Para aprobar el dictamen se requerían 333 votos, de estar presentes los 500 diputados del pleno.
Fuentes de la Junta de Coordinación Política indicaron que tras un análisis de la situación, se reconoció que se corría el riesgo de perder la votación de mayoría calificada ante los cuestionamientos que había en todas las bancadas, incluso la del PAN.
La decisión de eliminar esta medida para garantizar que pasara la reforma fue informada al Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por la mañana, en una visita de los coordinadores del PRI y el PAN, Emilio Gamboa y Héctor Larios.
De acuerdo con fuentes de la dependencia a Mouriño le comentaron que los votos no estaban garantizados pese a los cabildeos y los argumentos de Daniel Cabeza de Vaca, subsecretario de Asuntos Jurídicos, quien en un documento enviado a los legisladores defendió el allanamiento.
Ya en San Lázaro, Gamboa no pudo garantizar a los panistas la totalidad de los votos de su bancada de 106 legisladores, por las dudas y cuestionamientos que surgieron en las últimas horas sobre el riesgo de abusos policiacos.
En la plenaria del PAN, el diputado Felipe Borrego y el coordinador Héctor Larios anunciaron a la bancada que se retiraba la propuesta porque no estaba seguro su apoyo.
El perredista Andrés Lozano acusó que panistas y priistas pasaron de la "chicana legislativa" a la praxis parlamentaria, porque cambiaron el dictamen no por ser sensibles a las demandas ciudadanas, sino porque no juntaban los votos necesarios.
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