Quería participar en la casilla

A Paola le cancelaron su nombramiento como funcionaria de casilla en la elección de este domingo en el Estado de México. Su dificultad para comunicarse y el respirar con la boca abierta —únicos rasgos de su discapacidad intelectual— fueron razones suficientes para no estar al frente de una mesa directiva en Texcoco.

En abril una joven instructora del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llamó a la casa de la familia González Bautista.

Buscaba a Paola y Gilda González Bautista de 27 y 29 años, respectivamente, para entregarles sus cartas para “asistir a un curso de una hora, en el centro de capacitación”.

Habían sido nombradas como funcionarias de casilla para participar en la elección de gobernador estatal.

—¡No sabía que eran sus hijas! —dijo la instructora del IEEM cuando Hilda Bautista, madre de las jóvenes, abrió la puerta, en compañía de su “inseparable” Paola.

La representante del instituto se limitó a entregar a la señora los documentos que indicaban que sus hijas habían sido elegidas funcionarias.

La instructora planteó: ¿Qué tiene su hija, señora?

—Discapacidad intelectual —respondió Hilda.

La instructora tachó el número que le habían asignado, argumentando que la joven “no era capaz” de realizar las tareas de funcionaria.

“Simplemente excluyó a mi hija de esa posibilidad sin siquiera preguntar si sería capaz de hacer el trabajo que se le hubiera asignado. Por ejemplo, podría aplicar la tinta en los pulgares de los votantes, o cualquier otra función, pero le negaron toda posibilidad”.

La señora Hilda percibió que su hija ya era discriminada. La instructora no supo argumentar, dijo que volvería con una respuesta, pero no lo hizo.

Durante el proceso del parto, Paola “se estaba asfixiando”. La tardía intervención de los médicos provocó que al cerebro de la pequeña le faltara oxígeno, por ello la joven tiene problemas para respirar; además presenta dificultades en el lenguaje. “No logra expresar correctamente sus ideas. Soy su traductora”, se atribuye Hilda.

La señora Hilda Bautista interpuso una queja en el Centro Nacional de Capacitación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Confe).

Se requiere información

Gabriela Martínez, directora del Movimiento Asociativo de ese centro, dice que en el Estado de México no hay una ley de apoyo e inclusión para las más de 600 mil personas con discapacidad. “Hace falta una ley estatal para personas con discapacidad, y que ésta sea coincidente con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”.

Para quienes tienen discapacidad intelectual se requiere información en lectura accesible, con textos concretos y de fácil comprensión; y que puedan acudir a la casilla con un facilitador que les explique el procedimiento para que la persona emita su voto.

Adriana Sierra Cano debió esperar cinco años para tener una segunda oportunidad que le permitiera votar.

En julio del 2006, animada por la elección presidencial, Adriana y su padre acudieron, con credencial en mano, a uno de los módulos ubicados en Huixquilucan. Cuando el funcionario de casilla vio a la mujer acercarse lento, del brazo del hombre para evitar caer, fue atento a las palabras “entrecortadas” que ella balbució. Sin embargo, no le permitió votar “por su discapacidad”.

Adriana es parte de los más de 10.5 millones de mexiquenses integrados al padrón estatal que cuentan con su credencial, de asistir a las urnas mañana domingo y manifiesta que su interés por votar es para que los políticos “nos apoyen y se mejoren las leyes para que nuestros derechos sean respetados y no nos maltraten”.

Jesús Sotelo relata que su mamá lo motivó a participar en estas elecciones y aunque ella le ha sugerido votar por un candidato en específico, él lo hará “por otro”. Nunca dice por quién. Sabe que el voto es secreto.


Nurit Martínez y Cristina Pérez Stadelmann, El Universal, 2 de julio.