es sinónimo de conflicto postelectoral.
Así que el IFE acaba de morir. Y urge un nuevo organismo electoral.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 17 de diciembre.
Ni en los momentos más duros del régimen autoritario hubo tal cerrazón. En 1977, don Jesús Reyes Heroles comprendió que, para meter a la izquierda revolucionaria al parlamento, le tenía que hacer concesiones. El propio Carlos Salinas, en 1994, entendió que, para ayudar a frenar la guerra en Chiapas, en pleno proceso electoral, tenía que abrir el IFE a la representación ciudadana. Lo mismo vislumbró Ernesto Zedillo, en 1996, al hacer concesiones efectivas para lograr el respaldo del PRD y del PAN a la reforma
Manuel Camacho Solís, El Universal, 17 de diciembre.
En la negociación de 1995 teníamos, a la cabeza de los tres principales partidos, a tres figuras que pueden ser criticadas, pero a las que todo mundo reconoce enorme capacidad intelectual y de diálogo: Santiago Oñate, Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo. Cada uno de ellos tenía hegemonía efectiva en su partido. Por otra parte, el Ejecutivo estaba interesado genuinamente en que la reforma que impulsó llegara a buen puerto. El resultado fue el Consejo que presidió José Woldenberg y que —a pesar de que estaba lejos de ser políticamente puro— hoy es fuente de gran nostalgia.
Para el 2003, las dirigencias partidarias no eran del mismo tamaño político: Roberto Madrazo en el PRI, Luis Felipe Bravo Mena en el PAN y Leonel Godoy en el PRD tenían que enfrentar, cada uno a su manera, una notable disidencia interna. Godoy acababa de llegar como interino para sustituir a Rosario Robles y, para esas fechas era evidente que el nuevo poder fáctico se llamaba Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el Ejecutivo estaba muy interesado en privilegiar la relación con el PRI, que —bajo la guía de Madrazo— vendía a precio de oro ya no el espejito, sino el espejismo de su apoyo para las famosas “reformas estructurales”. El PAN, pero sobre todo el gobierno, cedió ante las presiones del tricolor, el sol azteca quedó fuera de la jugada —cosa que también estaba dentro de los intereses de AMLO— y el ganador pírrico fue Madrazo, quien no controlaba a su bancada. El resultado fue el Consejo que presidió Luis Carlos Ugalde, cuyo tamaño se ha visto de nuevo en los problemas para designar interino.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 18 de diciembre.
Más allá de la discusión legal, de si los diputados incumplieron los cambios legislativos que ellos se dieron, lo que evidencia todo este embrollo es que no debieran ser los diputados quienes nombren directamente a las autoridades electorales. Eso quedó claro en 2003, cuando el PRI y el PAN no resistieron la tentación de agandallarse el IFE y excluyeron al PRD al final, lo cual le cayó como anillo al dedo al candidato presidencial de ese partido en 2006 quien ya tenía el argumento perfecto si no ganaba la elección, como finalmente ocurrió. Ese error garrafal del PRI y el PAN, con la complicidad del gobierno de Fox que pudo haber mandado la línea al PAN de no irse sin el PRD, precisamente para evitar deslegitimar la elección de 2006, está en el origen del actual embrollo
Jorge Chabat, El Universal, 20 de diciembre.
Cuando el PRI planteó la necesidad de una reforma electoral en el 2007 como parte de su propuesta de reforma del Estado, el PRD exigió la destitución de todos los consejeros del IFE como pago por su participación en la negociación. Su propósito era castigar a los consejeros del IFE por sus decisiones durante el proceso electoral del 2006, que los perredistas consideran ilegítimo. El PAN se negó en un principio, ya que esta medida implicaba aceptar la ilegitimidad del triunfo de Felipe Calderón en la elección presidencial del 2006; pero al final, y al parecer tras la intervención del propio presidente Calderón, que necesitaba la reforma electoral como pieza de cambio para que el PRI aceptara su reforma fiscal, los panistas accedieron a la destitución de los consejeros, aun cuando obtuvieron que los despidos fueran escalonados.
Uno de los principales argumentos que adujeron el PRI y el PAN para darle ésta y otras concesiones al PRD es que era necesario contar con el respaldo de los perredistas para el IFE con el fin de mantener la confianza en la institución y en los procesos electorales. Por un momento pareció que eso se había logrado. El PRD votó de manera unánime por las enmiendas constitucionales de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales.
Andrés Manuel López Obrador no se "acordó" que estaba en desacuerdo con la reforma electoral en ese momento. Así permitió que los legisladores de su partido aprobaran los cambios constitucionales que destituían a los consejeros del IFE, convertidos en símbolos del supuesto fraude electoral del 2006. El PRD obtenía también otros puntos importantes. La creación de un monopolio para la contratación de anuncios políticos en el IFE, por ejemplo, favorecía al PRD porque este partido puede obtener menores apoyos privados que el PRI o el PAN.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 3 de enero.
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