En respuesta, la diplomática consideró necesario que en México los mandos militares que incurran en violaciones a la ley sean castigados bajo las leyes civiles y no las militares.
En ese contexto, el panista dijo a la representante de la ONU, en su visita al Senado, que el gobierno federal no tiene más alternativa que recurrir al Ejército para ejercer tareas policiales.
“No nos queda de otra, no es lo deseable, desafortunadamente (por) la descomposición de los cuerpos policiacos, por eso se ha recurrido el Ejército, pero no tenemos otra alternativa”.
Durante una reunión entre senadores de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Educación, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, entre otras, con la alta comisionada de la ONU, ésta pidió el compromiso de los legisladores para garantizar la protección de los derechos humanos.
Louise Arbour, quien fue previamente recibida por el presidente del Senado, Santiago Creel, pidió la ratificación de los instrumentos internacionales en la materia ya que, aseguró, ello forma parte de una democracia madura, y ofreció su colaboración para contribuir en ello.
Los senadores del PRD aprovecharon para denunciar ante la alta comisionada que en México aún hay desaparición forzada y presos políticos. Pablo Gómez y Rosario Ibarra denunciaron que éstos se encuentran en cárceles de alta seguridad, junto con narcotraficantes.
Además, agregaron, hay jueces de consigna, y los gobernantes inciden en los fallos,problema que no ha sido superado en el país, por lo que le pidió su colaboración para erradicar estas violaciones a los derechos humanos. Esta postura no fue secundada por el PAN, que en opinión de Alejandro González, advirtió que en casos como Oaxaca, hubo evidentes violaciones a la ley.
Pablo Gómez también reconoció ante la alta comisionada que también la existencia de violación de derechos humanos hacia los migrantes centroamericanos, quienes, dijo, “son víctima de la arbitrariedad y los malos tratos, reciben peor trato que los migrantes mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos”.
En respuesta, Arbour sostuvo que México debe contribuir e incluir los derechos humanos dentro las políticas internacionales, al establecer que la inmigración no tiene que ver sólo con cuestiones económicas, sino en la protección de derechos.
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