En el marco de la reforma de justicia, la PGR reorganizará sus funciones con sus consecuentes implicaciones. Los siguientes siete comentarios, 5.26% de los 133 sistematizados, constituyen una muestra del tema.
El gobierno intentó, a través del PAN, otorgar al procurador general de la República la capacidad de indagar sobre cuentas bancarias y situación fiscal de cualquiera sin autorización judicial. El Senado no dejó pasar este precepto y, por ello, el procedimiento de aprobación de toda la reforma ha quedado pendiente hasta el mes de febrero, cuando se vuelva a reunir el Congreso. Pero debe verse hasta dónde han llegado las pretensiones policiacas del gobierno actual.
Pablo Gómez, Milenio, 14 de diciembre.
La reforma de justicia penal y seguridad pública, que fue devuelta a la Cámara de Diputados, llevaba “sembrados” preceptos cachirules, que daban poderes inconstitucionales a la PGR, sobre las garantías de los ciudadanos. Como siempre ocurre en el último día de sesiones, nadie supo cómo entraron ideas ajenas al proyecto votado en San Lázaro; y nadie investiga ese caso de manipulación del trabajo legislativo…
Juan Arvizu, “Vitral Político”, El Gráfico, 17 de diciembre.
Como síntesis de los cambios constitucionales aprobados por el Congreso y propuestos en parte por el presidente Felipe Calderón, podría decirse que las reformas elevan a rango constitucional todo el régimen de excepción que hasta antes de esas modificaciones sólo era permitido en casos de flagrancia y de delincuencia organizada, y que ahora, bajo el criterio de autoridades como el cuestionado MP y la PGR, podrían ser de aplicación general.
Si en este país tuviéramos una policía eficiente, un Ministerio Público honesto y científico y una Procuraduría regida sólo por criterios estrictos de procuración de justicia, la reforma aprobada sería plausible; de hecho, ni siquiera sería necesaria
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 18 de diciembre.
Para empezar, ya desde los años 80 se planteó la necesidad de conformar una magistratura nacional lo mejor integrada en los niveles federal y local, basada en un servicio civil de carrera que prepare y reclute a los mejores. Integrada de verdad, de manera que haya una circulación creadora de lo local a lo federal, formando un registro nacional de méritos y cualidades de los juzgadores, con datos que deberán proporcionar los tribunales superiores de los estados y los tribunales del sistema federal. Mucho se ha avanzado en ello. Tenemos ya algo que se parece a un servicio civil de carrera, pero apenas estamos en los comienzos.
Arnaldo Córdova, La Jornada, 23 de diciembre.
Porque el único “contrapeso” que se contempló en las reformas a los enormes poderes que se otorgan a los cuerpos policiacos e investigadores, es la figura de los “jueces de control”, dependientes del Poder Judicial y que se encargarán de revisar y autorizar las solicitudes ministeriales de órdenes de aprehensión, intervenciones de comunicaciones privadas, cateos domiciliarios y arraigos por hasta 80 días. Aún así, no está claro si esos nuevos jueves serán para garantizar los derechos de los acusados o sólo para dar celeridad a las peticiones del Ministerio Público, pues en varios casos se les da la facultad de autorizar cateos, intervenciones telefónicas y hasta órdenes de aprehensión de manera oral y sin documentos oficiales de por medio.
Entre los cambios están la reducción de requisitos para que un juez emita órdenes de aprehensión, pues será suficiente con la existencia del hecho previsto en la ley penal y la “probable” participación del imputado en el acto. Ya no será necesaria “la acreditación del cuerpo del delito” ni la probable responsabilidad del inculpado. ¿Es decir que ahora todos seremos culpables hasta que demostremos lo contrario? ¿Y el principio básico de presunción de inocencia?
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 18 de diciembre.
Hoy es un sentir general que el sistema de justicia debe cambiar profundamente, tanto en lo que se refiere a su impartición, encabezada por ministros de mayoría, y en su procuración, presidida por quien designa el Ejecutivo, orgullosos de su dependencia y su alejamiento de la soberanía popular, practicantes de una justicia “moderna” no pocas veces presa en redes de corrupción e incapaces de ofrecer más que servilismo a los poderes.
Si se habla de reformar al Estado, debería empezarse por discutir cómo “volver al 17”: restaurar la facultad del Congreso para elegir a la Corte y al procurador general, escogiendo de entre candidatos designados por el voto popular, como dos distinguidos constitucionalistas y este periodista propusieron en la consulta pública de junio-julio
Gerardo Unzueta, El Universal, 12 de enero.
Debe verse con cuidado el efecto de toda reforma en las condiciones en las que se quiere apostar a que, con mayor dureza y rigor, se pueda lograr mayor justicia, cuando lo que en la realidad ocurre es que la descomposición y deshonestidad en el ejercicio del poder en los más altos niveles de autoridad se trasladan a la sociedad como pérdida de valores que propicia que los malos ejemplos políticos corrompan a la juventud que también se ciega para obtener dinero fácil o recurrir a las drogas ante la desesperanza.
De aquí que si bien la reforma penal tiene muchos aspectos saludables como son los juicios concentrados y orales en los que en una sola audiencia ininterrumpida se desahoguen pruebas y testimonios y que sea presidida por el juez sin excepción, también es cierto que esta fórmula requerirá de acondicionamiento y esfuerzos que, como se establece en la misma, tomará tiempo y altos presupuestos
Jesús González Schmal, El Universal, 12 de enero.
El gobierno intentó, a través del PAN, otorgar al procurador general de la República la capacidad de indagar sobre cuentas bancarias y situación fiscal de cualquiera sin autorización judicial. El Senado no dejó pasar este precepto y, por ello, el procedimiento de aprobación de toda la reforma ha quedado pendiente hasta el mes de febrero, cuando se vuelva a reunir el Congreso. Pero debe verse hasta dónde han llegado las pretensiones policiacas del gobierno actual.
Pablo Gómez, Milenio, 14 de diciembre.
La reforma de justicia penal y seguridad pública, que fue devuelta a la Cámara de Diputados, llevaba “sembrados” preceptos cachirules, que daban poderes inconstitucionales a la PGR, sobre las garantías de los ciudadanos. Como siempre ocurre en el último día de sesiones, nadie supo cómo entraron ideas ajenas al proyecto votado en San Lázaro; y nadie investiga ese caso de manipulación del trabajo legislativo…
Juan Arvizu, “Vitral Político”, El Gráfico, 17 de diciembre.
Como síntesis de los cambios constitucionales aprobados por el Congreso y propuestos en parte por el presidente Felipe Calderón, podría decirse que las reformas elevan a rango constitucional todo el régimen de excepción que hasta antes de esas modificaciones sólo era permitido en casos de flagrancia y de delincuencia organizada, y que ahora, bajo el criterio de autoridades como el cuestionado MP y la PGR, podrían ser de aplicación general.
Si en este país tuviéramos una policía eficiente, un Ministerio Público honesto y científico y una Procuraduría regida sólo por criterios estrictos de procuración de justicia, la reforma aprobada sería plausible; de hecho, ni siquiera sería necesaria
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 18 de diciembre.
Para empezar, ya desde los años 80 se planteó la necesidad de conformar una magistratura nacional lo mejor integrada en los niveles federal y local, basada en un servicio civil de carrera que prepare y reclute a los mejores. Integrada de verdad, de manera que haya una circulación creadora de lo local a lo federal, formando un registro nacional de méritos y cualidades de los juzgadores, con datos que deberán proporcionar los tribunales superiores de los estados y los tribunales del sistema federal. Mucho se ha avanzado en ello. Tenemos ya algo que se parece a un servicio civil de carrera, pero apenas estamos en los comienzos.
Arnaldo Córdova, La Jornada, 23 de diciembre.
Porque el único “contrapeso” que se contempló en las reformas a los enormes poderes que se otorgan a los cuerpos policiacos e investigadores, es la figura de los “jueces de control”, dependientes del Poder Judicial y que se encargarán de revisar y autorizar las solicitudes ministeriales de órdenes de aprehensión, intervenciones de comunicaciones privadas, cateos domiciliarios y arraigos por hasta 80 días. Aún así, no está claro si esos nuevos jueves serán para garantizar los derechos de los acusados o sólo para dar celeridad a las peticiones del Ministerio Público, pues en varios casos se les da la facultad de autorizar cateos, intervenciones telefónicas y hasta órdenes de aprehensión de manera oral y sin documentos oficiales de por medio.
Entre los cambios están la reducción de requisitos para que un juez emita órdenes de aprehensión, pues será suficiente con la existencia del hecho previsto en la ley penal y la “probable” participación del imputado en el acto. Ya no será necesaria “la acreditación del cuerpo del delito” ni la probable responsabilidad del inculpado. ¿Es decir que ahora todos seremos culpables hasta que demostremos lo contrario? ¿Y el principio básico de presunción de inocencia?
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 18 de diciembre.
Hoy es un sentir general que el sistema de justicia debe cambiar profundamente, tanto en lo que se refiere a su impartición, encabezada por ministros de mayoría, y en su procuración, presidida por quien designa el Ejecutivo, orgullosos de su dependencia y su alejamiento de la soberanía popular, practicantes de una justicia “moderna” no pocas veces presa en redes de corrupción e incapaces de ofrecer más que servilismo a los poderes.
Si se habla de reformar al Estado, debería empezarse por discutir cómo “volver al 17”: restaurar la facultad del Congreso para elegir a la Corte y al procurador general, escogiendo de entre candidatos designados por el voto popular, como dos distinguidos constitucionalistas y este periodista propusieron en la consulta pública de junio-julio
Gerardo Unzueta, El Universal, 12 de enero.
Debe verse con cuidado el efecto de toda reforma en las condiciones en las que se quiere apostar a que, con mayor dureza y rigor, se pueda lograr mayor justicia, cuando lo que en la realidad ocurre es que la descomposición y deshonestidad en el ejercicio del poder en los más altos niveles de autoridad se trasladan a la sociedad como pérdida de valores que propicia que los malos ejemplos políticos corrompan a la juventud que también se ciega para obtener dinero fácil o recurrir a las drogas ante la desesperanza.
De aquí que si bien la reforma penal tiene muchos aspectos saludables como son los juicios concentrados y orales en los que en una sola audiencia ininterrumpida se desahoguen pruebas y testimonios y que sea presidida por el juez sin excepción, también es cierto que esta fórmula requerirá de acondicionamiento y esfuerzos que, como se establece en la misma, tomará tiempo y altos presupuestos
Jesús González Schmal, El Universal, 12 de enero.
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