Era el perredista Andrés Lozano quien hablaba. Estaba por concluir el debate. Varios oradores habían pasado ya. Todo quedaba listo para la votación de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia, ya sin el párrafo que autorizaba a la policía a ingresar a los hogares sin orden judicial.
Unas tres horas más temprano, en el salón de sesiones, el panista Rogelio Carbajal resumió en seis palabras lo que sucedía: “el PRI se echó para atrás”. Estaba molesto. En la reunión plenaria de los integrantes de su fracción hubo división de opiniones, discusión, encuentro de posiciones. Una parte de los congregados estaba de acuerdo en que se quitara la disposición motivo de las controversias, otros insistían en que tenía que mantenerse.
Una historia que se escribió, en el capítulo de las definiciones, desde el lunes pasado. Ese día, Emilio Gamboa supo que aumentaba el número de legisladores priístas que se opondrían a la reforma en lo que tenía que ver con los ingresos policíacos a las casas.
Hubo quien le explicó que en su estado recibió protestas, expresiones de extrañeza de la ciudadanía.
Cabía ya entonces la posibilidad de que al no convalidar en la votación el proyecto, o al ausentarse del salón varios de los representantes del Revolucionario Institucional, no se completase el número suficiente para lograr la mayoría calificada que hace posible las reformas a la Constitución.
Y por eso los intercambios de mensajes, las nuevas conversaciones, las negociaciones en las que intervinieron, operaron también desde Los Pinos, y desde la oficina del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Ese lunes por la noche, desde San Lázaro partió el diputado del PRI Raúl Cervantes para hablar con el senador Manlio Fabio Beltrones y explicarle cómo estaba la situación. El enviado de Emilio Gamboa buscaba garantías de que desde Xicoténcatl no volverían a regresar la minuta.
Y ayer por la mañana, la respuesta se hizo evidente. Se sentaron a la mesa Javier González Garza, Héctor Larios y Emilio Gamboa. Concluyeron la negociación, llegaron al acuerdo. Larios tenía ya el aval de Bucareli. Convinieron en que César Camacho, del PRI, daría a conocer la decisión de quitar el párrafo en declaraciones a la prensa, y que en la sesión del pleno, Felipe Borrego Estrada, del PAN, presentaría la propuesta para desaparecer ese texto que en el proyecto aprobado en comisiones la semana pasada se agregaría al artículo 16 de la Constitución.
Lo demás, en las horas siguientes, fue la feria de las simulaciones, el juego de las apariencias. Unos y otros trataban de mostrar gestos de circunstancia y de manifestar cuestiones como la sensibilidad política, la atención a los clamores populares. Priístas y panistas, los que en sus reuniones plenarias habían dado su visto bueno al acuerdo. Por su lado, obviamente, los perredistas se asumían como ganadores.
Y llegó el momento de la discusión. Fueron a la tribuna los representantes de todos los grupos parlamentarios. Y ya estaba por concluir el debate, cuando una voz dijo desde tribuna que no se hicieran, que la verdad era que no les alcanzaron los votos. Posteriormente se voto el proyecto. Las reformas constitucionales quedaban aprobadas. El párrafo maldito quedaba archivado.
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