La remoción de cónsul de Honduras, por denunciar “trata de personas” en Chiapas

El pasado 17 de junio, la cónsul hondureña en Tapachula, Chiapas, Patricia Villamil Perdomo, fue destituida por el gobierno de su país –luego de que éste fuera presionado por el de México– como represalia por haber denunciado una red de trata de mujeres que eran obligadas a prostituirse, lo cual demuestra el nivel de sumisión de la nación centroamericana.

Así lo denunció Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien lamentó que Tegucigalpa ceda a presiones políticas a costa de la seguridad de sus ciudadanos, y colabore en acallar las denuncias sobre los maltratos que sufren los indocumentados.

“Es indignante que una cónsul abandone el país por denunciar la trata de personas. Puso en entredicho al gobierno de Chiapas y obligó a las autoridades a aplicar operativos de rescate de migrantes, sobre todo hondureños, y como ‘premio’ la destituyeron”, deploró.

Villamil, quien se desempeñó como diplomática en Tapachula de septiembre de 2010 a junio de 2011, se enfrentó directamente a las presiones de los gobiernos de México y Honduras tras denunciar que agentes del Instituto Nacional de Migración estaban involucrados en una red de explotación sexual de mujeres y niñas hondureñas.

Como consecuencia, empezó a ser amenazada y extorsionada, y unas semanas después las autoridades de su país decidieron relevarla del cargo. “Ella se sentía indignada y molesta, porque estaba haciendo un buen trabajo. El gobierno hondureño se muestra sumiso ante México y ayuda a maquillar la realidad”.

El de Patricia Villamil, desgraciadamente, no es el único caso de un diplomático que es orillado a renunciar por cumplir su trabajo, acusó Figueroa. Una muestra de ello es que la ex cónsul salvadoreña en Arriaga, Chiapas, Vilma Mendoza, también fue removida luego de que denunció un plagio masivo de migrantes en la localidad oaxaqueña de Chahuites.

“Lamentamos que se trate de acallar a quienes previenen la trata de personas y los secuestros. La intención de los gobiernos de México y Centroamérica es silenciar todas las voces que los denuncian y coartar el trabajo de los defensores de derechos humanos”, indicó el activista.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 1º de julio.