CNDH tiene facultades de comisión de la verdad, afirma Pablo Gómez

Como parte de los compromisos que el Congreso asumió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, se investigarán las circunstancias en que han muerto 50 mil personas y desaparecido otras 10 mil en lo que va del sexenio de Felipe Calderón. Sólo falta definir qué organismo estará a cargo de esa tarea.

Sicilia y los integrantes del movimiento demandaron el pasado jueves, durante el encuentro en el alcázar de Chapultepec, que una comisión de la verdad y la reconciliación se encargue de esclarecer esas muertes y desapariciones, pero los legisladores, entre ellos el senador Pablo Gómez, del PRD, proponen que el encargo recaiga en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual tiene facultades para hacer la pesquisa.

La propuesta, en el Senado

El vicepresidente de la Comisión Permanente, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, coincide con Gómez, e incluso ya turnó al Senado la propuesta del perredista para que la CNDH, con base en las nuevas facultades que le otorgó la reciente reforma constitucional en la materia, se aboque a investigar las violaciones graves a los derechos humanos de quienes han muerto o desaparecido en el contexto de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado.

Gobernación está en contra del establecimiento de una comisión de la verdad, y lo ha expresado públicamente.

En el Congreso, sin embargo, aún no se define el asunto, como dejó claro el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, cuando expresó los compromisos del Legislativo con dicho movimiento, el pasado jueves: sí habrá un mecanismo que a modo, o como comisión de la verdad, se aboque a que cada víctima sea identificada, nombrada, personalizada y se llegue al fondo de sus circunstancias.

Sicilia advirtió a los integrantes del Congreso: es obligación de ustedes crear esta comisión de la verdad y de la reconciliación, como la creada en Colombia.

Una comisión, insistió, que haga valedero el derecho a la verdad, que establezca además con claridad cuáles de las víctimas cayeron en la guerra intestina del crimen organizado, quiénes fueron víctimas inocentes de la criminalidad y quiénes perdieron la vida a mano de las fuerzas de seguridad y en qué condiciones, trátese de delincuentes o de ciudadanos inocentes.

Esa comisión debe ser encabezada por ciudadanos independientes, de probada integridad moral y defensores de los derechos humanos. Pero creada oficialmente por el Poder Legislativo y dotada de recursos técnicos y financieros para sus funciones.

Pablo Gómez advirtió, sin embargo, que ninguna comisión tiene capacidad mayor para hacer una investigación de ese tipo que la CNDH, a la que el Congreso reforzó con nuevas atribuciones constitucionales, entre ellas la de investigar violaciones graves a los derechos humanos y llevar a cabo ante autoridades judiciales las acciones legales que resulten de esas indagatorias.

La reforma a la Carta Magna que entró en vigor el mes pasado señala que ninguna autoridad podrá negar a la CNDH la información que solicite, aun cuando esté reservada; en cambio, explicó Gómez, una comisión de la verdad tendría todos los obstáculos.

No podría, por dar algún ejemplo, meterse en las averiguaciones previas, ni inquirir al Ministerio Público para que le dé información de ciertas cosas que, de acuerdo con la ley, estarán reservadas mientras no se ejercite acción penal.

Además, las consecuencias jurídicas de una investigación hecha por la CNDH serían mucho más amplias que las de una comisión de la verdad integrada por personas que no forman parte del alto poder del Estado.

Integrante del movimiento estudiantil del 68, el senador Gómez consideró que quizá la agrupación que encabeza Sicilia no le tiene confianza a la CNDH; sin embargo, insistió, desde el punto de vista práctico, es esta comisión la que debe tomar en sus manos la investigación de las víctimas en este sexenio.

Mi propuesta, que espero se apruebe en el Senado, es que la CNDH vaya informando caso por caso y que no debamos esperar a que tenga un resumen final de los 50 mil muertos.

Además, recalcó, la propuesta incluye también la obligación de la comisión de dar a las víctimas, sus familiares o deudos, el derecho a participar en la investigación, para que ésta se lleve a cabo correctamente.

Andrea Becerril, La Jornada, 31 de julio.