Paran, por ahora, ley de Alabama

NUEVA YORK.- Una jueza federal de Estados Unidos suspendió ayer, de manera temporal, la implementación de la ley antiinmigrante HB 56 de Alabama, al afirmar que necesita más tiempo para evaluar las demandas presentadas en contra de la legislación por el Departamento de Justicia, activistas y organismos defensores de los derechos civiles.

En un escrito de dos páginas, la jueza Sharon Blackburn suspendió la puesta en marcha de la controvertida ley, la más severa contra los inmigrantes aprobada hasta ahora por un gobierno estatal, hasta el próximo 28 de septiembre, cuando emitirá un fallo en respuesta a las demandas.

La ley aprobada por Alabama, cuya entrada en vigor estaba prevista para este jueves, autoriza a la Policía estatal a verificar el estatus migratorio de una persona ante la sospecha de que se trata de un inmigrante indocumentado, igual que otras similares aprobadas en Arizona, Indiana, Georgia y Utah.

No obstante, incluye medidas mucho más profundas en contra los inmigrantes, como permitir a las autoridades que controlen el estatus migratorio de los estudiantes en las escuelas y convertir en delito transportar a indocumentados en coche o alojarlos en una casa.

Unas disposiciones por las que ayer, en un duro editorial, el New York Times calificó a la HB 56 de Alabama como la ley más cruel con los inmigrantes de toda la nación.

El Departamento de Justicia presentó una demanda en contra de dicha ley alegando que, con ella, el estado de Alabama usurpa competencias migratorias del Gobierno federal.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) y organizaciones defensoras de los inmigrantes solicitaron también a la justicia que se bloquee la implementación de la norma.

"Estamos satisfechos con que la jueza se tome más tiempo para estudiar el caso", dijo ayer Isabel Rubio, directora ejecutiva de la Coalición para los Intereses de los Hispanos de Alabama, una de las organizaciones demandantes.

Hasta el momento, la Justicia ha frenado la aplicación de las medidas más controvertidas de las leyes antiinmigrantes aprobadas por otros estados, argumentando que la responsabilidad de desarrollar y ejecutar normas migratorias es del Gobierno federal y no de los estados.

Pero la incapacidad de la Casa Blanca para lograr que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral que resuelva la situación de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, la mitad de ellos mexicanos, ha llevado a varios estados a implementar sus propias leyes.

El Gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley, y legisladores de su partido dijeron que continuarán defendiendo la ley y se mostraron satisfechos de que la jueza haya postergado la decisión, en vez de bloquear la ley antes de que se implementara.

"Seguiré luchando para defender esta ley contra cualquier desafío", advirtió Bentley.

"Debemos recordar que la decisión es simplemente el primer round de lo que promete ser una pelea judicial larga sobre los derechos de Alabama de proteger sus fronteras", dijo Mick Hammon, líder republicano en la Cámara de Representantes de la Legislatura estatal.

Se espera que la batalla legal por las leyes antiinmigrantes termine en la Corte Suprema.




Le llueven críticas

La HB 56 de Alabama, considerada la ley más dura contra los inmigrantes en EU, ha sido cuestionada desde diferentes sectores.

- Defensores de los derechos civiles consideran que atenta contra derechos fundamentales, como el derecho de los niños de ir a la escuela, y expone a muchas personas al acoso y la discriminación racial.

- El Departamento de Justicia cree que con ella el estado invade competencias migratorias del Gobierno federal.

- Para líderes eclesiásticos, se trata de una ley inhumana que criminaliza actos propios de las personas cristianas, como la compasión, pues convierte en delito alojar o transportar en coche a un indocumentado.

- Autoridades judiciales temen que llene las cárceles y sobrecargue de burocracia a la justicia del estado.

- Responsables policiales dicen que la ley los expone a acusaciones de discriminación racial y, a su vez, permite que cualquier ciudadano denuncie a un funcionario si cree que no está haciendo cumplir la ley migratoria del estado.

Rafael Mathus Ruiz corresponsal, Reforma, 30 de agosto.