Profunda división en el IFE a un mes del proceso para 2012

Cuando falta poco más de un mes para que arranque el proceso de 2012, el Instituto Federal Electoral (IFE) suma a la sistemática campaña de los medios electrónicos en su contra, inconformes con el modelo de comunicación política, su más profunda división interna desde que se renovó el Consejo General. Cada vez son más estridentes los diferendos entre los consejeros en decisiones encaminadas hacia los comicios del próximo año.

Las ásperas discusiones entre el consejero presidente Leonardo Valdés y el consejero Marco Antonio Baños, en la pasada sesión del Consejo General, sólo fueron la expresión pública de la división creciente donde, para quienes se oponen a la conducción de Valdés, éste parece haber abandonado el consenso como eje de la construcción de las decisiones.

Las diferencias han repercutido en decisiones de cara a las elecciones, como la imposibilidad de designar al director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE), que tiene ya 10 meses sin titular. La disputa se potencia por la ausencia de tres consejeros que debieron ser designados desde noviembre del año pasado por la Cámara de Diputados pues, por primera vez en la historia del IFE, pueden generarse empates entre los seis consejeros que integran el órgano, sin que la legislación prevea esquemas de desempate.

Recientemente, ante esta coyuntura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó un esquema de desempate sólo para los procesos especiales sancionadores. En el resto de las decisiones –como ocurrió el jueves con el empate en torno a la designación de Manuel Mendoza como director del RFE– el resultado es la indefinición.

Por lo pronto, tras 10 meses de que Valdés solicitó la renuncia del ex titular de esa área, ha sido imposible designar un nuevo responsable y, paradójicamente, su procesamiento ha sido el origen del resquebrajamiento de la unidad interna.

Valdés cuenta con el respaldo del consejero Benito Nacif, quien se ha convertido en un apoyo sistemático. Las coincidencias con el consejero Alfredo Figueroa, particularmente en los temas relacionados con los medios electrónicos, le representa un respaldo en la mayoría de las decisiones, en tanto Macarita Elizondo suele votar con Valdés en muchos casos, pero se ha convertido en clave para aprobar o rechazar propuestas del consejero presidente, como ocurrió con la designación de Mendoza, pues su rechazo valió que se cayera la designación.

En el otro caso se encuentran los consejeros Francisco Guerrero y Baños, quienes han representado creciente oposición a la conducción de Valdés. Las periódicas reuniones entre consejeros se realizan sin su concurso, como expresión de molestia. Se rompió la confianza tras la negativa de Valdés de ratificar su ofrecimiento de designar a Eduardo Rojas –cercano a Guerrero– como director del RFE, y quien sólo duró ocho meses como encargado.

La polémica designación colocó a Valdés en la disyuntiva de la ruptura con ambos consejeros o enfrentar las descalificaciones de PAN y PRD contra Rojas, a quien consideraban demasiado cercano al priísmo para ocupar un sitio clave.

Por otra parte, uno de los ámbitos de mayor desgaste en el IFE es su conflictiva relación con los medios electrónicos. Desde la entrada en vigor de la más reciente reforma electoral, la aplicación del nuevo modelo ha confrontado al instituto con los concesionarios de radio y televisión, pero, más allá de esas diferencias, recientemente fue otro flanco interno tras la aprobación del reglamento para reducir los plazos de entrega y transmisión de promocionales.

En medio de una andanada de críticas de los medios electrónicos contra el IFE, los concesionarios encontraron en Guerrero una cuña interna para descalificar la decisión del organismo. Sus argumentos encontraron eco en ese consejero, quien renunció a la presidencia de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos por la decisión de reducirles los plazos.

En el más reciente desencuentro interno, Leonardo Valdés insistió en la viabilidad financiera de adquirir un equipo de portaurnas, lo que a decir del consejero Marco Antonio Baños es contrario a la determinación colegiada de cancelar el proyecto por oneroso. Sin embargo, se impuso la decisión del persidente.

Alonso Urrutia, La Jornada, 29 de agosto.