Un grupo de ex trabajadores de Coca-Cola FEMSA suspendió ayer, luego de una semana, la toma de 12 centros de distribución y una planta de la empresa, informó el diputado Francisco Torrealba.
El presidente de la sub-comisión de Asuntos Laborales del Congreso de Venezuela, quien fungió como moderador entre los ex trabajadores y empleados activos de la empresa que reclamaban su derecho al trabajo, dijo que ambos grupos lograron un pacto de unidad.
El legislador precisó que tras reuniones de todas las representaciones de los dos frentes de ex trabajadores de Coca-Cola FEMSA y la representación de trabajadores activos, “hemos logrado alcanzar un conjunto de acuerdos”.
Torrealba destacó que algunos de los acuerdos tienen que ver con la reactivación de una mesa de diálogo en el Tribunal Supremo de Justicia, y la instalación de una mesa técnica que evaluará caso por caso la situación de todos los ex trabajadores.
El diputado hizo hincapié en que aquí hay algo importante que transmitir a los representantes de los patrones sobre “el debido respeto que deben guardar para con el trato hacia los trabajadores y para con el trato hacia los ex trabajadores”.
“Estamos esperando que esta señal de levantamiento de la acción sea debidamente acogida y se vea reflejada en una propuesta adecuada de parte de Coca-Cola FEMSA para que logremos alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes”, enfatizó el diputado oficialista.
El director legal de la filial del consorcio FEMSA, Rodrigo Anzola, denunciaba el lunes pasado de la toma “ilegal” de 12 de sus centros de distribución y una planta embotelladora en el estado petrolero de Zulia y lo cual ponía en riesgo el derecho al trabajo de unos ocho mil empleados.
Las instalaciones fueron tomadas por ex concesionarios y ex fleteros de la compañía refresquera.
En rueda de prensa, Anzola alertó que la toma de las instalaciones afectó de manera considerable su red comercial en 36 por ciento y en más de 45 por ciento en sus operaciones. Hasta ahora no han dado a conocer el monto de la perdida generada por el paro.
La empresa mexicana niega tener cualquier obligación legal con los trabajadores y fleteros que tomaron sus instalaciones.
El acuerdo pretende retomar el diálogo en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
El presidente de la sub-comisión de Asuntos Laborales del Congreso de Venezuela, quien fungió como moderador entre los ex trabajadores y empleados activos de la empresa que reclamaban su derecho al trabajo, dijo que ambos grupos lograron un pacto de unidad.
El legislador precisó que tras reuniones de todas las representaciones de los dos frentes de ex trabajadores de Coca-Cola FEMSA y la representación de trabajadores activos, “hemos logrado alcanzar un conjunto de acuerdos”.
Torrealba destacó que algunos de los acuerdos tienen que ver con la reactivación de una mesa de diálogo en el Tribunal Supremo de Justicia, y la instalación de una mesa técnica que evaluará caso por caso la situación de todos los ex trabajadores.
El diputado hizo hincapié en que aquí hay algo importante que transmitir a los representantes de los patrones sobre “el debido respeto que deben guardar para con el trato hacia los trabajadores y para con el trato hacia los ex trabajadores”.
“Estamos esperando que esta señal de levantamiento de la acción sea debidamente acogida y se vea reflejada en una propuesta adecuada de parte de Coca-Cola FEMSA para que logremos alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes”, enfatizó el diputado oficialista.
El director legal de la filial del consorcio FEMSA, Rodrigo Anzola, denunciaba el lunes pasado de la toma “ilegal” de 12 de sus centros de distribución y una planta embotelladora en el estado petrolero de Zulia y lo cual ponía en riesgo el derecho al trabajo de unos ocho mil empleados.
Las instalaciones fueron tomadas por ex concesionarios y ex fleteros de la compañía refresquera.
En rueda de prensa, Anzola alertó que la toma de las instalaciones afectó de manera considerable su red comercial en 36 por ciento y en más de 45 por ciento en sus operaciones. Hasta ahora no han dado a conocer el monto de la perdida generada por el paro.
La empresa mexicana niega tener cualquier obligación legal con los trabajadores y fleteros que tomaron sus instalaciones.
El acuerdo pretende retomar el diálogo en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Nota de Notimex en Caracas, Milenio, 15 de febrero.
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