La fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados confirmó su voto contra los cambios que el Senado le hizo a la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, por abrir la puerta a los allanamientos domiciliarios sin orden judicial y restringir las facultades del Ministerio Público para investigar el lavado de dinero.
“El Senado fue demasiado obsequioso al proteger —porque no lavan dinero más que de los narcotraficantes y los políticos—, fortunas malhabidas en las modificaciones que realizó a la reforma judicial”, sostuvo, al respecto Juan Guerra, vicecoordinador de la bancada perredista en San Lázaro.
Adicionalmente, los senadores modificaron el texto en el tema de la permisión jurídica a cateos y allanamientos de propiedades privadas, eliminando el condicionamiento de que la autoridad cuente con información sobre algún delito.
Lo que nos preocupaba era proteger los domicilios de los mexicanos y quisiéramos para ello más garantías en la protección de los derechos humanos, pero “legislativamente eso ya no es posible, pues lo único que se va a discutir son las dos modificaciones que le hizo el Senado y nosotros las vamos a rechazar”.
En materia de facilitar a la policía allanar los domicilios es retrógrada, dijo Guerra, aunque admitió también los avances en materia de procesos penales, con la disposición de que un juez integre el expediente y otro lo resuelva, así como la obligación del Estado de proporcionar un defensor de oficio.
“El Senado fue demasiado obsequioso al proteger —porque no lavan dinero más que de los narcotraficantes y los políticos—, fortunas malhabidas en las modificaciones que realizó a la reforma judicial”, sostuvo, al respecto Juan Guerra, vicecoordinador de la bancada perredista en San Lázaro.
Adicionalmente, los senadores modificaron el texto en el tema de la permisión jurídica a cateos y allanamientos de propiedades privadas, eliminando el condicionamiento de que la autoridad cuente con información sobre algún delito.
Lo que nos preocupaba era proteger los domicilios de los mexicanos y quisiéramos para ello más garantías en la protección de los derechos humanos, pero “legislativamente eso ya no es posible, pues lo único que se va a discutir son las dos modificaciones que le hizo el Senado y nosotros las vamos a rechazar”.
En materia de facilitar a la policía allanar los domicilios es retrógrada, dijo Guerra, aunque admitió también los avances en materia de procesos penales, con la disposición de que un juez integre el expediente y otro lo resuelva, así como la obligación del Estado de proporcionar un defensor de oficio.
Nota de Fernando Damián, Milenio, 11 de febrero.
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