Retoma SCJN casos de violaciones a DH

Casos de mujeres violadas, de hombres torturados o asesinados y de familias acribilladas por militares serán retomados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para crear jurisprudencia sobre la inoperancia del fuero militar en delitos o violaciones a derechos humanos contra civiles.

La ministra Olga Sánchez Cordero refutó la posición del gobierno federal, de la Sedena y de la Marina en el sentido de que lo resuelto el martes en el Alto Tribunal sólo era un criterio orientador y adelantó que si las autoridades involucradas desacatan la determinación de la Corte “incurrirán en responsabilidades de carácter internacional”.

Para dar cumplimiento total a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y al artículo primero de la Constitución, la Corte decidió reasumir su competencia originaria en casos concretos.

El objetivo “es establecer criterios unificadores en la materia”.

Entre estos casos está el de la agresión militar a un vehículo que transitaba en la comunidad de Santiago los Caballeros, municipio sinaloense de Badiraguato, tras la cual resultaron muertos cuatro civiles, en marzo de 2008. La esposa de uno de los asesinados impugnó el fuero militar, pero en agosto de 2009 el Pleno de la SCJN desechó el amparo, aunque con los votos en contra de José Ramón Cossío, Sánchez Cordero y Genaro Góngora.

IndÍgenas. Otros de los asuntos a explorar son el de las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares en 2002, y el de la detención ilegal y tortura de los campesinos ecologistas Teodoro García y Rodolfo Montiel en 1999 (también de Guerrero).

“El tema de la obligatoriedad no se puede dar exclusivamente a partir del caso Radilla, porque existen otras condenas al Estado Mexicano: la de Fernández Ortega, la de Rosendo Cantú y una muy importante, la de Cabrera García y Montiel Flores”, refirió durante el análisis el ministro Arturo Zaldívar.

La ministra Sánchez Cordero reveló ayer algunos casos más de este año a resolverse con el nuevo criterio obligatorio, como el homicidio en Morelos del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana con la implicación de al menos dos militares, y el asesinato en Nuevo León del doctor Jorge Otilio Cantú, en el cual se ha corroborado hasta ahora la participación de siete efectivos del Ejército.

“A partir de ayer (martes) si hay algún conflicto competencial, la Corte tiene la oportunidad de asumir su competencia y resolver como lo mandata la Corte Interamericana, que cualquier violación por parte de militares a los derechos humanos de un civil serán vistos por tribunales ordinarios, no militares”.

Develó que hasta la semana pasada tribunales colegiados resolvieron asuntos competenciales a favor de tribunales castrenses, pero ahora deberá ser diferente.

Combate. Al rechazar la respuesta del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas, Sánchez Cordero dijo: “Definitivamente no son criterios orientadores sino el acatamiento a una sentencia de la Corte Interamericana… Sí se habló de criterios orientadores, pero en sentencias donde el Estado mexicano no es parte, pero en este caso no es así y entonces se tiene que acatar y quien no acate incurriría en una responsabilidad de carácter internacional”.

Señaló que las disposiciones de la CIDH obligan también al Poder Legislativo a hacer modificaciones legales y al Poder Ejecutivo a impulsar políticas públicas que conduzcan a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagradas en la Carta Magna.

Y enfatizó: “En términos prácticos la interpretación que nosotros ya tenemos..., de manera categórica, es que los militares serán juzgados por sus tribunales cuando sean delitos contra la disciplina militar, pero de ninguna manera podrán exceder su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército; cuando en un delito este implicado un paisano conocerá la autoridad civil”.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 14 de julio.