La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no toma en cuenta a las víctimas cuando se trata de conciliar con las autoridades responsables de violar sus garantías, y las abandona al no darle seguimiento a sus recomendaciones, para verificar y garantizar que se resarza el daño, señala José Miguel Vivanco.
En entrevista, el director para las Américas de Human Rights Watch lamenta la actitud de autolimitación por parte del organismo público.
"La comisión no es un tribunal, no puede sustituir la labor de los tribunales de justicia. Tampoco es un legislador, para eso está el Congreso. Pero es un ente que, por mandato constitucional, tiene el deber de promover y defender los derechos humanos a nivel nacional", remarca.
Luego de presentar en México el informe "La CNDH, una evaluación crítica", el especialista chileno expresa su confianza en que la comisión adopte las medidas necesarias para mejorar su desempeño.
Según el informe, el 90 por ciento de las quejas recibidas por la CNDH se resuelven mediante conciliación. Sin embargo, no se consulta a las víctimas sobre los acuerdos con las autoridades.
Cuando uno les pregunta a los funcionarios de la Comisión por qué no consultan con las víctimas antes de alcanzar un acuerdo con la autoridad competente, dicen "porque no estamos obligados a hacerlo".
Esa es su posición, de tal modo que no es un hecho sujeto a interpretaciones. Incluso hablamos con las víctimas y muchas de ellas nos dijeron que efectivamente esa era la práctica.
¿Es una actitud reiterada en la comisión?
Sólo la segunda visitaduría nos respondió en términos inequívocos que su práctica era consultar a las víctimas antes de alcanzar un acuerdo con las autoridades.
Sería bueno uniformar prácticas para todos los funcionarios, no hay nada que lo prohiba. Al contrario, el sentido común, un sentido de justicia elemental, indica que es mejor mantener al peticionario plenamente enterado, informado, de lo que está ocurriendo.
Pero si se llega a un acuerdo con la autoridad, ese acuerdo se les notifica a las víctimas y punto.
¿Qué ocurre con el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH?
En el caso de las violaciones graves a los derechos humanos, la comisión emite una recomendación que sí es pública. La clave es que el trabajo no se quede ahí, sino que comience con la revisión de esa recomendación.
Hasta ahora han sostenido que no están obligados a hacer el seguimiento, porque de lo contrario estarían violando sus normas y el ordenamiento jurídico, pero eso ocurre porque tienen una visión muy particular de lo que es su misión, su mandato.
En el estudio menciona las consecuencias de que no haya seguimiento oportuno al caso de Ciudad Juárez.
En 1998 se da una recomendación del caso Ciudad Juárez, muy buena, donde dan cuenta de todas las atrocidades cometidas, pero a ese informe no le dan seguimiento sino cinco años más tarde, en 2003, y gracias a las presiones que se ejercen por parte de la sociedad civil, interna y externamente, que demuestran que la situación no mejora.
Con un pequeño detalle: ente 1998 y 2003 se producen más de 180 homicidios de mujeres, 28 desapariciones y torturas.
No hacemos responsable a la CNDH de esa situación, pero el impacto del informe de 1998 es nulo. No puede darse por satisfecha una vez que emite su informe o recomendación. Hace falta estar permanentemente vigilantes para ir verificando que se estén adoptando las medidas. Eso lo que reclamamos de la comisión y está perfectamente dentro de sus facultades.
La CNDH argumenta que en el informe se le piden acciones fuera de su jurisdicción.
Nadie le está pidiendo que se inmiscuya y que se convierta en una suerte de Ministerio Público. Se le está pidiendo que observe, que verifique, esté atenta y mire cuánto se toman estas investigaciones, si avanzan o no.
¿Hasta qué grado la comisión debe hacer públicos los casos que atiende?
Hoy día, en democracia, el criterio que se impone en todas partes del mundo es la transparencia, la excepción es la confidencialidad, y normalmente está reservada para casos extremos de seguridad nacional.
De acuerdo a nuestro análisis, si uno quisiera conocer un expediente que ya cuenta con una recomendación final, sería imposible para la opinión pública acceder a él.
Conózcalo
Nombre: José Miguel Vivanco
País de origen: Chile
Formación: Estudió Leyes en las universidades de Chile y Salamanca, con posgrado por la Universidad de Harvard.
Experiencia: Profesor en las universidades de Georgetown y Johns Hopkins; secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; fundador del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
En entrevista, el director para las Américas de Human Rights Watch lamenta la actitud de autolimitación por parte del organismo público.
"La comisión no es un tribunal, no puede sustituir la labor de los tribunales de justicia. Tampoco es un legislador, para eso está el Congreso. Pero es un ente que, por mandato constitucional, tiene el deber de promover y defender los derechos humanos a nivel nacional", remarca.
Luego de presentar en México el informe "La CNDH, una evaluación crítica", el especialista chileno expresa su confianza en que la comisión adopte las medidas necesarias para mejorar su desempeño.
Según el informe, el 90 por ciento de las quejas recibidas por la CNDH se resuelven mediante conciliación. Sin embargo, no se consulta a las víctimas sobre los acuerdos con las autoridades.
Cuando uno les pregunta a los funcionarios de la Comisión por qué no consultan con las víctimas antes de alcanzar un acuerdo con la autoridad competente, dicen "porque no estamos obligados a hacerlo".
Esa es su posición, de tal modo que no es un hecho sujeto a interpretaciones. Incluso hablamos con las víctimas y muchas de ellas nos dijeron que efectivamente esa era la práctica.
¿Es una actitud reiterada en la comisión?
Sólo la segunda visitaduría nos respondió en términos inequívocos que su práctica era consultar a las víctimas antes de alcanzar un acuerdo con las autoridades.
Sería bueno uniformar prácticas para todos los funcionarios, no hay nada que lo prohiba. Al contrario, el sentido común, un sentido de justicia elemental, indica que es mejor mantener al peticionario plenamente enterado, informado, de lo que está ocurriendo.
Pero si se llega a un acuerdo con la autoridad, ese acuerdo se les notifica a las víctimas y punto.
¿Qué ocurre con el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH?
En el caso de las violaciones graves a los derechos humanos, la comisión emite una recomendación que sí es pública. La clave es que el trabajo no se quede ahí, sino que comience con la revisión de esa recomendación.
Hasta ahora han sostenido que no están obligados a hacer el seguimiento, porque de lo contrario estarían violando sus normas y el ordenamiento jurídico, pero eso ocurre porque tienen una visión muy particular de lo que es su misión, su mandato.
En el estudio menciona las consecuencias de que no haya seguimiento oportuno al caso de Ciudad Juárez.
En 1998 se da una recomendación del caso Ciudad Juárez, muy buena, donde dan cuenta de todas las atrocidades cometidas, pero a ese informe no le dan seguimiento sino cinco años más tarde, en 2003, y gracias a las presiones que se ejercen por parte de la sociedad civil, interna y externamente, que demuestran que la situación no mejora.
Con un pequeño detalle: ente 1998 y 2003 se producen más de 180 homicidios de mujeres, 28 desapariciones y torturas.
No hacemos responsable a la CNDH de esa situación, pero el impacto del informe de 1998 es nulo. No puede darse por satisfecha una vez que emite su informe o recomendación. Hace falta estar permanentemente vigilantes para ir verificando que se estén adoptando las medidas. Eso lo que reclamamos de la comisión y está perfectamente dentro de sus facultades.
La CNDH argumenta que en el informe se le piden acciones fuera de su jurisdicción.
Nadie le está pidiendo que se inmiscuya y que se convierta en una suerte de Ministerio Público. Se le está pidiendo que observe, que verifique, esté atenta y mire cuánto se toman estas investigaciones, si avanzan o no.
¿Hasta qué grado la comisión debe hacer públicos los casos que atiende?
Hoy día, en democracia, el criterio que se impone en todas partes del mundo es la transparencia, la excepción es la confidencialidad, y normalmente está reservada para casos extremos de seguridad nacional.
De acuerdo a nuestro análisis, si uno quisiera conocer un expediente que ya cuenta con una recomendación final, sería imposible para la opinión pública acceder a él.
Conózcalo
Nombre: José Miguel Vivanco
País de origen: Chile
Formación: Estudió Leyes en las universidades de Chile y Salamanca, con posgrado por la Universidad de Harvard.
Experiencia: Profesor en las universidades de Georgetown y Johns Hopkins; secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; fundador del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Entrevista de Daniela Rea, Reforma, 15 de febrero.
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