El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González Sada, felicitó a los diputados por aprobar la reforma judicial y por eliminar la facultad para que policías puedan ingresar a domicilios sin la orden de un juez en determinados casos.
Argumentó en entrevista que no se puede cambiar libertad por seguridad, porque se corría el riesgo de perder ambas, y se hubieran incluido elementos que pudieran prestarse a abusos por parte de las fuerzas policiacas.
Ahora falta que la sociedad demande la rendición de cuentas, sobre todo en los niveles municipales y estatales, “para que la ley no quede en letra muerta; hay que asegurar que unas buenas leyes no queden distorsionadas en su aplicación por incompetencia o por colusión o corrupción”, explicó.
Al aprobar la reforma en materia judicial, el pleno de la Cámara de Diputados eliminó el párrafo 12 del Artículo 16 constitucional, el cual avalaba los allanamientos a domicilios sin una orden judicial.
González Sada consideró que el párrafo eliminado representaba “un peligro para los ciudadanos, atentándose contra el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio”.
La Coparmex expresa su beneplácito y “aplaudimos la postura de los diputados que atendieron a esta inquietud ciudadana”, al eliminar el párrafo en cuestión, señaló.
El dirigente patronal reconoció que jamás se alcanzará la perfección de una ley, pero la reforma representa “un avance en la dirección correcta”.
La comunidad, insistió, debe exigir ahora a las autoridades rendición de cuentas, “porque el sistema de leyes es mejor con estas reformas, pero ahora tenemos que asegurarnos de que efectivamente se aplique”.
Para González Sada, existen muchas evidencias de falta de voluntad política de algunos presidentes municipales e incluso de autoridades estatales en contra de la aplicación, por ejemplo, de pruebas antidoping a los elementos policiacos de esos niveles de gobierno.
Argumentó que ningún empresario puede tener “el mismo apetito” de invertir recursos en un estado donde hay inseguridad, “donde a su vez compite con otros países donde el nivel de prevalencia del Estado de derecho está mucho más consolidado.
“Tenemos un verdadero beneplácito, porque si bien estamos muy conscientes de que los objetivos principales de esta reforma tienen como finalidad el implementar la seguridad de la población y combatir al crimen con mayor eficacia, no dejaba de preocuparnos el menoscabo respecto a la libertad y las garantías individuales”, añadió.
Argumentó en entrevista que no se puede cambiar libertad por seguridad, porque se corría el riesgo de perder ambas, y se hubieran incluido elementos que pudieran prestarse a abusos por parte de las fuerzas policiacas.
Ahora falta que la sociedad demande la rendición de cuentas, sobre todo en los niveles municipales y estatales, “para que la ley no quede en letra muerta; hay que asegurar que unas buenas leyes no queden distorsionadas en su aplicación por incompetencia o por colusión o corrupción”, explicó.
Al aprobar la reforma en materia judicial, el pleno de la Cámara de Diputados eliminó el párrafo 12 del Artículo 16 constitucional, el cual avalaba los allanamientos a domicilios sin una orden judicial.
González Sada consideró que el párrafo eliminado representaba “un peligro para los ciudadanos, atentándose contra el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio”.
La Coparmex expresa su beneplácito y “aplaudimos la postura de los diputados que atendieron a esta inquietud ciudadana”, al eliminar el párrafo en cuestión, señaló.
El dirigente patronal reconoció que jamás se alcanzará la perfección de una ley, pero la reforma representa “un avance en la dirección correcta”.
La comunidad, insistió, debe exigir ahora a las autoridades rendición de cuentas, “porque el sistema de leyes es mejor con estas reformas, pero ahora tenemos que asegurarnos de que efectivamente se aplique”.
Para González Sada, existen muchas evidencias de falta de voluntad política de algunos presidentes municipales e incluso de autoridades estatales en contra de la aplicación, por ejemplo, de pruebas antidoping a los elementos policiacos de esos niveles de gobierno.
Argumentó que ningún empresario puede tener “el mismo apetito” de invertir recursos en un estado donde hay inseguridad, “donde a su vez compite con otros países donde el nivel de prevalencia del Estado de derecho está mucho más consolidado.
“Tenemos un verdadero beneplácito, porque si bien estamos muy conscientes de que los objetivos principales de esta reforma tienen como finalidad el implementar la seguridad de la población y combatir al crimen con mayor eficacia, no dejaba de preocuparnos el menoscabo respecto a la libertad y las garantías individuales”, añadió.
Nota de El Economista con información de Notimex, 27 de febrero.
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