Ley de seguridad, licencia para violar derechos de presuntos criminales, afirma Ruperto Patiño

Al analizar el dictamen de reforma a la ley de seguridad nacional, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ruperto Patiño, planteó que de aprobarse se constituiría en una especie de ley del enemigo, que distinguiría a los delincuentes ordinarios de los que son considerados enemigos y que no se les respetarían sus derechos humanos. Esto es muy grave, porque los derechos humanos son imprescriptibles, son no discriminatorios. Son omnicomprensivos, universales, inalienables para todos. En materia de derechos humanos no podemos hacer distingos: que a quien es más malo no se le apliquen las garantías que a todos los demás, expresó. Por su parte, y al continuar su participación en el foro Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, justicia para todos, el juez Baltasar Garzón expresó que si bien entre los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas está la consolidación de los derechos humanos hoy se vive una especie de banalización del concepto; un uso demasiado abusivo, por defecto y por exceso. Al referirse al caso de México, Garzón consideró que no se puede ofrecer una solución si no se profundiza en las verdaderas causas, y si no se considera que cualquier política de seguridad para que sea respetuosa de los derechos humanos debe involucrar a los ciudadanos en su elaboración. En la mesa Derechos humanos, de dicho foro, organizado por la Cámara de Diputados, Ruperto Patiño insistió en que si los legisladores aprueban la ley de seguridad nacional “se justificará, desde luego, la ‘guerra’, una guerra que todos entendemos de origen está perdida, porque no es declarándole la guerra a los delincuentes como se resolverá” la inseguridad. También, la fiscal de la Audiencia Nacional de España, María Dolores Delgado, reforzó la postura del funcionario de la UNAM. “El derecho penal del enemigo, del que hablaba el doctor Patiño, pasa –en el derecho penal sustantivo– por un aumento de los tipos penales, un aumento de la incriminación de conductas. Hay un sentimiento de revancha de la ciudadanía hacia una situación crítica de violencia o del crimen organizado generalizado”, definió. Y, agregó, desde el derecho penal procesal se pide una limitación de garantías, un aumento del secreto y de la prisión provisional, al intentar detener al crimen mediante una limitación de los derechos humanos. La fiscal contra el terrorismo afirmó que cuando se utiliza el concepto de guerra, combate o lucha contra la delincuencia, lo que el Estado hace es replegarse ante el crimen, porque cede en sus valores seculares y además entra en una espiral de violencia, porque los crímenes de Estado y los de la violencia se van justificando, y la consecuencia gravísima es un aumento de la inseguridad ciudadana. Cuando el Estado responde con más violencia se percibe mayor inseguridad. Al respecto, la diputada Enoé Uranga planteó que para el gobierno de Felipe Calderón el grado de maldad del perseguido justifica el grado en el que se tuerce la ley. Expuso que en el debate sobre la seguridad nacional pretende utilizarse este concepto como herramienta de protección de intereses económicos y políticos, cuando la discusión debía centrarse en garantizar la seguridad humana, que no se refiere a un término militar ni defensivo, sino de solidaridad con la gente y para dar a las personas seguridad contra amenazas violentas o no. Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 31 de agosto.