La Corte ordena garantizar investigaciones de civiles contra violaciones a DH de militares

La Suprema Corte de Justicia aprobó ayer un documento de seis puntos en el que se estableció la obligación del Poder Judicial de la Federación de garantizar que averiguaciones previas relacionadas con violaciones de militares a derechos humanos de civiles sólo puedan ser procesadas en tribunales ordinarios.

En el texto, calificado por el ministro José Ramón Cossío de acuerdo con el derecho internacional como instrumento para reparación de daños, el alto tribunal ordenó a todas las instancias competentes —PGR y demás ministerios públicos— dar a las víctimas acceso a expedientes con este perfil.

Las seis medidas, aprobadas por siete de los ministros en todos los casos, se derivaron de la sentencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla y de la decisión de la SCJN de acotar el fuero militar.

Salvador Aguirre, Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo se opusieron de manera sistemática a los lineamientos.

“Estamos desbordando a un tribunal internacional (CIDH), ya de por sí desbordado”, objetó Aguirre.

La mayoría dispuso que el PJF deberá garantizar que la averiguación del caso Radilla se mantenga en la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia en el fuero de guerra, un precepto que también tendrá que aplicarse en todos los casos en los que militares hayan cometido delitos contra “paisanos”.

Esta tarea, se aclaró, no significa que el sistema judicial deba interferir en las competencias de la PGR; sólo implica que una vez consignadas las investigaciones no pueden ser remitidas al fuero militar.

Se acordó crear programas de capacitación para jueces, magistrados y todos los funcionarios del PJF que realicen labores jurisdiccionales sobre la jurisprudencia interamericana en temas como fuero militar, garantías judiciales y protección judicial.

Y desarrollar cursos en torno a cómo juzgar casos ligados a la desaparición forzada de personas, los elementos legales, técnicos y científicos para evaluar integralmente el fenómeno, la utilización de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones.

También se aprobó adecuar la jurisdicción castrense a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que, reprochó Aguirre, era responsabilidad sólo del Poder Judicial… En este punto se ratificó que el PJF tendrá que adecuar sus interpretaciones constitucionales a los criterios de la CIDH, que además ha emitido sentencias por las violaciones sexuales a dos indígenas guerrerenses y diversos abusos contra campesinos ecologistas de la misma entidad.

Se confirmó en el documento que todos los jueces mexicanos están facultados para no aplicar normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos, lo que acarreará modificaciones a jurisprudencias de la propia Corte.

Finalmente, la SCJN ordenó a todos los juzgados y tribunales federales que le informen sobre otros casos con este perfil, a fin de que pueda atraerlos o reasumir su competencia original.

Los ministros que se opusieron al acotamiento del fuero militar intentaron minimizar el documento, al señalar que sólo recopilaba medidas de carácter administrativo, pero Cossío —quien lo propuso— respondió que en realidad el conjunto de efectos prácticos tendrá la resolución de la Corte.

También pretendieron adjudicar los puntos de manera exclusiva a la sentencia de la CIDH. Sin embargo, el ministro Arturo Zaldívar dijo que las medidas se habían originado de lo dispuesto y votado en el pleno.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 15 de julio.