La Cámara de Diputados eliminó de la reforma constitucional en materia de justicia el permiso para que la Policía ingresara sin orden judicial en los domicilios, con lo que se superó el principal escollo en la discusión entre las fuerzas políticas.
A propuesta del PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, el diputado panista Felipe Borrego Estrada propuso al pleno la supresión completa del párrafo 11 del artículo 16 reformado, en donde se permitía el allanamiento policial por amenaza a la vida de las personas o en casos de flagrancia.
Los diputados del Frente Amplio Progresista aceptaron la propuesta, con lo que retiraron votos particulares en contra de la reforma y la propuesta de una moción suspensiva para regresar el dictamen a comisiones.
Tras los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la cancelación de dicho párrafo obtuvo 462 votos a favor, seis en contra y 2 abstenciones, en lo general y en lo particular, con lo que se avaló también el resto del dictamen de la reforma de justicia penal.
Antes del inicio de la sesión, César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que los grupos parlamentarios decidieron suprimir todo el párrafo que había sido impugnado por diputados de PRD, PT y Convergencia.
"No tiene sentido que ese párrafo se convierta en un lastre para el resto de una reforma en materia de justicia que es positiva y moderna", indicó el legislador, quien consideró que no era el momento oportuno para aplicarla.
En tribuna, el panista Felipe Borrego Estrada señaló que por sensibilidad social, se proponía eliminar el párrafo, en atención a las diferentes voces de la academia, investigadores y actores de la sociedad.
"Queremos actuar con prudencia política", dijo.
Añadió que sin información en el tema, sería inoportuno aprobar en estos momentos una reforma de esa magnitud.
La respuesta de los legisladores del FAP fue de triunfo, al lograr que tuvieran efecto sus denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos si se elevaba a rango constitucional dicha reforma.
"Le midieron el agua a los camotes", resumió el coordinador perredista Javier González Garza.
"Restituimos el punto 17 de los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón, que dice que a cada uno se le guarden propiedades y respete su casa como asilo sagrado, señalando penas a los infractores", citó en la tribuna.
El petista Ricardo Cantú dijo que los legisladores fueron sensibles a los reclamos de la sociedad mexicana que en forma unánime se manifestó en contra y que el FAP se anotó una victoria importante en la defensa de los derechos humanos.
Por Convergencia, Alejandro Chanona, indicó que mucho se hubiera ahorrado el Congreso, si desde diciembre pasado se hubieran atendido las voces de que la reforma al artículo 16 sobre allanamiento policial atentaba contra los derechos humanos.
Nuevo sistema
El sistema acusatorio y oral se implantará en México con la nueva reforma constitucional:
· Se implementan los juicios orales para erradicar la opacidad y la corrupción.
· Se eleva a rango constitucional el principio de presunción de inocencia.
· Se crea la figura de Juez de Control, quien vigilará la actuación del ministerio público y autorizará de inmediato órdenes de arraigo, cateos e intervenciones telefónicas.
· La prisión preventiva es una excepción, no la regla.
· Las sentencias sólo serán válidas si el juez está presente para emitirlas.
· La confesión no es prueba. Cualquier violación de los derechos humanos anula las pruebas.
· La víctima puede aportar pruebas e impugnar las resoluciones del Ministerio Público.
· Se prevé la conciliación como primer paso para no llegar a un juicio.
· El Ministerio Público debe garantizar la protección de víctimas, ofendidos y testigos.
A propuesta del PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, el diputado panista Felipe Borrego Estrada propuso al pleno la supresión completa del párrafo 11 del artículo 16 reformado, en donde se permitía el allanamiento policial por amenaza a la vida de las personas o en casos de flagrancia.
Los diputados del Frente Amplio Progresista aceptaron la propuesta, con lo que retiraron votos particulares en contra de la reforma y la propuesta de una moción suspensiva para regresar el dictamen a comisiones.
Tras los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la cancelación de dicho párrafo obtuvo 462 votos a favor, seis en contra y 2 abstenciones, en lo general y en lo particular, con lo que se avaló también el resto del dictamen de la reforma de justicia penal.
Antes del inicio de la sesión, César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que los grupos parlamentarios decidieron suprimir todo el párrafo que había sido impugnado por diputados de PRD, PT y Convergencia.
"No tiene sentido que ese párrafo se convierta en un lastre para el resto de una reforma en materia de justicia que es positiva y moderna", indicó el legislador, quien consideró que no era el momento oportuno para aplicarla.
En tribuna, el panista Felipe Borrego Estrada señaló que por sensibilidad social, se proponía eliminar el párrafo, en atención a las diferentes voces de la academia, investigadores y actores de la sociedad.
"Queremos actuar con prudencia política", dijo.
Añadió que sin información en el tema, sería inoportuno aprobar en estos momentos una reforma de esa magnitud.
La respuesta de los legisladores del FAP fue de triunfo, al lograr que tuvieran efecto sus denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos si se elevaba a rango constitucional dicha reforma.
"Le midieron el agua a los camotes", resumió el coordinador perredista Javier González Garza.
"Restituimos el punto 17 de los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón, que dice que a cada uno se le guarden propiedades y respete su casa como asilo sagrado, señalando penas a los infractores", citó en la tribuna.
El petista Ricardo Cantú dijo que los legisladores fueron sensibles a los reclamos de la sociedad mexicana que en forma unánime se manifestó en contra y que el FAP se anotó una victoria importante en la defensa de los derechos humanos.
Por Convergencia, Alejandro Chanona, indicó que mucho se hubiera ahorrado el Congreso, si desde diciembre pasado se hubieran atendido las voces de que la reforma al artículo 16 sobre allanamiento policial atentaba contra los derechos humanos.
Nuevo sistema
El sistema acusatorio y oral se implantará en México con la nueva reforma constitucional:
· Se implementan los juicios orales para erradicar la opacidad y la corrupción.
· Se eleva a rango constitucional el principio de presunción de inocencia.
· Se crea la figura de Juez de Control, quien vigilará la actuación del ministerio público y autorizará de inmediato órdenes de arraigo, cateos e intervenciones telefónicas.
· La prisión preventiva es una excepción, no la regla.
· Las sentencias sólo serán válidas si el juez está presente para emitirlas.
· La confesión no es prueba. Cualquier violación de los derechos humanos anula las pruebas.
· La víctima puede aportar pruebas e impugnar las resoluciones del Ministerio Público.
· Se prevé la conciliación como primer paso para no llegar a un juicio.
· El Ministerio Público debe garantizar la protección de víctimas, ofendidos y testigos.
Nota de Claudia Salazar y Armando Estrop, Reforma, 27 de febrero.
0 Responses to "Eliminan escollo a reforma judicial"
Publicar un comentario