Respaldan 80 ONG del país acotamiento del fuero castrense

Ochenta organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país respaldaron la determinación de la Corte de acotar el fuero militar, “porque comenzarán a restablecerse los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”.

En contraste, la CNDH, que en teoría es la principal autoridad en la materia, omitió dar su postura sobre el asunto con el argumento de que el titular Raúl Plascencia Villanueva se encontraba de viaje.

Al emitir una postura conjunta, los organismos civiles coincidieron en que la resolución sienta las bases para que el Ejército y la Marina, hoy desplegados por todo el territorio nacional en tareas de seguridad pública, “rindan cuentas”.

Reprocharon “el intento por minimizar el dictamen” por parte del gobierno federal, que en un comunicado emitido la noche del martes y al que se sumaron la Semar y la Sedena, calificaron lo resuelto por la SCJN como simple “criterio orientador”.

El martes, en el análisis de la sentencia contra el Estado mexicano emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la Corte concluyó que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.

Entre las organizaciones firmantes están el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, FUNDAR: Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y más de 70 grupos que conforma la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

En conjunto, pidieron al Poder Judicial asegurarse a partir de ahora de que todos los casos en los cuales estén implicados militares como probables responsables de delitos o violaciones a derechos humanos sean remitidos al fuero federal.

Al Ejecutivo le solicitaron garantizar que las indagatorias de este tipo sean enviadas a la PGR.

“La falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar delitos cometidos por elementos castrenses, se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio de las víctimas, y en la impunidad, pues el fuero militar funciona en México como institución al servicio del encubrimiento”, afirmaron.

Los organismos urgieron al Congreso de la Unión a dictaminar las diversas iniciativas cuyo objetivo es reformar el Código de Justicia Militar, pero “atendiendo la resolución de la Corte, las sentencias de la CIDH y las diversas recomendaciones emitidas por instancias internacionales”.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 14 de julio.