La Cámara de Diputados de México aprobó este martes una reforma judicial que autoriza los juicios orales para agilizar la procuración de justicia, pero incluye puntos polémicos como la detención provisional sin mayores pruebas contra el inculpado.
“El dictamen se aprueba por 462 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones”, dijo Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados luego de la votación.
La aprobación de este dictamen por amplia mayoría se consiguió luego de un duro debate en el que los partidos de izquierda, encabezados por el de la Revolución Democrática (PRD), consiguieron eliminar del texto un polémico párrafo que autorizaba los cateos sin orden judicial previa.
En la ley figuran los juicios orales, lo que se traduce en el cambio más importante al sistema de procuración y administración de justicia y de seguridad de México en las últimas décadas.
La iniciativa deberá sin embargo regresar al Senado debido a que la cámara alta la había aprobado con el párrafo que autorizaba los allanamientos sin orden judicial y tendrá que ser nuevamente votada para enseguida ser enviada al Ejecutivo y finalmente promulgada.
De haberse aprobado la realización de cateos sin orden judicial, “hubiéramos consagrado la inquisición en México”, dijo en el recinto el diputado izquierdista Javier González Garza.
Su colega, Felipe Borrego Estrada, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN, derecha), fue quien propuso suprimir el párrafo del proyecto impulsado por el gobierno, que permitía a la policía allanar domicilios sin autorización judicial al inicio del debate sobre la reforma judicial.
Intervenir comunicaciones y girar órdenes de aprehensión para detener a cualquier persona casi sin pruebas en su contra, son otros de los puntos que se incluyen en esta ley y que también han sido criticados por organismos de derechos humanos.
Esos dos puntos fueron cuestionados por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, durante su visita a México a principios de este mes.
“Crean un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertencer a la delincuencia organizada”, consideró Arbour.
Entre las organizaciones que se opusieron globalmente a la reforma está la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) porque entre otras cosas “reduce peligrosamente los requisitos para librar una orden de aprehensión”.
Sin embargo algunos académicos, como Alvaro Vizcaíno, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), consideran positivae la prisión preventiva, y permite despresurizar el trabajo de ministerios públicos y jueces”.
“En México un juicio penal se resuelve en promedio en 263 días, mientras que en Francia, el 95% de los asuntos penales se resuelve antes de 36 horas”, ejemplificó.
“El dictamen se aprueba por 462 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones”, dijo Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados luego de la votación.
La aprobación de este dictamen por amplia mayoría se consiguió luego de un duro debate en el que los partidos de izquierda, encabezados por el de la Revolución Democrática (PRD), consiguieron eliminar del texto un polémico párrafo que autorizaba los cateos sin orden judicial previa.
En la ley figuran los juicios orales, lo que se traduce en el cambio más importante al sistema de procuración y administración de justicia y de seguridad de México en las últimas décadas.
La iniciativa deberá sin embargo regresar al Senado debido a que la cámara alta la había aprobado con el párrafo que autorizaba los allanamientos sin orden judicial y tendrá que ser nuevamente votada para enseguida ser enviada al Ejecutivo y finalmente promulgada.
De haberse aprobado la realización de cateos sin orden judicial, “hubiéramos consagrado la inquisición en México”, dijo en el recinto el diputado izquierdista Javier González Garza.
Su colega, Felipe Borrego Estrada, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN, derecha), fue quien propuso suprimir el párrafo del proyecto impulsado por el gobierno, que permitía a la policía allanar domicilios sin autorización judicial al inicio del debate sobre la reforma judicial.
Intervenir comunicaciones y girar órdenes de aprehensión para detener a cualquier persona casi sin pruebas en su contra, son otros de los puntos que se incluyen en esta ley y que también han sido criticados por organismos de derechos humanos.
Esos dos puntos fueron cuestionados por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, durante su visita a México a principios de este mes.
“Crean un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertencer a la delincuencia organizada”, consideró Arbour.
Entre las organizaciones que se opusieron globalmente a la reforma está la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) porque entre otras cosas “reduce peligrosamente los requisitos para librar una orden de aprehensión”.
Sin embargo algunos académicos, como Alvaro Vizcaíno, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), consideran positivae la prisión preventiva, y permite despresurizar el trabajo de ministerios públicos y jueces”.
“En México un juicio penal se resuelve en promedio en 263 días, mientras que en Francia, el 95% de los asuntos penales se resuelve antes de 36 horas”, ejemplificó.
Nota de El Economista con información de AFP, 27 de febrero.
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