Durante los primeros días de febrero visitó México Louise Arbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con propósitos ligados a su quehacer. Durante los cuatro días que duró su estancia realizó actividades diversas, en las que tuvo la oportunidad de externar su posición sobre la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, entre otros temas. A continuación presentamos 22 comentarios a propósito de su estancia en México.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louis Arbour, dijo ayer que es "peligroso" para México mantener a su Ejército en el combate contra el narcotráfico.
"Yo entiendo que hay quienes dicen que hay momentos en que hay que recurrir a una fuerza mayor como la del Ejército, pero me parece que en el largo plazo es una medida francamente peligrosa", aseveró Arbour a la cadena Televisa al inicio de una visita de cuatro días a México.
"Me parece que el Ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de ley que pertenecen a las policías", agregó.
Um, dicen, entonces, ¿a quién hacerle caso?, ¿al (loco) de Bush, o a la comisionada de la ONU?
Algunos legisladores mexicanos le pidieron ayer al presidente Calderón "que no baje la guardia en la lucha contra el narco..."; otros, que no agite el avispero...
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 6 de febrero.
Louise Arbour cumple hoy 61 años de edad. Acababa de cumplir 57 cuando el 20 de febrero de 2004 fue elegida por la Asamblea General de la ONU Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Su antecesor, Sergio Vieira de Mello, había caído en Bagdad en agosto anterior, víctima de la violencia desatada por la ocupación norteamericana, en un atentado con bomba en que además de la suya se perdieron 21 vidas más. La jueza canadiense, integrada a la Suprema Corte de su país desde 1999, había sido fiscal en los tribunales internacionales sobre los crímenes de guerra en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. Pero antes de ocupar cargos en la judicatura de Ontario y de Canadá, y en el ámbito internacional, había sido una abogada activista, en la Asociación Canadiense de Derechos Civiles, de que fue vicepresidenta.
Estuvo aquí cuatro días en la semana que termina hoy. Invitada por el gobierno mexicano, firmó el convenio que extiende la permanencia de la delegación en México de su oficina de la ONU, establecida en julio de 2002 y que actuará aquí hasta el 30 de noviembre de 2012. Del martes al viernes pasados se reunió con el presidente de la República, con el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con comisiones del Congreso, por un lado; y con una vasta red de organizaciones civiles dedicadas a la causa que ella representa en el más elevado nivel internacional. Su visita osciló entre la suavidad y discreción del trato diplomático, y la crudeza con que oyó y juzgó el preocupante estado de los derechos humanos en México.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
En los días recientes la problemática de los derechos humanos ha estado muy presente en el país y lo destacable es que de parte de ciertos sectores, sobre todo internacionales, se invoque o promueva implícitamente la llamada “voluntad política”, cuya presencia o ausencia aparece como determinante. Esta postura es ciertamente riesgosa, pues implica evadir el tema de la justiciabilidad tanto del derecho internacional como en el orden interno. En contraste, la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita hizo declaraciones serias en el sentido de reivindicar el necesario uso de los tribunales para dirimir situaciones presuntamente delincuenciales, deslindándose de la “excepcionalidad” que en los hechos se da al combate al crimen organizado. Por su parte, el ocupante de Los Pinos, “acicateado por la adversidad” como él se ha descrito, respondió que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, es decir, “porque lo digo yo”, y seguirá adelante para lograr sus objetivos sin que ninguna instancia judicial o legislativa lo detenga, ni nacional ni internacional. Al cabo del tiempo difundirá con bombos y platillos sus cifras sin que la ciudadanía tenga parámetros para evaluar tan efectivos avances, y únicamente resentirá la paulatina militarización del país, y los atropellos de sus efectivos a la población; todo ello justificado por la gran cruzada calderonista que nuevamente se justificará, como en 2006, con su máxima antiética: “haiga sido como haiga sido”.
Ante esta situación debemos por lo menos revisar con cuidado los efectos del lugar común en que se ha convertido la expresión “voluntad política”, pues se utiliza como si entrañara actitud positiva, según la nueva jerga, la hay si se realizan “buenas prácticas”, como se dice recurrentemente en espacios de Naciones Unidas, y no la hay si no, como diría el filósofo de Güemes. Se elude así que la llamada voluntad política también implica decisiones adversas. En 1968 y en 1971 hubo voluntad política, sí la de masacrar y detener a toda costa al movimiento estudiantil y así nos podemos seguir con ejemplos.
Magdalena Gómez, La Jornada, 12 de febrero.
En la firma del convenio de colaboración entre el gobierno de México y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, llamó la atención la ausencia del ombudsman José Luis Soberanes, quien curiosamente un día antes sí asistió al Teatro de la República con el presidente Felipe Calderón para conmemorar el 91 Aniversario de la Constitución, pero ayer faltó a un tema que era de toda su competencia. La razón, según cuentan las malas lenguas, es que quizás trae fuertes diferencias con Arbour.
“Días Políticos”, El Economista, 7 de febrero.
Otra promesa construida a partir del mismo condicional se produjo en Los Pinos durante una reunión de if-Elipe con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour. Ante las múltiples quejas por la participación de las fuerzas armadas en tareas que deberían enfrentar los gobiernos civiles, como el combate a las grandes bandas criminales, el presidente condicional de la República de Los Pinos se portó comprensivo e inclusive generoso, al anunciar que esas incursiones militares se volverán “cada vez más esporádicas” pero sólo “en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen”. ¡Ah, bueno! Entonces esa participación castrense estará casi eliminada en el cortísimo plazo, es decir, unos dos o tres decenios, al paso que van las cosas. Además, el abogado michoacano aprovechó el foro para dar a conocer una tesis de vanguardia sobre el papel de la milicia en los asuntos civiles: “la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria”, dijo, aunque por desgracia la muy poco actualizada Constitución no establezca nada al respecto
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 7 de febrero.
Ocupó buena parte de su atención el despliegue de tropas dedicadas a combatir la delincuencia organizada, que sin embargo conlleva como cauda hasta ahora inevitable la violación a garantías de las personas. Tan presente estaba esa preocupación en torno a la visita de la funcionaria internacional, que el 6 de febrero el presidente Calderón se sintió obligado a cerrar el discurso con que la recibió en Los Pinos con una referencia al tema. Sus palabras no fueron necesariamente veraces, pues contrastaron con la publicación del Programa Sectorial de Defensa Nacional que consagra la permanencia militar en actividades policiacas hasta el final de este sexenio. En cambio, a la Alta Comisionada dijo Calderón esperar que "el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra criminalidad sea cada vez menos necesario", que su labor es "subsidiaria", y que en la medida en que avance "la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
Que algunos promotores de la llamada “sociedad civil organizada”, como Isidro Cisneros y Clara Jusidman, no lograron conmover ni interesar con sus proyectos a Louise Arbour, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, de visita en México, para quien sigue viva la memoria del fallido y costoso diagnóstico realizado por ese grupo de académicos en 2003-2004, por encargo de Vicente Fox y con el apoyo de la ONU. E
l diagnóstico tuvo, aunque no por sus contendidos, la notoriedad de una efímera chinampina: varios de sus autores se pelearon entre sí y terminaron defendiendo sus “visiones” individuales, mostrando que si algo compartían ellos y sus ONG era su derecho a tener intereses políticos y partidistas irreconciliables.
La Arbour los escuchó esta vez, pero ya no les creyó.
“Trascendió”, Milenio, 7 de febrero.
La ausencia de una política gubernamental en materia de derechos humanos –y la falta de interés por tenerla– es algo sencillamente inaceptable en un país pretendidamente democrático. Un gobierno que se ha vuelto violador principal de las garantías individuales carece de autoridad moral para demandar respeto a la legalidad y al estado de derecho.
Editorial, La Jornada, 9 de febrero.
¿De los males el menor? Así suenan las consideraciones de Louise Arbour, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien mantuvo durante su visita a México el mismo discurso: ni es la militarización el mejor combate al crimen organizado ni tenía el país mejor opción… por el descrédito de sus corporaciones civiles. Y, sí, ahí está el dilema
“Frentes Políticos”, Excélsior, 9 de febrero.
Antes de marcharse anteayer, la funcionaria de la ONU volvió sobre el asunto al hacer un resumen de su visita a México:
"Los militares han cometido violaciones a los derechos humanos en el combate al crimen organizado -violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos- que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por... el Ejército". Insistió en que la actuación policiaca de la fuerza castrense "puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontar a grupos fuertemente armados", y conducir a "una escalada, un aumento de las acciones violentas -del Ejército y el crimen organizado-, algunas de las cuales pueden presentarse en áreas pobladas por civiles, en las cuales personas inocentes accidentalmente pueden ser víctimas de confrontaciones armadas tan robustas". Por eso, concluyó que la guerra contra la delincuencia organizada debe "ganarse no en las calles sino en los tribunales".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
¿Es pertinente la utilización del Ejército para combatir al crimen organizado y al narcotráfico?
La respuesta llegó de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, de visita en nuestro país: “Francamente peligroso, en el largo plazo”, dijo, sin pestañear.
Según la alta comisionada, mezclar Ejército con policía no es una política sustentable, pues los soldados están entrenados para hacer uso excesivo de la fuerza, mientras que la tendencia mundial en el ámbito policiaco-civil es de un uso cada vez más moderado de la misma.
Para el presidente Calderón, los puntos de vista de la antigua fiscal para la ex Yugoslavia no pasaron desapercibidos. Tras un suspiro, reconoció que la participación del Ejército y la Marina en labores contra el narco van a disminuir paulatinamente.
Es cierto que las tendencias en la procuración de justicia son cada vez más renuentes al uso de la fuerza.
Sin embargo, el problema en México es que los cuerpos policíacos son más porosos que una piedra pómez. En términos generales, y sobre todo a nivel municipal, muchos han sido ya penetrados por el narcotráfico y el poderío corruptor de sus dólares.
Ciro Di Constanzo, “Al dente, actualidad en su punto”, Excélsior, 9 de febrero.
Por eso nadie quiere analizar las cosas a fondo y por eso se han satanizado algunos pronunciamientos sobre la ontología y la operación del Ejército. Cuando José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo con tino jurídico y sensibilidad social: se debe trazar una ruta crítica para el regreso de los soldados a sus cuarteles y gradualmente sustituirlos por policías bien preparados, se produjeron dos reacciones.
Una, el vacío de los demás defensores de derechos humanos. La cautela es hermana de la protección del caldero.
Y, la otra, la sesgada censura al ombudsman, a quien se le acusaba de sabotear verbalmente el principal proyecto de gobierno de la administración de Felipe Calderón.
Por eso resulta importante ver cómo desde la distancia las cosas se pueden ver con la misma claridad cuando se usan para verlas los lentes de la juridicidad y el respeto a las personas. Eso ha hecho Louise Arbour, alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, con quien Felipe Calderón firmó documentos para extender la cooperación del gobierno mexicano con esta institución internacional.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de febrero.
Ayer, en el día final de su visita por México, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, calificó el empleo del Ejército en el combate a la delincuencia organizada de medida “problemática y fundamentalmente inapropiada”, y señaló que, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal, los efectivos castrenses han cometido graves violaciones a las garantías fundamentales, que deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas por las autoridades civiles, “y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Los señalamientos de la funcionaria, además de ser preocupantes, vienen a reafirmar lo que al respecto han expresado distintos sectores de la sociedad mexicana e incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos: que el Ejército no es policía, y que cada vez que se emplea a las fuerzas armadas para desempeñar funciones que les son ajenas el resultado es, casi invariablemente, un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes. Por desgracia, la respuesta del gobierno calderonista ha sido siempre la misma y no parece haber lugar de su parte a rectificación alguna en lo que toca al empleo del Ejército en el combate a la delincuencia organizada: inclusive, el jefe del Ejecutivo reviró el pasado jueves, ante los señalamientos de Arbour, que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si con eso se justificaran las vejaciones cometidas por elementos de las fuerzas armadas. En realidad, como subrayó Louise Arbour, “la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física”, tanto ante las organizaciones criminales como de los abusos de efectivos castrenses.
Editorial, La Jornada, 9 de febrero.
La Alta Comisionada hizo un llamado "al gobierno y a los legisladores para que aseguren que las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por México en los tratados que ha ratificado el país reciban rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos que se llevan ante los tribunales". En ese tema, en su reunión de dos días atrás Calderón se había visto obligado a reconocer el retraso en la preparación de su Programa Nacional de Derechos Humanos, demora simulada tras la fórmula "actualmente mi gobierno trabaja" en su elaboración. También usó el eufemismo para explicar otro retardo, al decir que "en días próximos ratificará la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas".
Respecto de otros derechos humanos en cuestión en México, la Alta Comisionada habló de las "crecientes limitaciones a las libertades de expresión y de reunión. La concentración del poder de los medios de comunicación en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una sana sociedad democrática". En ese tema y en dicha sociedad, concluyó, "le toca al gobierno asegurar que haya un campo de juego parejo... No tengo una receta para México, pero claramente tiene que haber una situación igualitaria, un gran espacio para el pluralismo, para la libertad de expresión, y el papel del gobierno es asegurar que haya esto".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
Pero una cosa es colaboración y otra miopía; por eso es importante este llamado hecho por la comisionada, quien sin proponérselo estaba validando y asumiendo casi como suyos los argumentos de Soberanes:
“El gobierno debe invertir para reconstruir el sistema civil de aplicación de la ley. Tiene que destinar importantes recursos —todos los que sean necesarios— para fortalecer las instituciones civiles y combatir la corrupción que existe en las corporaciones policíacas, por lo que éstas no pueden hacer frente a la delincuencia organizada… el gobierno tiene que invertir recursos para reconstruir el sistema de justicia civil, mejorar la capacitación de los policías y el sistema judicial. Es necesario que realice inversiones para cerciorarse de que el cumplimiento de la ley se da en México… los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado —violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos—, que deben ser investigadas por la justicia civil.
“Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del Ejército… (las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado) puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontarse con grupos fuertemente armados, lo que lleva a tipos letales de confrontación
“Considero que la guerra contra las drogas, si es que existe tal, o la guerra contra el crimen organizado, estas llamadas guerras tienen que ganarse no en las calles, sino en los tribunales”.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de febrero.
El nivel socioeconómico y educacional de los miembros de la policía, cualquiera que éste sea, suele ser muy bajo, con una capacitación deficiente.
Incluso en términos culturales, la figura policíaca resulta poco respetada y, a pesar del riesgo que comporta su ejercicio, no es remunerada ni reconocida en su justa dimensión.
A ello se le suma el tamaño del enemigo. Ayer, Excélsior dio cuenta de un importante aseguramiento de arsenal, realizado por el Ejército Mexicano: 100 armas de fuego de alto poder, más de 83 mil cartuchos útiles, 235 cargadores, granadas de fragmentación, camionetas blindadas y explosivos tipo B-4 (usados para demoliciones).
Posiblemente este cargamento pertenezca al cártel del Golfo. ¿Los vamos a combatir con la policía? Suena bien seguir las tendencias mundiales del Estado de derecho. Sin embargo, del plato a la boca…
Ciro Di Constanzo, “Al dente, actualidad en su punto”, Excélsior, 9 de febrero.
Acaso lo más preocupante de las declaraciones de Arbour es que constituyen un indicador más que claro de que el precario estado que guardan los derechos humanos en nuestro país se ha consolidado como un tema central ante la opinión pública nacional e internacional: muestra de ello es el interés de la alta comisionada de Naciones Unidas, pero también el que han mostrado organismos independientes, como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que actualmente realiza su sexta visita en el país y recorre las zonas de influencia zapatista del estado de Chiapas.
Si algo ha caracterizado al actual gobierno ha sido, precisamente, su indolencia e inmovilidad para atender a afectados por los atropellos contra las garantías individuales: no sólo no se han resuelto los casos de abusos en que incurrieron autoridades estatales y federales en la recta final del sexenio pasado –como la represión policial en Lázaro Cárdenas, Texcoco-Atenco y Oaxaca–, sino además se han suscitado nuevas e injustificables vejaciones. Ha de recordarse que en diciembre pasado la directora para América Latina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), Soraya Long, acusó que “no hay verdadera voluntad política de este gobierno –el federal– de acatar sus compromisos internacionales” en materia de respeto a las garantías individuales, por las constantes omisiones en que la actual administración ha incurrido respecto de las recomendaciones emitidas por organismos especialistas en el tema.
Editorial, La Jornada, 9 de febrero.
De haber viajado a los estados, la Alta Comisionada Arbour hubiera comprobado in situ sus apreciaciones generales sobre la materia que le toca gestionar. En Chiapas, por ejemplo, hubiera conocido la suma de hechos que en menos de un mes evidencian la tendencia hacia la criminalización de la protesta, una de las formas actualmente más socorridas de violar los derechos humanos. El 17 de enero se reformó el Código Penal para tipificar el delito de incitación a la violencia, que se comete "para impedir el ejercicio de un derecho o del servicio público u otros análogos, en contra de cualquier persona, física o moral, privada u oficial". El 31 de enero se impidió circular a vehículos que llevaban a Tuxtla Gutiérrez a campesinos que en esa ciudad se unirían a la protesta nacional contra el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Policías locales y federales, según refieren los grupos locales de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, detuvieron a Pedro Matusalén Vázquez, de la comunidad llamada Nicolás Ruiz, que horas después fue liberado "bajo la advertencia de no volverse a meter en nada y decirle a sus compañeros que no volvieran a venir porque la próxima vez serían más". Lo mismo hicieron con el profesor Felipe Hernández Yoena, que había sido orador en aquella manifestación, liberado al amanecer siguiente al día de su detención, practicada porque no entiende, según se lo explicaron los agentes que lo capturaron, "que el problema del TLC es federal, y que no tenían por qué manifestarse en Chiapas y que el gobernador no quería manifestaciones ni problemas en el estado". (Quizá para orar porque así sea, además de honrar la memoria del señor Jorge Hurtado Oliver, el gobernador chiapaneco, Juan Sabines, acudió a misa en Campeche el viernes pasado, oficio organizado por el gobernador Jorge Carlos Hurtado ante el deceso de su padre. Como hombre pragmático que es -a Dios rogando y con el mazo dando- Sabines se había reunido la noche anterior con Juan Camilo Mouriño, en la Quinta Gely, sede campechana del secretario de Gobernación, que lo invitó a cenar junto con cuatro gobernadores priistas más, los de México, Nuevo León, Tamaulipas y Colima).
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
La cuestión es reorientar el enfoque, los organismos civiles ya lo hacen. El pasado 7 de febrero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentó su informe 2007, denominado Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, donde se aborda con suficiencia el asunto de la seguridad pública y la militarización, así como los claroscuros de la reforma judicial en curso, incluyendo una serie de recomendaciones que se vinculan a la necesidad de ajuste del orden interno a las normas internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano tiene obligación de cumplir y respetar. Como vemos, conceptos sustantivos no faltan; sin embargo, la debilidad que aún se percibe es la relativa a las dimensiones procesales, es decir, a la justiciabilidad.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) –que visita el país y ha ofrecido informes solventes y jurídicamente bien fundados sobre Acteal, San Salvador Atenco, Oaxaca, entre otros– ve limitados los resultados de su accionar ante la impasibilidad de las autoridades que deberían fincar responsabilidades o ante organismos internacionales que deberían intervenir más allá de posturas discursivas.
Magdalena Gómez, La Jornada, 12 de febrero.
Nadie podría considerar tras las palabras de la comisionada, casi a la calca de las de nuestra institución estatal responsable de la misma materia, una falta de respeto ni un sabotaje a la intención redentora del presidente Felipe Calderón.
Posiblemente lo único vigente de aquellas lecciones del diazordacismo sea el necesario respeto a la institución castrense. Pero hablar de ella, calificarla; evaluar sus acciones, necesidad, pertinencia y procedimientos es algo posible en nuestros días.
Y los generales lo saben y, algo mejor todavía, lo comprenden.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de febrero.
Es realmente un círculo vicioso, se lucha incansablemente por lograr normas internacionales, por ejemplo, la declaración recientemente aprobada en cuanto a derechos de los pueblos indígenas y desde la misma ONU se le asigna “fuerza moral y política”, quedando en espera de su asimilación al orden interno para lograr vinculatoriedad, y en nuestro caso, aún si ello sucediera, se tendrían que promover las condiciones de exigibilidad. Todavía hace años se hablaba de la “claúsula democrática” en la Unión Europea, esto es, que si un país es señalado de manera fehaciente por sus violaciones a derechos humanos no tendría acceso a créditos o proyectos. Hoy día las diversas instancias u organismos financieros operan bajo la esquizofrenia de que por un lado impulsan normas que profundizan el neoliberalismo y la desigualdad en nuestros países, y luego realizan informes críticos sobre tales resultados.
Lo que parece claro es que la concentración de poderes fácticos enquistados en la clase política hegemónica impide transformarnos y pasar de un país cuyos espacios estatales de los tres poderes, operan discrecionalmente bajo la lógica de “lo que sea su voluntad”, a un país que se rija bajo el principio de legalidad con sujeción a normas y con instancias reguladoras de su respeto y exigibilidad. En todo ello está implicado el movimiento social y político en sus más variadas expresiones, defendiéndose además de la creciente criminalización de sus protestas.
Magdalena Gómez, La Jornada, 12 de febrero.
Que contra lo difundido aquí, el encuentro de Clara Jusidman e Isidro Cisneros con la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, fue “breve pero fructífera”.
“Trascendió”, Milenio, 13 de febrero.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louis Arbour, dijo ayer que es "peligroso" para México mantener a su Ejército en el combate contra el narcotráfico.
"Yo entiendo que hay quienes dicen que hay momentos en que hay que recurrir a una fuerza mayor como la del Ejército, pero me parece que en el largo plazo es una medida francamente peligrosa", aseveró Arbour a la cadena Televisa al inicio de una visita de cuatro días a México.
"Me parece que el Ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de ley que pertenecen a las policías", agregó.
Um, dicen, entonces, ¿a quién hacerle caso?, ¿al (loco) de Bush, o a la comisionada de la ONU?
Algunos legisladores mexicanos le pidieron ayer al presidente Calderón "que no baje la guardia en la lucha contra el narco..."; otros, que no agite el avispero...
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 6 de febrero.
Louise Arbour cumple hoy 61 años de edad. Acababa de cumplir 57 cuando el 20 de febrero de 2004 fue elegida por la Asamblea General de la ONU Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Su antecesor, Sergio Vieira de Mello, había caído en Bagdad en agosto anterior, víctima de la violencia desatada por la ocupación norteamericana, en un atentado con bomba en que además de la suya se perdieron 21 vidas más. La jueza canadiense, integrada a la Suprema Corte de su país desde 1999, había sido fiscal en los tribunales internacionales sobre los crímenes de guerra en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. Pero antes de ocupar cargos en la judicatura de Ontario y de Canadá, y en el ámbito internacional, había sido una abogada activista, en la Asociación Canadiense de Derechos Civiles, de que fue vicepresidenta.
Estuvo aquí cuatro días en la semana que termina hoy. Invitada por el gobierno mexicano, firmó el convenio que extiende la permanencia de la delegación en México de su oficina de la ONU, establecida en julio de 2002 y que actuará aquí hasta el 30 de noviembre de 2012. Del martes al viernes pasados se reunió con el presidente de la República, con el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con comisiones del Congreso, por un lado; y con una vasta red de organizaciones civiles dedicadas a la causa que ella representa en el más elevado nivel internacional. Su visita osciló entre la suavidad y discreción del trato diplomático, y la crudeza con que oyó y juzgó el preocupante estado de los derechos humanos en México.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
En los días recientes la problemática de los derechos humanos ha estado muy presente en el país y lo destacable es que de parte de ciertos sectores, sobre todo internacionales, se invoque o promueva implícitamente la llamada “voluntad política”, cuya presencia o ausencia aparece como determinante. Esta postura es ciertamente riesgosa, pues implica evadir el tema de la justiciabilidad tanto del derecho internacional como en el orden interno. En contraste, la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita hizo declaraciones serias en el sentido de reivindicar el necesario uso de los tribunales para dirimir situaciones presuntamente delincuenciales, deslindándose de la “excepcionalidad” que en los hechos se da al combate al crimen organizado. Por su parte, el ocupante de Los Pinos, “acicateado por la adversidad” como él se ha descrito, respondió que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, es decir, “porque lo digo yo”, y seguirá adelante para lograr sus objetivos sin que ninguna instancia judicial o legislativa lo detenga, ni nacional ni internacional. Al cabo del tiempo difundirá con bombos y platillos sus cifras sin que la ciudadanía tenga parámetros para evaluar tan efectivos avances, y únicamente resentirá la paulatina militarización del país, y los atropellos de sus efectivos a la población; todo ello justificado por la gran cruzada calderonista que nuevamente se justificará, como en 2006, con su máxima antiética: “haiga sido como haiga sido”.
Ante esta situación debemos por lo menos revisar con cuidado los efectos del lugar común en que se ha convertido la expresión “voluntad política”, pues se utiliza como si entrañara actitud positiva, según la nueva jerga, la hay si se realizan “buenas prácticas”, como se dice recurrentemente en espacios de Naciones Unidas, y no la hay si no, como diría el filósofo de Güemes. Se elude así que la llamada voluntad política también implica decisiones adversas. En 1968 y en 1971 hubo voluntad política, sí la de masacrar y detener a toda costa al movimiento estudiantil y así nos podemos seguir con ejemplos.
Magdalena Gómez, La Jornada, 12 de febrero.
En la firma del convenio de colaboración entre el gobierno de México y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, llamó la atención la ausencia del ombudsman José Luis Soberanes, quien curiosamente un día antes sí asistió al Teatro de la República con el presidente Felipe Calderón para conmemorar el 91 Aniversario de la Constitución, pero ayer faltó a un tema que era de toda su competencia. La razón, según cuentan las malas lenguas, es que quizás trae fuertes diferencias con Arbour.
“Días Políticos”, El Economista, 7 de febrero.
Otra promesa construida a partir del mismo condicional se produjo en Los Pinos durante una reunión de if-Elipe con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour. Ante las múltiples quejas por la participación de las fuerzas armadas en tareas que deberían enfrentar los gobiernos civiles, como el combate a las grandes bandas criminales, el presidente condicional de la República de Los Pinos se portó comprensivo e inclusive generoso, al anunciar que esas incursiones militares se volverán “cada vez más esporádicas” pero sólo “en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen”. ¡Ah, bueno! Entonces esa participación castrense estará casi eliminada en el cortísimo plazo, es decir, unos dos o tres decenios, al paso que van las cosas. Además, el abogado michoacano aprovechó el foro para dar a conocer una tesis de vanguardia sobre el papel de la milicia en los asuntos civiles: “la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria”, dijo, aunque por desgracia la muy poco actualizada Constitución no establezca nada al respecto
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 7 de febrero.
Ocupó buena parte de su atención el despliegue de tropas dedicadas a combatir la delincuencia organizada, que sin embargo conlleva como cauda hasta ahora inevitable la violación a garantías de las personas. Tan presente estaba esa preocupación en torno a la visita de la funcionaria internacional, que el 6 de febrero el presidente Calderón se sintió obligado a cerrar el discurso con que la recibió en Los Pinos con una referencia al tema. Sus palabras no fueron necesariamente veraces, pues contrastaron con la publicación del Programa Sectorial de Defensa Nacional que consagra la permanencia militar en actividades policiacas hasta el final de este sexenio. En cambio, a la Alta Comisionada dijo Calderón esperar que "el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra criminalidad sea cada vez menos necesario", que su labor es "subsidiaria", y que en la medida en que avance "la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
Que algunos promotores de la llamada “sociedad civil organizada”, como Isidro Cisneros y Clara Jusidman, no lograron conmover ni interesar con sus proyectos a Louise Arbour, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, de visita en México, para quien sigue viva la memoria del fallido y costoso diagnóstico realizado por ese grupo de académicos en 2003-2004, por encargo de Vicente Fox y con el apoyo de la ONU. E
l diagnóstico tuvo, aunque no por sus contendidos, la notoriedad de una efímera chinampina: varios de sus autores se pelearon entre sí y terminaron defendiendo sus “visiones” individuales, mostrando que si algo compartían ellos y sus ONG era su derecho a tener intereses políticos y partidistas irreconciliables.
La Arbour los escuchó esta vez, pero ya no les creyó.
“Trascendió”, Milenio, 7 de febrero.
La ausencia de una política gubernamental en materia de derechos humanos –y la falta de interés por tenerla– es algo sencillamente inaceptable en un país pretendidamente democrático. Un gobierno que se ha vuelto violador principal de las garantías individuales carece de autoridad moral para demandar respeto a la legalidad y al estado de derecho.
Editorial, La Jornada, 9 de febrero.
¿De los males el menor? Así suenan las consideraciones de Louise Arbour, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien mantuvo durante su visita a México el mismo discurso: ni es la militarización el mejor combate al crimen organizado ni tenía el país mejor opción… por el descrédito de sus corporaciones civiles. Y, sí, ahí está el dilema
“Frentes Políticos”, Excélsior, 9 de febrero.
Antes de marcharse anteayer, la funcionaria de la ONU volvió sobre el asunto al hacer un resumen de su visita a México:
"Los militares han cometido violaciones a los derechos humanos en el combate al crimen organizado -violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos- que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por... el Ejército". Insistió en que la actuación policiaca de la fuerza castrense "puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontar a grupos fuertemente armados", y conducir a "una escalada, un aumento de las acciones violentas -del Ejército y el crimen organizado-, algunas de las cuales pueden presentarse en áreas pobladas por civiles, en las cuales personas inocentes accidentalmente pueden ser víctimas de confrontaciones armadas tan robustas". Por eso, concluyó que la guerra contra la delincuencia organizada debe "ganarse no en las calles sino en los tribunales".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
¿Es pertinente la utilización del Ejército para combatir al crimen organizado y al narcotráfico?
La respuesta llegó de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, de visita en nuestro país: “Francamente peligroso, en el largo plazo”, dijo, sin pestañear.
Según la alta comisionada, mezclar Ejército con policía no es una política sustentable, pues los soldados están entrenados para hacer uso excesivo de la fuerza, mientras que la tendencia mundial en el ámbito policiaco-civil es de un uso cada vez más moderado de la misma.
Para el presidente Calderón, los puntos de vista de la antigua fiscal para la ex Yugoslavia no pasaron desapercibidos. Tras un suspiro, reconoció que la participación del Ejército y la Marina en labores contra el narco van a disminuir paulatinamente.
Es cierto que las tendencias en la procuración de justicia son cada vez más renuentes al uso de la fuerza.
Sin embargo, el problema en México es que los cuerpos policíacos son más porosos que una piedra pómez. En términos generales, y sobre todo a nivel municipal, muchos han sido ya penetrados por el narcotráfico y el poderío corruptor de sus dólares.
Ciro Di Constanzo, “Al dente, actualidad en su punto”, Excélsior, 9 de febrero.
Por eso nadie quiere analizar las cosas a fondo y por eso se han satanizado algunos pronunciamientos sobre la ontología y la operación del Ejército. Cuando José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo con tino jurídico y sensibilidad social: se debe trazar una ruta crítica para el regreso de los soldados a sus cuarteles y gradualmente sustituirlos por policías bien preparados, se produjeron dos reacciones.
Una, el vacío de los demás defensores de derechos humanos. La cautela es hermana de la protección del caldero.
Y, la otra, la sesgada censura al ombudsman, a quien se le acusaba de sabotear verbalmente el principal proyecto de gobierno de la administración de Felipe Calderón.
Por eso resulta importante ver cómo desde la distancia las cosas se pueden ver con la misma claridad cuando se usan para verlas los lentes de la juridicidad y el respeto a las personas. Eso ha hecho Louise Arbour, alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, con quien Felipe Calderón firmó documentos para extender la cooperación del gobierno mexicano con esta institución internacional.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de febrero.
Ayer, en el día final de su visita por México, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, calificó el empleo del Ejército en el combate a la delincuencia organizada de medida “problemática y fundamentalmente inapropiada”, y señaló que, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal, los efectivos castrenses han cometido graves violaciones a las garantías fundamentales, que deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas por las autoridades civiles, “y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Los señalamientos de la funcionaria, además de ser preocupantes, vienen a reafirmar lo que al respecto han expresado distintos sectores de la sociedad mexicana e incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos: que el Ejército no es policía, y que cada vez que se emplea a las fuerzas armadas para desempeñar funciones que les son ajenas el resultado es, casi invariablemente, un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes. Por desgracia, la respuesta del gobierno calderonista ha sido siempre la misma y no parece haber lugar de su parte a rectificación alguna en lo que toca al empleo del Ejército en el combate a la delincuencia organizada: inclusive, el jefe del Ejecutivo reviró el pasado jueves, ante los señalamientos de Arbour, que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si con eso se justificaran las vejaciones cometidas por elementos de las fuerzas armadas. En realidad, como subrayó Louise Arbour, “la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física”, tanto ante las organizaciones criminales como de los abusos de efectivos castrenses.
Editorial, La Jornada, 9 de febrero.
La Alta Comisionada hizo un llamado "al gobierno y a los legisladores para que aseguren que las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por México en los tratados que ha ratificado el país reciban rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos que se llevan ante los tribunales". En ese tema, en su reunión de dos días atrás Calderón se había visto obligado a reconocer el retraso en la preparación de su Programa Nacional de Derechos Humanos, demora simulada tras la fórmula "actualmente mi gobierno trabaja" en su elaboración. También usó el eufemismo para explicar otro retardo, al decir que "en días próximos ratificará la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas".
Respecto de otros derechos humanos en cuestión en México, la Alta Comisionada habló de las "crecientes limitaciones a las libertades de expresión y de reunión. La concentración del poder de los medios de comunicación en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una sana sociedad democrática". En ese tema y en dicha sociedad, concluyó, "le toca al gobierno asegurar que haya un campo de juego parejo... No tengo una receta para México, pero claramente tiene que haber una situación igualitaria, un gran espacio para el pluralismo, para la libertad de expresión, y el papel del gobierno es asegurar que haya esto".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
Pero una cosa es colaboración y otra miopía; por eso es importante este llamado hecho por la comisionada, quien sin proponérselo estaba validando y asumiendo casi como suyos los argumentos de Soberanes:
“El gobierno debe invertir para reconstruir el sistema civil de aplicación de la ley. Tiene que destinar importantes recursos —todos los que sean necesarios— para fortalecer las instituciones civiles y combatir la corrupción que existe en las corporaciones policíacas, por lo que éstas no pueden hacer frente a la delincuencia organizada… el gobierno tiene que invertir recursos para reconstruir el sistema de justicia civil, mejorar la capacitación de los policías y el sistema judicial. Es necesario que realice inversiones para cerciorarse de que el cumplimiento de la ley se da en México… los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado —violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos—, que deben ser investigadas por la justicia civil.
“Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del Ejército… (las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado) puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontarse con grupos fuertemente armados, lo que lleva a tipos letales de confrontación
“Considero que la guerra contra las drogas, si es que existe tal, o la guerra contra el crimen organizado, estas llamadas guerras tienen que ganarse no en las calles, sino en los tribunales”.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de febrero.
El nivel socioeconómico y educacional de los miembros de la policía, cualquiera que éste sea, suele ser muy bajo, con una capacitación deficiente.
Incluso en términos culturales, la figura policíaca resulta poco respetada y, a pesar del riesgo que comporta su ejercicio, no es remunerada ni reconocida en su justa dimensión.
A ello se le suma el tamaño del enemigo. Ayer, Excélsior dio cuenta de un importante aseguramiento de arsenal, realizado por el Ejército Mexicano: 100 armas de fuego de alto poder, más de 83 mil cartuchos útiles, 235 cargadores, granadas de fragmentación, camionetas blindadas y explosivos tipo B-4 (usados para demoliciones).
Posiblemente este cargamento pertenezca al cártel del Golfo. ¿Los vamos a combatir con la policía? Suena bien seguir las tendencias mundiales del Estado de derecho. Sin embargo, del plato a la boca…
Ciro Di Constanzo, “Al dente, actualidad en su punto”, Excélsior, 9 de febrero.
Acaso lo más preocupante de las declaraciones de Arbour es que constituyen un indicador más que claro de que el precario estado que guardan los derechos humanos en nuestro país se ha consolidado como un tema central ante la opinión pública nacional e internacional: muestra de ello es el interés de la alta comisionada de Naciones Unidas, pero también el que han mostrado organismos independientes, como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que actualmente realiza su sexta visita en el país y recorre las zonas de influencia zapatista del estado de Chiapas.
Si algo ha caracterizado al actual gobierno ha sido, precisamente, su indolencia e inmovilidad para atender a afectados por los atropellos contra las garantías individuales: no sólo no se han resuelto los casos de abusos en que incurrieron autoridades estatales y federales en la recta final del sexenio pasado –como la represión policial en Lázaro Cárdenas, Texcoco-Atenco y Oaxaca–, sino además se han suscitado nuevas e injustificables vejaciones. Ha de recordarse que en diciembre pasado la directora para América Latina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), Soraya Long, acusó que “no hay verdadera voluntad política de este gobierno –el federal– de acatar sus compromisos internacionales” en materia de respeto a las garantías individuales, por las constantes omisiones en que la actual administración ha incurrido respecto de las recomendaciones emitidas por organismos especialistas en el tema.
Editorial, La Jornada, 9 de febrero.
De haber viajado a los estados, la Alta Comisionada Arbour hubiera comprobado in situ sus apreciaciones generales sobre la materia que le toca gestionar. En Chiapas, por ejemplo, hubiera conocido la suma de hechos que en menos de un mes evidencian la tendencia hacia la criminalización de la protesta, una de las formas actualmente más socorridas de violar los derechos humanos. El 17 de enero se reformó el Código Penal para tipificar el delito de incitación a la violencia, que se comete "para impedir el ejercicio de un derecho o del servicio público u otros análogos, en contra de cualquier persona, física o moral, privada u oficial". El 31 de enero se impidió circular a vehículos que llevaban a Tuxtla Gutiérrez a campesinos que en esa ciudad se unirían a la protesta nacional contra el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Policías locales y federales, según refieren los grupos locales de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, detuvieron a Pedro Matusalén Vázquez, de la comunidad llamada Nicolás Ruiz, que horas después fue liberado "bajo la advertencia de no volverse a meter en nada y decirle a sus compañeros que no volvieran a venir porque la próxima vez serían más". Lo mismo hicieron con el profesor Felipe Hernández Yoena, que había sido orador en aquella manifestación, liberado al amanecer siguiente al día de su detención, practicada porque no entiende, según se lo explicaron los agentes que lo capturaron, "que el problema del TLC es federal, y que no tenían por qué manifestarse en Chiapas y que el gobernador no quería manifestaciones ni problemas en el estado". (Quizá para orar porque así sea, además de honrar la memoria del señor Jorge Hurtado Oliver, el gobernador chiapaneco, Juan Sabines, acudió a misa en Campeche el viernes pasado, oficio organizado por el gobernador Jorge Carlos Hurtado ante el deceso de su padre. Como hombre pragmático que es -a Dios rogando y con el mazo dando- Sabines se había reunido la noche anterior con Juan Camilo Mouriño, en la Quinta Gely, sede campechana del secretario de Gobernación, que lo invitó a cenar junto con cuatro gobernadores priistas más, los de México, Nuevo León, Tamaulipas y Colima).
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 10 de febrero.
La cuestión es reorientar el enfoque, los organismos civiles ya lo hacen. El pasado 7 de febrero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentó su informe 2007, denominado Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, donde se aborda con suficiencia el asunto de la seguridad pública y la militarización, así como los claroscuros de la reforma judicial en curso, incluyendo una serie de recomendaciones que se vinculan a la necesidad de ajuste del orden interno a las normas internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano tiene obligación de cumplir y respetar. Como vemos, conceptos sustantivos no faltan; sin embargo, la debilidad que aún se percibe es la relativa a las dimensiones procesales, es decir, a la justiciabilidad.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) –que visita el país y ha ofrecido informes solventes y jurídicamente bien fundados sobre Acteal, San Salvador Atenco, Oaxaca, entre otros– ve limitados los resultados de su accionar ante la impasibilidad de las autoridades que deberían fincar responsabilidades o ante organismos internacionales que deberían intervenir más allá de posturas discursivas.
Magdalena Gómez, La Jornada, 12 de febrero.
Nadie podría considerar tras las palabras de la comisionada, casi a la calca de las de nuestra institución estatal responsable de la misma materia, una falta de respeto ni un sabotaje a la intención redentora del presidente Felipe Calderón.
Posiblemente lo único vigente de aquellas lecciones del diazordacismo sea el necesario respeto a la institución castrense. Pero hablar de ella, calificarla; evaluar sus acciones, necesidad, pertinencia y procedimientos es algo posible en nuestros días.
Y los generales lo saben y, algo mejor todavía, lo comprenden.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de febrero.
Es realmente un círculo vicioso, se lucha incansablemente por lograr normas internacionales, por ejemplo, la declaración recientemente aprobada en cuanto a derechos de los pueblos indígenas y desde la misma ONU se le asigna “fuerza moral y política”, quedando en espera de su asimilación al orden interno para lograr vinculatoriedad, y en nuestro caso, aún si ello sucediera, se tendrían que promover las condiciones de exigibilidad. Todavía hace años se hablaba de la “claúsula democrática” en la Unión Europea, esto es, que si un país es señalado de manera fehaciente por sus violaciones a derechos humanos no tendría acceso a créditos o proyectos. Hoy día las diversas instancias u organismos financieros operan bajo la esquizofrenia de que por un lado impulsan normas que profundizan el neoliberalismo y la desigualdad en nuestros países, y luego realizan informes críticos sobre tales resultados.
Lo que parece claro es que la concentración de poderes fácticos enquistados en la clase política hegemónica impide transformarnos y pasar de un país cuyos espacios estatales de los tres poderes, operan discrecionalmente bajo la lógica de “lo que sea su voluntad”, a un país que se rija bajo el principio de legalidad con sujeción a normas y con instancias reguladoras de su respeto y exigibilidad. En todo ello está implicado el movimiento social y político en sus más variadas expresiones, defendiéndose además de la creciente criminalización de sus protestas.
Magdalena Gómez, La Jornada, 12 de febrero.
Que contra lo difundido aquí, el encuentro de Clara Jusidman e Isidro Cisneros con la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, fue “breve pero fructífera”.
“Trascendió”, Milenio, 13 de febrero.
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