Los últimos 32 comentarios, 24.06% del total, dan cuenta de las actividades de los legisladores en torno a la discusión de la reforma de justicia, así como de la reincorporación del tema en sus actuales agendas partidarias.
Que mientras los ojos están puestos en las últimas pinceladas de la Reforma Electoral, en el Senado aceleran para sacar las reformas en materia de justicia antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
Ayer, los presidentes de las comisiones dictaminadoras trabajaron en un documento que busca alcanzar el consenso entre la propuesta enviada por el Ejecutivo y las del PRD y PRI.
Si lo logran, tendrán que superar el obstáculo que representarán en la Cámara de Diputados Cesar Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, y otros priistas que se han erigido como duros críticos del contenido de la iniciativa.
“Trascendió”, Milenio, 1º de diciembre.
La reforma de seguridad pública, casi lista en el Senado, sigue atorada en el Congreso, que discute si diputados o senadores le darán entrada como iniciativa. O sea, pierden tiempo en pelearse por tomarse la foto con la propuesta destinada a combatir delincuentes…
Juan Arvizu, “Vitral político”, El Gráfico, 3 de diciembre.
Un proyecto que avanza es el de la reforma de justicia. Diputados y senadores se reúnen este miércoles en conferencia, para discutir la iniciativa que, entre otras cosas, otorga facultades a policías y ministerios públicos para efectuar cateos, escuchar llamadas e infiltrar agentes, con la autorización fast track de los llamados jueces de garantías. La autorización puede llegar por correo electrónico, celular o cualquier otra vía expedita.
El panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores, tiene aún esperanzas de que pueda aprobarse la iniciativa, antes de que termine el año. “Si el Cofipe se va a período extraordinario, podríamos agendar también la reforma de justicia”, nos dijo.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 4 de diciembre.
NI SIQUIERA la triste derrota de los Pumas logró distraer a los legisladores que este fin de semana se encerraron para sacar adelante la reforma al sistema de justicia.
ACOMPAÑADOS por representantes de Los Pinos, los senadores y diputados estuvieron arrastrando el lápiz para lograr un documento de consenso y, todo indica que esta semana podría ser aprobada esa reforma trascendental.
QUIENES CONOCEN los últimos borradores dicen que la iniciativa tiene luces y sombras, pero que de entrada la buena noticia es que cuenta con el apoyo de todas las partes, para evitar sabotajes en su aplicación.
F. Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 10 de diciembre.
Hoy se inicia, formalmente, el análisis de la reforma de seguridad y justicia, una propuesta que ha tardado demasiados meses en ser tema del Congreso. La reforma que se discutirá y lo que pueda salir de la Legislatura no es lo mismo que planteó Felipe Calderón hace unos meses. Y, como en lo electoral, habrá de todo: el problema es si saldremos de este trance con una reforma que realmente sea operativa en sus principales capítulos, como, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado o la reconstrucción de un sistema policial, en los tres niveles de gobierno, que pueda desprenderse de la profunda corrupción que hoy suele carcomerlo
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 11 de diciembre.
Luego de los cambios en materia electoral, la siguiente modificación como parte de la reforma del Estado será la del sistema penal, confirmaron por separado los senadores priístas Manlio Fabio Beltrones y César Camacho Quiroz. Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, señaló que los legisladores priístas seguirán impulsando aquellas leyes y reformas que convengan a México y contribuyan al bienestar de su población.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 11 de diciembre.
El PRD no tomó en cuenta que es un partido… en dos.
Y que PAN y PRI no necesitan sus votos para mayoritearlo.
La reforma judicial se aprobó en lo general con 366 votos.
Se dio luz verde a los juicios orales, arraigos, cateos, espionaje telefónico y no secreto bancario, en el combate a la delincuencia organizada.
Metido en su capricho de imponer a Alejandro Encinas como sucesor de Leonel Cota, AMLO volvió a ser el perdedor.
Pepe Grillo, Crónica, 13 de diciembre.
El PRD está entre la espada y la pared. No le quedó más remedio que aceptar el veto panista que dejó fuera del nuevo Consejo General del IFE a su gallo, Genaro Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de Justicia, amigo de López Obrador.
Los panistas, como aquí lo adelantamos, estaban resueltos incluso a abortar los cambios en el IFE, si el PRD insistía en imponer a Góngora. La presión de los amarillos para imponer al ministro de la Corte fue tal que llegaron incluso a amagar con no votar la reforma de justicia penal, aprobada anoche mismo, lo que complicó aún más las negociaciones.
El fracaso de éstas prolongaría en el cargo de consejero presidente al detestado, por los amarillos, Luis Carlos Ugalde. Algo inaceptable para los del sol azteca. “Ellos son los que quieren cambiar a los consejeros. Nosotros no tenemos prisa”, dijo, con cruda franqueza, el diputado panista Rogelio Carbajal, artífice de las negociaciones.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 13 de diciembre.
Todos están allí para luchar por la democracia y por el país.
Pero para ellos la democracia y el país son ellos mismos.
Por eso los vergonzosos argumentos:
Si no aceptas a Góngora como consejero del IFE, no voto por la reforma de la justicia.
¿Es buena o mala la reforma?
Me vale, si no me das no te doy.
Pepe Grillo, Crónica, 13 de diciembre.
En cuanto a la reforma judicial, desde antes de iniciarse la sesión nocturna en el Senado trascendió que la bancada del PRI presentó enmiendas a la minuta remitida por los diputados, suficiente para hacer que este asunto quede pendiente.
Los senadores priístas, de conformidad con la bancada del PRD, consideraron excesivo autorizar el cateo de domicilios particulares por simples denuncias y en caso de riesgo de la integridad de una persona, los policías si bien no requerirán orden de un juez, deberán, por lo menos, dar aviso al Ministerio Público. Los priístas tampoco estuvieron de acuerdo en que por una investigación de tipo penal se solicite información en materia electoral.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 14 de diciembre.
El albazo legislativo de fin de año de la alianza PRI-PAN en la Cámara de Diputados, aprobando al vapor el 12 de diciembre con el respaldo de un sector de la bancada del PRD un paquete de modificaciones constitucionales y legales en materia de justicia y de seguridad pública con el pretexto de crear las condiciones para luchar mejor contra “el narcotráfico y el crimen organizado”, constituye un serio retroceso institucional en la vida del país, pues al conferir a funcionarios del gobierno federal facultades inadmisibles en un régimen de derecho y cancelar derechos individuales fundamentales se sientan, en efecto, las bases para crear en México un Estado policiaco
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de diciembre.
La bárbara decisión de los diputados, que no puede entenderse más que como un acto de irresponsabilidad o de sumisión a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por México
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de diciembre.
Educadas en la cultura del monopartidismo, las hordas legislativas no tienen idea del trabajo intelectual de pensar, redactar, discutir, evaluar y finalmente dictaminar un texto de ley. Lo que nuestros diputados y senadores conocen hoy muy bien es la ciencia de transar.
Digo transar —para que no se vaya a sentir alguien— en el estricto sentido de la palabra: transigir, ceder, llegar a una transacción o acuerdo. Transar es la habilidad de los legisladores mexicanos; para el resto de los trabajos, pensar, redactar, discutir y otros, alquilan cerebros portátiles.
De esa manera, la reforma a las disposiciones jurídicas pasaron como cuchillo caliente en mantequilla en ambas cámaras, así como había pasado la reforma electoral o la ley de Cofipe. No importa que el nuevo enfoque le abra a la policía las puertas de mi casa o la de usted cuando a cualquier comandante se le dé su chingada gana entrar y hacer lo que se le antoje, pésele los derechos humanos suyos o míos a quien le pese.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, La Jornada, 14 de diciembre.
Y si le parece poco el caos legislativo navideño —que desploma el estribillo esquizoide presidencial de los cacareados acuerdos— la ocurrente reforma en materia judicial ya se fue también al nabo... y sin escalas... hasta febrero.
Porque como ya les gustó ese divertido caminito de pactar (en lo oscurito) una reforma por otra, el ife y la de justicia iban juntas con pegadas.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 14 de diciembre.
También con menor visibilidad, pero no menor densidad, en la fracción priista en San Lázaro se perciben inquietudes entre los diputados que no se avinieron nunca a que Emilio Gamboa sea su coordinador. En la medida en que ha crecido el ámbito de influencia del senador Manlio Fabio Beltrones en el Senado y fuera de él, se acelera la impaciencia de quienes esperarían beneficiarse de esa influencia para desbancar a Gamboa y extender a San Lázaro el beltronismo, que es el grupo dominante en las tenues estructuras del partido antaño invencible. Como reflejo de esa situación es de esperarse que la reforma constitucional sobre seguridad y justicia no sea abordada de última hora en el Senado y cuando se le estudie no es improbable que se le introduzcan modificaciones que harán necesaria su devolución a la Cámara de origen.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 14 de diciembre.
Que la sesión del Senado en que se aprobó la reforma de justicia concluyó casi a las dos y media de la mañana del viernes.
Los senadores no pasaron tan mal las casi ocho horas que duró la sesión, porque en paralelo organizaron una preposada en el salón Luis Donaldo Colosio.
No hubo piñata, pero sí ponche con piquete. Mucho piquete.
Con razón se enfureció el perredista Ricardo Monreal al ver que sus colegas iban y venían del Colosio para recargar vasos y ollitas. Obvio, al término de la sesión hubo quienes se fueron a seguir la fiesta a otra parte sin saber ni lo que habían aprobado.
“Trascendió”, Milenio, 15 de diciembre.
Al cuarto para las doce, con prisa porque muchos de sus integrantes ya tenían un pie en el estribo y la mente puesta en las vacaciones que tomarían en sus estados o el extranjero, y para colmo con varios parlamentarios alcoholizados por las bebidas embriagantes que se sirvieron esa noche en el recinto legislativo, el Senado de la República aprobó la madrugada del viernes 14 de diciembre las que quizá sean las reformas constitucionales más importantes y de mayor impacto social en los últimos años.
Con la modificación de los artículos de la Constitución 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 73, además de 115 y 173, los senadores —y antes los diputados— pretendieron “actualizar y adecuar” las normas que rigen el combate a la delincuencia organizada. Para eso cambiaron el sentido de artículos de la Carta Magna que consagraban garantías y protecciones especiales a los ciudadanos ante la acción del Estado
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 18 de diciembre.
El daño está hecho. La acción delictiva adversa a la legalidad abrió la puerta a decisiones políticas contrarias a la democracia. Aunque la Cámara de Senadores haya corregido algunos aspectos de la minuta que le envió la de Diputados, para reformar diversos artículos constitucionales relacionados con derechos fundamentales y justicia, la estructura autoritaria de la reforma subsiste
Diego Valadés, El Universal, 20 de diciembre.
El pasado miércoles 12 de diciembre se aprobó, en la Cámara de Diputados, un conjunto de reformas a la Constitución en materia de administración de justicia penal. Son cambios de fondo que requerirán de ocho años para su total implementación y que transformarán totalmente nuestro sistema de administración de justicia penal.
En primer lugar, que todos seamos inocentes hasta que se acredite que cometimos un delito, que la cárcel preventiva no sea regla general sino por excepción, que los acusados puedan llevar el proceso en libertad salvo que exista riesgo para las víctimas del delito o los testigos, que sea un delito verdaderamente grave o que exista riesgo evidente de evadirse
Héctor Larios Córdova, El Universal, 22 de diciembre.
Comprendo la situación en la que se encuentran los legisladores. Si se mostraran reacios a darle esa carta en blanco al gobierno, se les acusaría de connivencia con el narcotráfico. La dura retórica oficial ya estaba anunciada. Pero entenderlos no es relevarlos de responsabilidad, porque había otras decisiones complementarias que pudieron adoptar. Esta reforma constitucional no debería ser aprobada sin otra, simultánea, que permitiera preservar la vida democrática del país: aumentar las facultades de control parlamentario
Diego Valadés, El Universal, 20 de diciembre.
Una vez que en el Senado de la República aprueben estas reformas constitucionales y en la Cámara de Diputados analicemos los cambios que los senadores hagan a la minuta que les enviamos, el tema fundamental del siguiente periodo de sesiones será la reforma de las leyes secundarias, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales (Cafipe), entre otras, y a partir de ahí de manera gradual se irán adecuando las leyes de los estados para cambiar de manera radical nuestro sistema de administración de justicia penal.
Estas reformas no tienen comparación en este tema en las últimas décadas. Sin duda constituirán un bien para toda la sociedad mexicana y tendremos un sistema de justicia penal funcional y, ahora sí, expedito y justo
Héctor Larios Córdova, El Universal, 22 de diciembre.
México está a punto de padecer una regresión constitucional. Hay tiempo y existen mecanismos institucionales para evitarla. Los legisladores no han podido substraerse a la presión gubernamental para disponer de mayores instrumentos de control policial sobre la sociedad; pero bien podrían aumentar, a su vez, los medios de control político sobre el gobierno. Además, por haber matizado las propuestas gubernamentales, subsiste el riesgo de que se les haga responsables de un posible fracaso en la lucha contra la delincuencia. Con la agudeza que han mostrado en otros casos, todavía podrían transformar la regresión, en un avance
Diego Valadés, El Universal, 20 de diciembre.
En reforma al Poder Judicial ni siquiera se han iniciado las pláticas. Primero los diputados tendrán que sacar la reforma en materia de justicia que se quedó del periodo pasado para poder aspirar a la reforma de fondo del Poder Judicial.
En este rubro hay varias posturas. El PRI y el PRD se pronuncian por crear un Tribunal Constitucional y dejar a la Suprema Corte de Justicia sólo las cuestiones jurisdiccionales.
En el PAN ven con recelo esta propuesta, porque implicaría renovar las facultades e integración de la SCJN, lo que equivaldría a remover a los actuales ministros, lo que generaría una gran polémica similar a la del IFE.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 29 de diciembre.
Que se da como un hecho que a finales de enero la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el priista César Camacho, aprobará “sin modificación alguna” la reforma de seguridad pública y justicia penal enviada por el Senado.
Esto, pese a las críticas de constitucionalistas de las más diversas corrientes, como el ex subprocurador del DF Renato Sales Heredia o el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, porque incluye figuras que violarían las garantías individuales, como en el caso del allanamiento domiciliario sin orden judicial.
“Trascendió”, Milenio, 3 de enero.
Si no salimos ahora a echar abajo esta aberración, cuando nos percatemos de sus efectos y querramos protestar contra ella, la aberración será la que nos eche abajo a nosotros. La pregunta clave es qué podemos hacer. Desde luego, presionar a los partidos confabulados en la maniobra, a saber el PAN, su alma gemela el PRI y la porción lamentable y vergonzosamente empanizada del PRD. ¿Instalar campamentos ciudadanos para recabar firmas de repudio a la Ley Gestapo frente a las sedes de esos partidos? Sí, pero desde luego, por ya.
¿Tratar de formar un comité de defensa de las garantías individuales, integrado por los mejores constitucionalistas del país, para que pongan sus conocimientos y todos los recursos legales que hay al servicio de esta causa? Sí, sí y sí, pero por supuesto. Ahora bien, ¿cuál es la instancia que debe hacerse cargo de esta tarea? Y la respuesta es obvia: el gobierno legítimo de López Obrador debe asumir su responsabilidad, emplear sus recursos humanos, su capacidad de convocatoria y su liderazgo para impulsarla de inmediato, pero al mismo tiempo establecer vínculos con todas las luchas sociales para presentar, también en este frente de batalla, una fuerza común.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 5 de enero.
Por si no le han entendido bien a la propuesta de reforma judicial que van a estudiar en San Lázaro, si pasa tal como ahora está, será válido rastrear información reservada fiscal, financiera, bursátil y electoral, si de perseguir a la delincuencia organizada se trata. Ello, con el fin de interceptar, justamente, el lavado de dinero. La panista Yadhira Tamayo defiende la idea de que los agentes del MP federal tengan acceso directo a esos datos
“Frentes Políticos”, Excélsior, 14 de enero.
Esta reforma constituye un punto neurálgico de la discusión. El perredista Francisco Santos es uno de los disidentes del grueso de su grupo parlamentario. Mientras su partido pretende unificar el rechazo a los cambios que se prevén para la Carta Magna en el tema de los procedimientos judiciales, él considera positivo que el modelo de justicia sea acusatorio y oral, con miras a agilizar los procesos
“Frentes Políticos”, Excélsior, 14 de enero.
Un punto que estará en el centro del debate es el de la seguridad. Las reformas sobre seguridad y justicia seguramente serán aprobadas en la Cámara de Diputados, con los cambios que realizaron en diciembre los senadores. Pero el mayor desafío consistirá en operar esas reformas y conseguir golpes certeros ante el narcotráfico. Paradójicamente, la violencia que estamos viendo en estos días, en lugares como Tijuana, confirman que el rumbo adoptado es el correcto, pero la distancia que se debe recorrer aún es larga y los resultados van a tardar en ser perceptibles por la población. Pero ese casi 75% que acepta la determinación con que el gobierno ha encarado la lucha contra la delincuencia, deberá reflejarse en resultados. Y ello no será sencillo en el corto plazo
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 18 de enero.
Se excedió el Poder Legislativo federal al aprobar una disposición como la contenida en el nuevo párrafo undécimo del artículo 16 constitucional que, de aprobarse por la mitad más uno de las legislaturas de los estados y de ser promulgada sin observaciones por el Ejecutivo federal, socavará con su entrada en vigor la garantía prevista en el párrafo primero de ese mismo precepto: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
La nueva facultad de la policía para ingresar a cualquier domicilio sin una orden judicial, lejos de ayudar a combatir el flagelo de la delincuencia organizada, servirá como patente de corso para cometer una cascada de abusos policiales en agravio de la población civil. Bienvenido el Estado Policial de Derecho.
Luis Genaro Vázquez, Excélsior, 19 de enero.
El primero de febrero, dentro de apenas dos viernes, las cámaras de Diputados y Senadores reanudarán sus actividades y, según observadores consultados por esta columna, la coalición priísta, panista y chuchista (diga lo que diga el senador Carlos Navarrete), aprobará en fast track la Ley Gestapo, que permitirá a cualquier policía entrar a cualquier casa en cualquier momento, destruyendo el capítulo de las garantías individuales consagrado por la Constitución, y con la misma rapidez presentará a la consideración del pleno la llamada “reforma energética”, es decir, la fórmula jurídica que le permitirá a cualquier inversionista privado entrar a cualquier sector de Pemex a robarse el patrimonio del pueblo con cualquier pretexto.
Esto, según dicen los que saben, ocurrirá en los primeros días de febrero, pues la decisión ya está tomada en Los Pinos, en Madrid y en Washington, y Mouriño acaba de coger las riendas del aparato represivo y los teléfonos de los actores políticos afines (PRI, PAN, Chuchos), luego de advertir, en su primerísima declaración a la prensa, que no dialogará “ni con AMLO (al que llamó así) ni con el EPR”. Y de tal modo trazó las reglas de su juego.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 19 de enero.
También está la aprobación de la iniciativa de reformas en materia penal que fue regresada por el Senado para que los diputados le hicieran algunas modificaciones con las cuales el PRD no está de acuerdo.
Adrián Trejo, “Engrane”, El Economista, 23 de enero.
Que pese a que en diciembre votaron contra la reforma de justicia penal, los diputados de la corriente perredista Nueva Izquierda ya cambiaron de opinión.
Según esto, acordaron que cuando el Senado devuelva la reforma con las modificaciones que le hizo, votarán a favor, porque, viéndola bien, sí es útil para combatir al crimen organizado. ¿Pues cómo la habrían leído en las posadas?
“Trascendió”, Milenio, 26 de enero.
Que mientras los ojos están puestos en las últimas pinceladas de la Reforma Electoral, en el Senado aceleran para sacar las reformas en materia de justicia antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
Ayer, los presidentes de las comisiones dictaminadoras trabajaron en un documento que busca alcanzar el consenso entre la propuesta enviada por el Ejecutivo y las del PRD y PRI.
Si lo logran, tendrán que superar el obstáculo que representarán en la Cámara de Diputados Cesar Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, y otros priistas que se han erigido como duros críticos del contenido de la iniciativa.
“Trascendió”, Milenio, 1º de diciembre.
La reforma de seguridad pública, casi lista en el Senado, sigue atorada en el Congreso, que discute si diputados o senadores le darán entrada como iniciativa. O sea, pierden tiempo en pelearse por tomarse la foto con la propuesta destinada a combatir delincuentes…
Juan Arvizu, “Vitral político”, El Gráfico, 3 de diciembre.
Un proyecto que avanza es el de la reforma de justicia. Diputados y senadores se reúnen este miércoles en conferencia, para discutir la iniciativa que, entre otras cosas, otorga facultades a policías y ministerios públicos para efectuar cateos, escuchar llamadas e infiltrar agentes, con la autorización fast track de los llamados jueces de garantías. La autorización puede llegar por correo electrónico, celular o cualquier otra vía expedita.
El panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores, tiene aún esperanzas de que pueda aprobarse la iniciativa, antes de que termine el año. “Si el Cofipe se va a período extraordinario, podríamos agendar también la reforma de justicia”, nos dijo.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 4 de diciembre.
NI SIQUIERA la triste derrota de los Pumas logró distraer a los legisladores que este fin de semana se encerraron para sacar adelante la reforma al sistema de justicia.
ACOMPAÑADOS por representantes de Los Pinos, los senadores y diputados estuvieron arrastrando el lápiz para lograr un documento de consenso y, todo indica que esta semana podría ser aprobada esa reforma trascendental.
QUIENES CONOCEN los últimos borradores dicen que la iniciativa tiene luces y sombras, pero que de entrada la buena noticia es que cuenta con el apoyo de todas las partes, para evitar sabotajes en su aplicación.
F. Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 10 de diciembre.
Hoy se inicia, formalmente, el análisis de la reforma de seguridad y justicia, una propuesta que ha tardado demasiados meses en ser tema del Congreso. La reforma que se discutirá y lo que pueda salir de la Legislatura no es lo mismo que planteó Felipe Calderón hace unos meses. Y, como en lo electoral, habrá de todo: el problema es si saldremos de este trance con una reforma que realmente sea operativa en sus principales capítulos, como, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado o la reconstrucción de un sistema policial, en los tres niveles de gobierno, que pueda desprenderse de la profunda corrupción que hoy suele carcomerlo
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 11 de diciembre.
Luego de los cambios en materia electoral, la siguiente modificación como parte de la reforma del Estado será la del sistema penal, confirmaron por separado los senadores priístas Manlio Fabio Beltrones y César Camacho Quiroz. Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, señaló que los legisladores priístas seguirán impulsando aquellas leyes y reformas que convengan a México y contribuyan al bienestar de su población.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 11 de diciembre.
El PRD no tomó en cuenta que es un partido… en dos.
Y que PAN y PRI no necesitan sus votos para mayoritearlo.
La reforma judicial se aprobó en lo general con 366 votos.
Se dio luz verde a los juicios orales, arraigos, cateos, espionaje telefónico y no secreto bancario, en el combate a la delincuencia organizada.
Metido en su capricho de imponer a Alejandro Encinas como sucesor de Leonel Cota, AMLO volvió a ser el perdedor.
Pepe Grillo, Crónica, 13 de diciembre.
El PRD está entre la espada y la pared. No le quedó más remedio que aceptar el veto panista que dejó fuera del nuevo Consejo General del IFE a su gallo, Genaro Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de Justicia, amigo de López Obrador.
Los panistas, como aquí lo adelantamos, estaban resueltos incluso a abortar los cambios en el IFE, si el PRD insistía en imponer a Góngora. La presión de los amarillos para imponer al ministro de la Corte fue tal que llegaron incluso a amagar con no votar la reforma de justicia penal, aprobada anoche mismo, lo que complicó aún más las negociaciones.
El fracaso de éstas prolongaría en el cargo de consejero presidente al detestado, por los amarillos, Luis Carlos Ugalde. Algo inaceptable para los del sol azteca. “Ellos son los que quieren cambiar a los consejeros. Nosotros no tenemos prisa”, dijo, con cruda franqueza, el diputado panista Rogelio Carbajal, artífice de las negociaciones.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 13 de diciembre.
Todos están allí para luchar por la democracia y por el país.
Pero para ellos la democracia y el país son ellos mismos.
Por eso los vergonzosos argumentos:
Si no aceptas a Góngora como consejero del IFE, no voto por la reforma de la justicia.
¿Es buena o mala la reforma?
Me vale, si no me das no te doy.
Pepe Grillo, Crónica, 13 de diciembre.
En cuanto a la reforma judicial, desde antes de iniciarse la sesión nocturna en el Senado trascendió que la bancada del PRI presentó enmiendas a la minuta remitida por los diputados, suficiente para hacer que este asunto quede pendiente.
Los senadores priístas, de conformidad con la bancada del PRD, consideraron excesivo autorizar el cateo de domicilios particulares por simples denuncias y en caso de riesgo de la integridad de una persona, los policías si bien no requerirán orden de un juez, deberán, por lo menos, dar aviso al Ministerio Público. Los priístas tampoco estuvieron de acuerdo en que por una investigación de tipo penal se solicite información en materia electoral.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 14 de diciembre.
El albazo legislativo de fin de año de la alianza PRI-PAN en la Cámara de Diputados, aprobando al vapor el 12 de diciembre con el respaldo de un sector de la bancada del PRD un paquete de modificaciones constitucionales y legales en materia de justicia y de seguridad pública con el pretexto de crear las condiciones para luchar mejor contra “el narcotráfico y el crimen organizado”, constituye un serio retroceso institucional en la vida del país, pues al conferir a funcionarios del gobierno federal facultades inadmisibles en un régimen de derecho y cancelar derechos individuales fundamentales se sientan, en efecto, las bases para crear en México un Estado policiaco
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de diciembre.
La bárbara decisión de los diputados, que no puede entenderse más que como un acto de irresponsabilidad o de sumisión a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por México
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de diciembre.
Educadas en la cultura del monopartidismo, las hordas legislativas no tienen idea del trabajo intelectual de pensar, redactar, discutir, evaluar y finalmente dictaminar un texto de ley. Lo que nuestros diputados y senadores conocen hoy muy bien es la ciencia de transar.
Digo transar —para que no se vaya a sentir alguien— en el estricto sentido de la palabra: transigir, ceder, llegar a una transacción o acuerdo. Transar es la habilidad de los legisladores mexicanos; para el resto de los trabajos, pensar, redactar, discutir y otros, alquilan cerebros portátiles.
De esa manera, la reforma a las disposiciones jurídicas pasaron como cuchillo caliente en mantequilla en ambas cámaras, así como había pasado la reforma electoral o la ley de Cofipe. No importa que el nuevo enfoque le abra a la policía las puertas de mi casa o la de usted cuando a cualquier comandante se le dé su chingada gana entrar y hacer lo que se le antoje, pésele los derechos humanos suyos o míos a quien le pese.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, La Jornada, 14 de diciembre.
Y si le parece poco el caos legislativo navideño —que desploma el estribillo esquizoide presidencial de los cacareados acuerdos— la ocurrente reforma en materia judicial ya se fue también al nabo... y sin escalas... hasta febrero.
Porque como ya les gustó ese divertido caminito de pactar (en lo oscurito) una reforma por otra, el ife y la de justicia iban juntas con pegadas.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 14 de diciembre.
También con menor visibilidad, pero no menor densidad, en la fracción priista en San Lázaro se perciben inquietudes entre los diputados que no se avinieron nunca a que Emilio Gamboa sea su coordinador. En la medida en que ha crecido el ámbito de influencia del senador Manlio Fabio Beltrones en el Senado y fuera de él, se acelera la impaciencia de quienes esperarían beneficiarse de esa influencia para desbancar a Gamboa y extender a San Lázaro el beltronismo, que es el grupo dominante en las tenues estructuras del partido antaño invencible. Como reflejo de esa situación es de esperarse que la reforma constitucional sobre seguridad y justicia no sea abordada de última hora en el Senado y cuando se le estudie no es improbable que se le introduzcan modificaciones que harán necesaria su devolución a la Cámara de origen.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 14 de diciembre.
Que la sesión del Senado en que se aprobó la reforma de justicia concluyó casi a las dos y media de la mañana del viernes.
Los senadores no pasaron tan mal las casi ocho horas que duró la sesión, porque en paralelo organizaron una preposada en el salón Luis Donaldo Colosio.
No hubo piñata, pero sí ponche con piquete. Mucho piquete.
Con razón se enfureció el perredista Ricardo Monreal al ver que sus colegas iban y venían del Colosio para recargar vasos y ollitas. Obvio, al término de la sesión hubo quienes se fueron a seguir la fiesta a otra parte sin saber ni lo que habían aprobado.
“Trascendió”, Milenio, 15 de diciembre.
Al cuarto para las doce, con prisa porque muchos de sus integrantes ya tenían un pie en el estribo y la mente puesta en las vacaciones que tomarían en sus estados o el extranjero, y para colmo con varios parlamentarios alcoholizados por las bebidas embriagantes que se sirvieron esa noche en el recinto legislativo, el Senado de la República aprobó la madrugada del viernes 14 de diciembre las que quizá sean las reformas constitucionales más importantes y de mayor impacto social en los últimos años.
Con la modificación de los artículos de la Constitución 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 73, además de 115 y 173, los senadores —y antes los diputados— pretendieron “actualizar y adecuar” las normas que rigen el combate a la delincuencia organizada. Para eso cambiaron el sentido de artículos de la Carta Magna que consagraban garantías y protecciones especiales a los ciudadanos ante la acción del Estado
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 18 de diciembre.
El daño está hecho. La acción delictiva adversa a la legalidad abrió la puerta a decisiones políticas contrarias a la democracia. Aunque la Cámara de Senadores haya corregido algunos aspectos de la minuta que le envió la de Diputados, para reformar diversos artículos constitucionales relacionados con derechos fundamentales y justicia, la estructura autoritaria de la reforma subsiste
Diego Valadés, El Universal, 20 de diciembre.
El pasado miércoles 12 de diciembre se aprobó, en la Cámara de Diputados, un conjunto de reformas a la Constitución en materia de administración de justicia penal. Son cambios de fondo que requerirán de ocho años para su total implementación y que transformarán totalmente nuestro sistema de administración de justicia penal.
En primer lugar, que todos seamos inocentes hasta que se acredite que cometimos un delito, que la cárcel preventiva no sea regla general sino por excepción, que los acusados puedan llevar el proceso en libertad salvo que exista riesgo para las víctimas del delito o los testigos, que sea un delito verdaderamente grave o que exista riesgo evidente de evadirse
Héctor Larios Córdova, El Universal, 22 de diciembre.
Comprendo la situación en la que se encuentran los legisladores. Si se mostraran reacios a darle esa carta en blanco al gobierno, se les acusaría de connivencia con el narcotráfico. La dura retórica oficial ya estaba anunciada. Pero entenderlos no es relevarlos de responsabilidad, porque había otras decisiones complementarias que pudieron adoptar. Esta reforma constitucional no debería ser aprobada sin otra, simultánea, que permitiera preservar la vida democrática del país: aumentar las facultades de control parlamentario
Diego Valadés, El Universal, 20 de diciembre.
Una vez que en el Senado de la República aprueben estas reformas constitucionales y en la Cámara de Diputados analicemos los cambios que los senadores hagan a la minuta que les enviamos, el tema fundamental del siguiente periodo de sesiones será la reforma de las leyes secundarias, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales (Cafipe), entre otras, y a partir de ahí de manera gradual se irán adecuando las leyes de los estados para cambiar de manera radical nuestro sistema de administración de justicia penal.
Estas reformas no tienen comparación en este tema en las últimas décadas. Sin duda constituirán un bien para toda la sociedad mexicana y tendremos un sistema de justicia penal funcional y, ahora sí, expedito y justo
Héctor Larios Córdova, El Universal, 22 de diciembre.
México está a punto de padecer una regresión constitucional. Hay tiempo y existen mecanismos institucionales para evitarla. Los legisladores no han podido substraerse a la presión gubernamental para disponer de mayores instrumentos de control policial sobre la sociedad; pero bien podrían aumentar, a su vez, los medios de control político sobre el gobierno. Además, por haber matizado las propuestas gubernamentales, subsiste el riesgo de que se les haga responsables de un posible fracaso en la lucha contra la delincuencia. Con la agudeza que han mostrado en otros casos, todavía podrían transformar la regresión, en un avance
Diego Valadés, El Universal, 20 de diciembre.
En reforma al Poder Judicial ni siquiera se han iniciado las pláticas. Primero los diputados tendrán que sacar la reforma en materia de justicia que se quedó del periodo pasado para poder aspirar a la reforma de fondo del Poder Judicial.
En este rubro hay varias posturas. El PRI y el PRD se pronuncian por crear un Tribunal Constitucional y dejar a la Suprema Corte de Justicia sólo las cuestiones jurisdiccionales.
En el PAN ven con recelo esta propuesta, porque implicaría renovar las facultades e integración de la SCJN, lo que equivaldría a remover a los actuales ministros, lo que generaría una gran polémica similar a la del IFE.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 29 de diciembre.
Que se da como un hecho que a finales de enero la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el priista César Camacho, aprobará “sin modificación alguna” la reforma de seguridad pública y justicia penal enviada por el Senado.
Esto, pese a las críticas de constitucionalistas de las más diversas corrientes, como el ex subprocurador del DF Renato Sales Heredia o el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, porque incluye figuras que violarían las garantías individuales, como en el caso del allanamiento domiciliario sin orden judicial.
“Trascendió”, Milenio, 3 de enero.
Si no salimos ahora a echar abajo esta aberración, cuando nos percatemos de sus efectos y querramos protestar contra ella, la aberración será la que nos eche abajo a nosotros. La pregunta clave es qué podemos hacer. Desde luego, presionar a los partidos confabulados en la maniobra, a saber el PAN, su alma gemela el PRI y la porción lamentable y vergonzosamente empanizada del PRD. ¿Instalar campamentos ciudadanos para recabar firmas de repudio a la Ley Gestapo frente a las sedes de esos partidos? Sí, pero desde luego, por ya.
¿Tratar de formar un comité de defensa de las garantías individuales, integrado por los mejores constitucionalistas del país, para que pongan sus conocimientos y todos los recursos legales que hay al servicio de esta causa? Sí, sí y sí, pero por supuesto. Ahora bien, ¿cuál es la instancia que debe hacerse cargo de esta tarea? Y la respuesta es obvia: el gobierno legítimo de López Obrador debe asumir su responsabilidad, emplear sus recursos humanos, su capacidad de convocatoria y su liderazgo para impulsarla de inmediato, pero al mismo tiempo establecer vínculos con todas las luchas sociales para presentar, también en este frente de batalla, una fuerza común.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 5 de enero.
Por si no le han entendido bien a la propuesta de reforma judicial que van a estudiar en San Lázaro, si pasa tal como ahora está, será válido rastrear información reservada fiscal, financiera, bursátil y electoral, si de perseguir a la delincuencia organizada se trata. Ello, con el fin de interceptar, justamente, el lavado de dinero. La panista Yadhira Tamayo defiende la idea de que los agentes del MP federal tengan acceso directo a esos datos
“Frentes Políticos”, Excélsior, 14 de enero.
Esta reforma constituye un punto neurálgico de la discusión. El perredista Francisco Santos es uno de los disidentes del grueso de su grupo parlamentario. Mientras su partido pretende unificar el rechazo a los cambios que se prevén para la Carta Magna en el tema de los procedimientos judiciales, él considera positivo que el modelo de justicia sea acusatorio y oral, con miras a agilizar los procesos
“Frentes Políticos”, Excélsior, 14 de enero.
Un punto que estará en el centro del debate es el de la seguridad. Las reformas sobre seguridad y justicia seguramente serán aprobadas en la Cámara de Diputados, con los cambios que realizaron en diciembre los senadores. Pero el mayor desafío consistirá en operar esas reformas y conseguir golpes certeros ante el narcotráfico. Paradójicamente, la violencia que estamos viendo en estos días, en lugares como Tijuana, confirman que el rumbo adoptado es el correcto, pero la distancia que se debe recorrer aún es larga y los resultados van a tardar en ser perceptibles por la población. Pero ese casi 75% que acepta la determinación con que el gobierno ha encarado la lucha contra la delincuencia, deberá reflejarse en resultados. Y ello no será sencillo en el corto plazo
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 18 de enero.
Se excedió el Poder Legislativo federal al aprobar una disposición como la contenida en el nuevo párrafo undécimo del artículo 16 constitucional que, de aprobarse por la mitad más uno de las legislaturas de los estados y de ser promulgada sin observaciones por el Ejecutivo federal, socavará con su entrada en vigor la garantía prevista en el párrafo primero de ese mismo precepto: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
La nueva facultad de la policía para ingresar a cualquier domicilio sin una orden judicial, lejos de ayudar a combatir el flagelo de la delincuencia organizada, servirá como patente de corso para cometer una cascada de abusos policiales en agravio de la población civil. Bienvenido el Estado Policial de Derecho.
Luis Genaro Vázquez, Excélsior, 19 de enero.
El primero de febrero, dentro de apenas dos viernes, las cámaras de Diputados y Senadores reanudarán sus actividades y, según observadores consultados por esta columna, la coalición priísta, panista y chuchista (diga lo que diga el senador Carlos Navarrete), aprobará en fast track la Ley Gestapo, que permitirá a cualquier policía entrar a cualquier casa en cualquier momento, destruyendo el capítulo de las garantías individuales consagrado por la Constitución, y con la misma rapidez presentará a la consideración del pleno la llamada “reforma energética”, es decir, la fórmula jurídica que le permitirá a cualquier inversionista privado entrar a cualquier sector de Pemex a robarse el patrimonio del pueblo con cualquier pretexto.
Esto, según dicen los que saben, ocurrirá en los primeros días de febrero, pues la decisión ya está tomada en Los Pinos, en Madrid y en Washington, y Mouriño acaba de coger las riendas del aparato represivo y los teléfonos de los actores políticos afines (PRI, PAN, Chuchos), luego de advertir, en su primerísima declaración a la prensa, que no dialogará “ni con AMLO (al que llamó así) ni con el EPR”. Y de tal modo trazó las reglas de su juego.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 19 de enero.
También está la aprobación de la iniciativa de reformas en materia penal que fue regresada por el Senado para que los diputados le hicieran algunas modificaciones con las cuales el PRD no está de acuerdo.
Adrián Trejo, “Engrane”, El Economista, 23 de enero.
Que pese a que en diciembre votaron contra la reforma de justicia penal, los diputados de la corriente perredista Nueva Izquierda ya cambiaron de opinión.
Según esto, acordaron que cuando el Senado devuelva la reforma con las modificaciones que le hizo, votarán a favor, porque, viéndola bien, sí es útil para combatir al crimen organizado. ¿Pues cómo la habrían leído en las posadas?
“Trascendió”, Milenio, 26 de enero.
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