Denuncian ante relator de la CIDH abusos contra migrantes

Representantes de organizaciones de la sociedad civil expusieron ante el relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, la lamentable situación que enfrentan los migrantes que transitan o se asientan en territorio mexicano.

La ausencia de una política migratoria con enfoque de género y derechos humanos; criminalización de los migrantes; falta de garantías y acceso a sus derechos fundamentales; prácticas discrecionales por el Instituto Nacional de Migración; violación sistemática a garantías fundamentales en las estaciones migratorias y persecución de los activistas son algunos pendientes que el Estado mexicano tiene en la materia, señalaron.

Diversas organizaciones defensoras de las garantías de los migrantes de México (entre ellas los centros de derechos humanos Fray Matías de Córdova y de la Montaña Tlachinollan, así como el Comité de Derechos Humanos de Tabasco) y de naciones centroamericanas se reunieron jueves y viernes, en la frontera sur del país, con el relator de la CIDH para analizar la situación de ese sector y los abusos en su contra.

Melisa Vértiz, coordinadora de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, manifestó que durante los encuentros se expusieron casos particulares, se planteó un panorama general sobre la problemática y se analizaron las causas que generan la migración.

Uno de los temas fundamentales, apuntó, fue el referente a la gravedad de los secuestros y desapariciones de migrantes que se suscitan en México, pues son abusos que atentan contra sus derechos a la vida y a la libertad. Sin embargo, también se puso énfasis en no vincular exclusivamente el tema migratorio con esos delitos.

Si bien es una tragedia humana, era importante mencionar ante el relator que existen otras violaciones a las garantías, como la falta de acceso a la salud, a la identidad, al trabajo digno y equitativo y al libre tránsito, entre otras."

La activista aseguró que González manifestó mucho interés por los temas abordados en las reuniones, en particular cuando las ONG hablaron de la estación migratoria Siglo XXI, la más grande de América Latina, ubicada en Tapachula, Chiapas, donde las organizaciones han documentado abusos; por ejemplo, que no se da información sobre sus derechos a quienes son detenidos ahí y falta de servicios médicos. El relator, después de su visita a nuestro país, emitirá recomendaciones y un informe sobre el tema.

Las prácticas de control y regulación migratoria en la frontera sur, disfrazadas de una política migratoria en favor de los derechos humanos, han aumentado la condición de irregularidad y las rutas por las que los migrantes transitan. Al mismo tiempo aumentaron las posibilidades para que este sector y sus familias corran riesgos de robos, agresiones físicas, sexuales y sicológicas. De igual forma, extorsión, desapariciones forzadas, secuestros, intimidaciones y detenciones arbitrarias, que tienen como perpetradores o coadyuvantes, por acción u omisión, a autoridades adscritas a los tres órdenes de gobierno, resaltaron las organizaciones civiles.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó en un comunicado que personal del organismo acompaña la caravana Paso a paso hacia la paz, que recorre la ruta migrante por varias entidades de la República.

El organismo aseguró que verifica que el recorrido –en el que participan familiares de migrantes desaparecidos y defensores civiles— se lleve a cabo con respeto al libre tránsito, seguridad, dignidad y vida de las personas que participan.

Emir Olivares Alonso, La Jornada, 30 de julio.